Noel Zamot

Tribuna Invitada

Por Noel Zamot
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Transparencia para reconstruir a Puerto Rico

El lunes, 22 de julio de 2019, fue histórico para Puerto Rico. Según varios estimados, un millón de ciudadanos —efectivamente un tercio de la población de la isla— marcharon para exigir la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló. Alentados e inspirados por un mundo que los observaba mientras reclamaban sus derechos ciudadanos, cientos de miles de personas marcharon alrededor de la isla, apoyadas por celebridades de todo el espectro político. Detrás de estos actos de compromiso civil se encuentra una verdad aún más poderosa: los ciudadanos americanos en Puerto Rico considerarán siempre a su gobierno responsable de sus acciones y los resultados de estas.

No sé cuál es el futuro que le depara al gobernador, pero me consta que la planificación para el futuro de Puerto Rico debe comenzar ahora. Y cada vez más es obvio que la solución a largo plazo para Puerto Rico se debe fundamentar en la transparencia radical. El escándalo del “TelegramGate”, los arrestos recientes del FBI y la renuncia en masa de funcionarios de la administración, han paralizado esencialmente la actividad económica en la administración de Rosselló. Se oyen rumores generalizados sobre la pobre moral en las agencias, así como de empleados de gobierno que apoyan a sus compueblanos en su reclamo por un mejor futuro para la isla. La transparencia radical ofrece la única manera para recobrar la confianza en el gobierno, y la única forma de asegurar que los recursos se obtengan, otorguen e implementen de manera apropiada.

Desafortunadamente, las iniciativas locales anticorrupción y de transparencia caen en oídos sordos en Washington. Estas iniciativas se han rechazado sin consideración alguna por una administración en Washington que sufre de “fatiga puertorriqueña”. Como dijo un oficial senior de un comité del Congreso: “la definición de la locura es tratar de hacer lo mismo, pero esperando un resultado diferente”.

Es poco decir que el gobierno de Puerto Rico ha perdido TODA credibilidad en Washington DC. No he conversado con un solo empleado, miembro de Congreso, funcionario electo o de carrera que depositaría su confianza en alguna iniciativa que la actual administración local impulse. Por lo tanto, es razonable esperar que —al menos a corto plazo— la transparencia será impuesta al gobierno de Puerto Rico. Quizás esto pruebe ser una acción dura, incómoda o insultante, pero no debe sorprender tras años de escándalos, corrupción y chanchullos ocultos.

En Washington, mucho se ha discutido sobre QUÉ hacer diferente. Todos parecen estar de acuerdo en que alcanzar niveles de transparencia sin precedentes debe ser la primera condición para asegurar fondos federales. Las iniciativas de transparencia implementadas a través de un coordinador federal o de directivas de la propia agencia federal, atadas a proyectos de leypara obtener fondos, ganan terreno. Tan reciente como ayer, en una entrevista desafortunada, Rosselló mencionó que el gobierno de Puerto Rico le daría la bienvenida a este tipo de supervisión federal. Puede que su deseo se haga realidad, pero a un costo que el gobernador quizás no comprenda completamente.

En las próximas semanas compartiré ideas adicionales (muchas provistas por ciudadanos preocupados) para inyectar mayor transparencia a través del gobierno de Puerto Rico. Empezaremos ahora con unos cambios simples al proceso de obtención de fondos que sonarán obvios para todo aquel que ha trabajado en el gobierno federal, pero que quizás parecerán increíbles en Puerto Rico.

Primero, hagan públicas todas las solicitudes de propuesta (RFP, en inglés) y eliminen las solicitudes de cualificación (RFQ). Muchos dirán que la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico, la Oficina de Recuperación y Construcción (COR3) y otras instrumentalidades ya lo hacen. No obstante, las noticias y arrestos del FBI en las pasadas semanas sugieren lo contrario. No se puede negar que varios contratos son otorgados sin el insumo público y bajo la dirección de “consultores” sospechosos. Remover los RFQs eliminaría un paso costoso, que no añade valor, y que solo sirve para excluir a compañías que eligen no “invertir” en “consultores altamente cualificados”.

Segundo, haz que los criterios de evaluación estén disponibles para el público. Resulta sorprendente leer algunos de los criterios de evaluación para contratos gubernamentales. A veces, estos documentos están escritos como si el gobierno ni siquiera tratara de ocultar que el dinero del contrato ha sido otorgado antes de que las demás propuestas fueran evaluadas. Los criterios de evaluación basados en las mejores prácticas —tales como el proveedor que brinde el mejor valor, el precio más bajo o alguna otra compensación— deben estar claramente delineados para que el público pueda discernir si la otorgación de un contrato es apropiada. Por ejemplo, los contratos de suplido de combustible en la AEE deben ser evaluados exclusivamente a base del precio, no de criterios inventados que solo sirven para habilitar a “proveedores preferidos”.

Tercero, haz que las juntas a cargo de las otorgaciones de contratos sean públicas, incluyendo a los miembros, agendas y decisiones hechas­. Una de las quejas más comunes de parte de inversionistas y dueños de proyectos es la expectativa de que para ganar un contrato, tienes que “comprar” los servicios de un consultor que, a su vez, le dará instrucciones a alguien conectado a La Fortaleza sobre quién obtendrá el contrato. Hacer que las juntas de selección sean altamente visibles —sin excepción de proyectos que usen fondos federales— es un paso en la dirección correcta. Los miembros de la junta asumirían responsabilidad ante el público, estarían forzados a seguir criterios de evaluación previamente publicados, y obligados a evaluar TODAS las solicitudes —no meramente aquellas que han sido “preseleccionadas” por un proceso de RFQ que es cuestionable y representa una duplicidad de esfuerzos. 

Ninguna de estas propuestas representa un descenso a un “gobierno de turbas”. Al contrario, aseguraría que el gobierno sea públicamente responsable, y que toda acción de solicitud de fondos pagados por impuestos sea visible para el contribuyente. Algunos dirán que el gobierno de Puerto Rico ha establecido mecanismos similares, pero la dura verdad es que nadie confía que el gobierno maneja estos procesos de manera apropiada.

Hasta que el gobierno de Puerto Rico pueda recobrar la confianza de la comunidad internacional, estas iniciativas deben ser llevadas a cabo por entes independientes. Quizás esto no parezca justo para una nueva generación de líderes políticos que ostente el poder, pero debemos lidiar con el mundo como es, no como queremos que sea. La cruda realidad es que ninguna iniciativa de transparencia o anticorrupción que venga del gobierno de Puerto Rico será tomada en serio, ya sea por Washington o el resto del mundo. Puerto Rico tiene ante sí varios años difíciles para poder reconstruir su reputación.

En medio de la crisis política actual, todavía recibo llamadas exasperadas de colegas, inversionistas y dueños de proyectos sobre nuevos intentos de corrupción por parte de personas (presuntamente) cercanas al gobierno. Estas llamadas frecuentemente asumen la forma de “recomendaciones” para “consultores altamente cualificados” que “juegan para ambos bandos”, así como “donativos” para “asegurar” que los créditos “se otorguen sin demora”, o reclamaciones para que “se envíen contratos” a la entidad indicada. 

El caos engendra oportunidades, pero también produce desesperación en aquellos que todavía creen que pueden extraer riqueza del tesoro gubernamental que se desvanece rápidamente. Que esto le hace daño a la isla es poco decir. Debemos exigir, darle la bienvenida y adoptar las iniciativas inevitables de transparencia si queremos tener alguna esperanza de reconstruir la economía. El camino no será fácil, pero nuestros nietos nos lo agradecerán.

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