Ever Padilla Ruiz

Punto de Vista

Por Ever Padilla Ruiz
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Coronavirus: la población confinada también cuenta

Ha pasado más de un mes desde que la gobernadora emitió la primera Orden Ejecutiva que decreta el distanciamiento social. Han sido muchas las voces que han expresado sus preocupaciones por el impacto de estas medidas sobre las poblaciones en situación de vulnerabilidad, particularmente sobre las personas privadas de libertad.  Varios grupos de amigos y familiares de confinados, y organizaciones defensoras de los derechos de esta población, han expresado sus preocupaciones ante la limitada información que se tiene. 

En marzo, el secretario de Corrección y Rehabilitación aprobó tres protocolos para la prevención, atención y respuesta del COVID-19 en las instituciones de la agencia. Así mismo, el Medical Task Force COVID-19 creado por la gobernadora, anunció un protocolo con medidas de precaución para identificar posibles focos de contagio en las cárceles. El Plan para la identificación de personas con síntomas respiratorios en centros penitenciarios recomendado por el Medical Task Force fue acogido por el secretario de Corrección y Rehabilitación.  Recientemente, se ha anunciado la desinfección de las instituciones y adiestramientos al personal. También se ha anunciado la determinación de aislar los nuevos ingresos. Aunque reconocemos que sus acciones fueron muy acertadas, todavía quedan muchos asuntos que tienen que atenderse. 

La población confinada está cerca de las 8,600 personas. Este número varía de día en día. Es constante el movimiento de las personas que entran y salen del sistema. Es importante recordar que, además de las personas privadas de libertad, hay otro personal que interactúa a diario con estas poblaciones, lo que eleva de forma considerable el número de personas que podrían verse afectadas por esta pandemia en las cárceles. 

Mediante un comunicado de prensa, se informó que una oficial de custodia de Ponce resultó positiva a la prueba, al igual que una funcionaria del área de farmacia del Programa de Salud Correccional.  Conocemos muchas historias de confinados que han presentado síntomas, sin embargo, no les han realizado las pruebas. Quieran aceptarlo o no, ya el CODIV-19 está en el sistema carcelario.

No podemos olvidar que el sistema carcelario puertorriqueño ha sido foco de múltiples controversias a través de la historia. Todavía pesa sobre nuestros hombros la sindicatura del caso Morales Feliciano y la del monitor que continúa sobre los menores en instituciones juveniles

En la Comisión de Derechos Civiles, todos los días, recibimos querellas sobre las condiciones del confinamiento, la falta de acceso a servicios y alegaciones de arbitrariedad en la interpretación de las normas de la agencia por parte de algunas personas a cargo de las instituciones. En muchas de las querellas que nos llegan se plantean problemas con los alimentos, horarios de entrega; la falta de productos disponibles en las comisarías, falta de acceso a servicios de rehabilitación y la limitación para establecer comunicaciones con los familiares de la población carcelaria. También son conocidos los graves problemas de salud mental de esta población. 

Un aspecto que ha surgido durante esta crisis, en la que se han agravado las condiciones del confinamiento en tiempos normales, es la alegación de que en las intervenciones que realizan los oficiales correccionales, estos no tienen los equipos personales de protección necesarios. Es la oficialidad la que entra y sale del sistema y quien, según los confinados, por voces de sus familiares, pueden contagiar a la población. Otros nos informan que no hay suficientes productos de higiene para asegurar los espacios descontaminados en las celdas. Lamentablemente, las interrogantes que le hemos planteado al secretario y a sus colaboradores cercanos no han sido atendidas. Llama nuestra atención que la información sobre las acciones de la agencia nos llega a través de publicaciones en las redes sociales. 

Quedan muchos asuntos por atender. Sin embargo, nos parece que para abordar eficazmente el COVID-19 en las cárceles deben comenzar con establecer canales de comunicación formal con la ciudadanía, con la población penal, con sus familiares y con el personal de la agencia. Hay muchas personas interesadas en ayudar. Hay muchas ideas y alternativas sobre la mesa, pero lamentablemente no tienen atención de los funcionarios de la agencia.

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