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El asesor legislativo Héctor Díaz Vanga mantuvo su contrato en la Cámara durante el tiempo que estuvo desaforado. (GFR Media)

El Tribunal Supremo restituyó al contratista de la Cámara de Representantes Héctor Díaz Vanga en la práctica de la profesión legal, pero al mismo tiempo reabrió la investigación de tres quejas que pesaban contra el letrado.

En una de las querellas presentadas contra Díaz Vanga, se menciona cómo el abogado ignoró llamadas telefónicas de una clienta que representaba en un caso de herencia. Incluso, cerró su oficina y se negó a entregarle el expediente del caso.

También, se le imputó ignorar peticiones de información de la Oficina del Procurador General para luego contestarlas fuera de término y no devolver los expedientes de sus casos a una querellante.

En un caso de divorcio, Díaz Vanga falló en emplazar a la otra parte, no acudió a las vistas, no mantuvo informado a su cliente sobre el avance del caso y tampoco le quiso entregar copia del expediente, en violación a una orden del Tribunal de Primera Instancia.

En una tercera querella, el perjudicado alegó que contrató a Díaz Vanga para someter una querella ante la Comisión Apelativa del Servicio Público contra el Municipio de Guaynabo. Finalmente, el caso fue archivado en 2018 por falta de trámite desde 2014.

La investigación de estas quejas había quedado en suspenso tras el desaforo de Díaz Vanga, el 14 de diciembre, “por ignorar las órdenes que le hemos dado con relación a los tres asuntos”, según el Supremo.

En la resolución del Tribunal Supremo, se alude a cómo se examinó una Moción de Cumplimiento de Orden presentada por Díaz Vanga el 22 de abril y que procede su reinstalación al ejercicio de la abogacía. Esa moción, explicó Daniel Rodríguez, portavoz de la Oficina de la Administración de los Tribunales, es confidencial.

El letrado mantuvo su contrato de asesoría legislativa por $72,000 con el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez mientras estuvo desaforado.


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