Grace Santana

Tribuna Invitada

Por Grace Santana
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El orden en la Junta

Habiendo quedado Puerto Rico fuera de los mercados de capital y al no tener acceso a una ley de quiebras, el gobierno y la mayoría de sus instrumentalidades se quedaron sin efectivo para pagar las deudas según pactadas y al mismo tiempo continuar proveyendo servicios esenciales a la ciudadanía. Así lo demostraron los estados financieros e informes preparados por peritos externos de reconocimiento mundial.

El riesgo inmediato de quedarnos sin dinero era la avalancha de litigios que el impago representaría. Los acreedores correrían a los tribunales y el gobierno no tendría el efectivo suficiente para pagar sus reclamaciones, ni los costos asociados a los pleitos.

Los casos consumirían tiempo y dinero e impedirían que los oficiales del gobierno se enfocasen en establecer un plan fiscal efectivo y en negociar la deuda con los acreedores. En ese caos, se podrían embargar nuestras cuentas redundando ello en que no tendríamos dinero para mantener policías en las calles, maestros en las escuelas y enfermeras en los hospitales.

Ante esa crisis de liquidez y previendo que tarde o temprano nos veríamos forzados a incumplir con los pagos de gran parte de la deuda financiera, acudimos al Congreso a pedir las herramientas que nos permitieran reducir la deuda de una manera ordenada.

Sobre el particular, todo proceso de quiebras provee tres herramientas fundamentales: (1) una paralización automática de las reclamaciones de los acreedores; (2) un plan viable de reorganización financiera; y (3) la facultad para obligar a un acreedor que decide no aceptar los acuerdos de la mayoría y opta por entorpecer la reestructuración a cambio de un trato preferencial.

Sin que Puerto Rico cuente con esas tres herramientas, en especial la primera, no se puede aspirar a una recuperación fiscal en el futuro cercano. Si entretanto no detenemos las reclamaciones todos perdemos, porque los acreedores que llegan primero a los tribunales se reparten los activos disponibles en menoscabo de todas las demás partes interesadas, incluyendo otros acreedores. Por todas estas razones, lo primero que le pedimos al Congreso fue una moratoria de las demandas.

El año pasado, mientras el Congreso consideraba la aprobación del “Omnibus Bill”, el Gobernador consiguió que la líder demócrata Nancy Pelosi y la Senadora Elizabeth Warren presentaran legislación para paralizar las demandas durante 90 días. Si bien esa legislación no fue aprobada, su discusión sirvió para que el “speaker” de la Cámara Paul Ryan se comprometiera a atender el tema de Puerto Rico durante el primer trimestre de 2016. De hecho, PROMESA establece que la paralización automática de las demandas se retrotrae precisamente a diciembre de 2015, fecha en que el Gobernador estuvo activo en el Congreso buscando que se legislara la moratoria.

Más adelante, en enero, la senadora Warren –profesora de quiebras de la escuela de derecho de la Universidad de Harvard– promovió legislación para viabilizar la paralización de demandas por acreedores contra Puerto Rico. Desde entonces, hemos logrado mantener la provisión de servicios esenciales implementando medidas de emergencia, incluyendo la aprobación de la Ley de Moratoria y la emisión de múltiples órdenes ejecutivas para manejar el poco efectivo que nos queda, bajo los controles más estrictos.

Con la aprobación de PROMESA, en tanto permite la reestructuración de toda la deuda y pone un detente a las demandas de los acreedores, comienza finalmente un proceso ordenado para la recuperación de Puerto Rico. De acuerdo a la ley, le corresponde al Gobernador, en coordinación con la Junta de Supervisión, establecer un plan fiscal y lograr presupuestos balanceados que se ajusten al mismo. Ahora bien, para que la Junta pueda evaluar los retos fiscales del país en su justa perspectiva y para que el equipo fiscal del gobierno trabaje en un plan fiscal abarcador, que incluya entre otros muchos factores garantías a nuestros pensionados, tiene que haber una paralización de las demandas.

No podemos enfrentarnos a reclamaciones silvestres de acreedores buscando beneficiar exclusivamente a los más agresivos en perjuicio de los acreedores menos sofisticados, que incluyen los puertorriqueños que han invertido en Puerto Rico. Máxime, cuando gran parte de nuestra deuda pública está en manos de fondos buitres que tratan de exprimir los pocos recursos públicos en detrimento del bienestar del pueblo puertorriqueño.

Al presente, nos defendemos de múltiples demandas y peticiones de acreedores que pretenden destruir la protección de paralización de demandas que ordena PROMESA.

En el orden de las cosas, para que la Junta haga valer su jurisdicción y el propósito central de PROMESA debe intervenir en los litigios a la brevedad en aras de procurar una reestructuración de la deuda de manera integral y ordenada. No debe permitir que ese proceso quede tronchado antes de que comience.

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