Gerardo A. Carlo-Altieri

Punto de vista

Por Gerardo A. Carlo-Altieri
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Un paso de avance las reglas para emitir bonos

Decía Maynard Keynes que la habilidad de un economista estriba en lo que incluye en sus trabajos y en aquello que decide dejar afuera. El proyecto de ley sobre “Responsabilidad en la Emisión de Bonos”, enviado por la gobernadora Wanda Vázquez a la legislatura, intenta evitar las prácticas indeseables que causaron el colapso financiero. Es importante por lo que dice y por lo que deja de decir.

Aunque La Fortaleza negó que dicha legislación fuese requerida por la Junta de Supervisión Fiscal de Puerto Rico, la misma se inspira en el informe de Kobre & Kim (K&K) emitido por la Junta en agosto de 2018. En este, dicha firma trata de explicar cómo Puerto Rico logró endeudarse con $74,000 millones en bonos y $49,000 millones en obligaciones de Retiro, estando el gobierno insolvente y la economía en recesión.

K&K explica que, al finalizar el programa de exención contributiva federal en 2016, el gobierno no implantó un plan económico ni capitalizó el Retiro. En cambio, impuso arbitrios regresivos sobre ventas, acuerdos (“swaps”) para generar efectivo artificial y financiamientos deficitarios.

También se excluyeron las nuevas emisiones del cómputo de la deuda constitucional, con la anuencia del BGF, que fracasó en ejercer su responsabilidad dual de supervisar emisiones y actuar de prestamista.

K&K concluyó que la “tensión” entre dichas funciones afectó las decisiones del BGF, pero que los oficiales del banco y sus directores fueron “diligentes” y que la puerta giratoria entre puestos oficiales e industria privada no afectó sus decisiones.

Sobre la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) se concluye que “la política impactó directamente sus tarifas” y evitó la conversión energética de petróleo a gas natural.

K&K cita además actuaciones perjudiciales del gobierno, como el financiamiento deficitario y la refinanciación (“scoop and toss”) para evitar aumentos en electricidad por razones políticas.

Las casas acreditadoras y el BGF tampoco supervisaron el producto de las emisiones, resultando en usos no autorizados, aunque se concluye que dichos agentes no causaron la crisis financiera.

Al final, luego de eximir de responsabilidad a las casas de acreditación, oficiales del BGF, abogados, asesores y juntas, K&K concluye que fue debido a la reglamentación deficiente que los políticos pudieron afectar las decisiones del BGF.

Por otra parte, el Plan de Ajuste de Deuda del gobierno central radicado por la Junta ante el tribunal de Promesa en septiembre de 2019 también requiere una “Política de Manejo de Deuda” a ser aprobada por la Junta como parte de la descripción de los bonos nuevos que serán emitidos.

Los requisitos incluyen un depósito mensual del repago; emitir bonos solo para mejoras permanentes; límite de madurez a 30 años con repago comenzando en dos años y refinanciamientos limitados a incrementar el efectivo.

Además, se requiere al Secretariode Hacienda y a la Junta establecer un límite sobre los bonos nuevos, que puede basarse en certificaciones de agencias. A su vez, el proyecto de Responsabilidad de la gobernadora delega el establecer la política sobre deuda y el computo del límite en la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal.

Ambas clausulas insertan la política partidista, lo que podría resultar en intervenciones indebidas, parecidas a las que afectaron las decisiones del BGF en la emisión de bonos.

El proyecto sobre las emisiones de deuda futura podría mejorarse, porque no cumple con todos los señalamientos del informe de K&K y duplica el Plan de Ajuste de Deuda y las cláusulas constitucionales sobre la deuda.

Algunos detractores dirán que el proyecto es innecesario y que solo sirve para apoyar a la Junta de Supervisión Fiscal en su empeño de conseguir la confirmación judicial del Plan de Ajuste de Deuda, por encima de las opiniones de economistas y otros grupos disidentes afectados.

Sin embargo, es un paso inicial para mejorar la imagen desprestigiada que tiene la administración fiscal de la Isla y merece ser considerado por la legislatura.

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