James L. Rivera Velázquez

Punto de Vista

Por James L. Rivera Velázquez
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Retroactividad con prisa

A casi 68 años de aprobada la Constitución de Puerto Rico y el requisito para que en procesos por delito grave se emitieran veredictos por mayoría de votos, ahí están, legislando la retroactividad de la unanimidad con prisa.

Durante todo ese tiempo ningún legislador de las diferentes facciones político-partidistas y mucho menos los recién llegados independientes, presentaron una sola propuesta legislativa para cambiar los veredictos a la unanimidad.

Solo los abogados de defensa lo hicieron, pero no prevalecieron. Tampoco fueron escuchados por los que ahora pretenden atender el asunto de forma retroactiva y a la ligera. Pero, ¿por qué atenderlo ahora con tanta prisa?

De las determinaciones de Ramos v. Louisiana, 590 U.S. (2020) y Pueblo vs. Tomás Torres Rivera CC-2019-0916 ha surgido una norma constitucional que exige, bajo la Decimocuarta Enmienda, que toda condena estatal en casos por jurado cuente con un veredicto unánime.

La Cámara de Representantes inició vistas públicas para un proyecto del Senado que promueve dos enmiendas a las Reglas de Procedimiento Criminal de Puerto Rico con el fin de hacer retroactiva la obligatoriedad de los veredictos unánimes, aun cuando la sentencia advino final y firme.

Esto no se trata de quién es el que más aboga por los confinados, ni de quién ha visto más juicios. Se trata de lograr un balance para convictos, víctimas, abogados de defensa y fiscales.

La última vez que la Asamblea Legislativa trató de hacer cambios de esta envergadura lo hizo para limitar el derecho a la fianza y el pueblo la rechazó en un plebiscito. 

También aprobaron leyes desfavorables para empleados públicos del procesamiento criminal, como los del Negociado de Ciencias Forenses y policías.

Al examinar el Diario de Sesiones de la Convención Constituyente confirmamos que los redactores de la Constitución delegaron en la Rama Judicial, la única a la que se le exige experiencia y preparación académica para ocupar su puesto, la facultad de adoptar las reglas de evidencia, procesamiento civil y criminal.

Dicho mandato detalla la forma en que esas reglas deben ser adoptadas y dispone que serán remitidas a la Asamblea Legislativa al comienzo de su próxima sesión ordinaria. Estas regirán sesenta días después de la terminación de dicha sesión, salvo la desaprobación de la asamblea, porque tienen la facultad para enmendar, derogar o complementar cualquiera de las reglas, mas no para crearlas.

En evidencia de dicho orden, nuestro Tribunal Supremo emitió recientemente la Resolución (ER-2020-03) In re: Sesión Especial del Tribunal Supremo de Puerto Rico sobre el Proyecto de Reglas de Procedimiento Criminal de 2018. Ahí hacen constar que tienen ante sí examinar detenidamente el Proyecto de Reglas revisado que suscribió su comité asesor.

Es decir, pronto se darán a conocer las nuevas Reglas de Procedimiento Criminal conforme dispone nuestra Constitución y posteriormente la Asamblea Legislativa tendrá su oportunidad para realizar cambios.

Quizás la prisa responde a intereses político-partidistas, porque si el Tribunal Supremo envía sus reglas hoy, será la próxima Asamblea Legislativa la llamada a hacerle enmiendas y no esta. ¿Será por eso que estamos buscando la retroactividad a la prisa?

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