La Habana - El anteproyecto de nueva Constitución que prepara Cuba para someter a consulta popular próximamente, incluye menciones directas a las iniciativas privadas y a la inversión extranjera como fuente de desarrollo económico, un hito en el país, a la vez que ratifica el carácter socialista del Estado y propone la inclusión de la figura de un primer ministro en la estructura gubernamental.
El pasado 2 de junio se creó un comité, bajo la dirección del expresidente y primer secretario del Partido Comunista de Cuba (PCC), Raúl Castro Ruz, para la reforma constitucional, el cual determinó la redacción de una nueva Carta Magna, que susitutirá a la refrendada en 1976, la cual, a su vez, sufrió modificaciones en 1992 y 2002.
El grupo de trabajo, compuesto por 33 diputados y del cual también forma parte el presidente Miguel Díaz-Canel, determinó que el nuevo documento constará de un preámbulo y 224 artículos, divididos en 11 títulos, 24 capítulos y 16 secciones.
El periódico Granma, órgano oficial del PCC y principal medio de comunicación cubano, publicó hoy un extenso artículo en el cual revela los aspectos principales de la nueva Constitución, la cual será presentada a la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) entre el 21 y 23 de julio, para luego ser sometido a discusión popular y referéndum para su ratificación definitiva.
La propuesta ratifica el carácter socialista de Cuba como modelo político y social, así como al PCC y el monopartido como figuras cimeras de la dirigencia del Estado, aunque abre los horizontes de las iniciativas privadas a rango constitucional.
“Los fundamentos políticos del Estado socialista y revolucionario permanecen invariables y se incorporan dentro de sus fines esenciales, entre otros, la promoción de un desarrollo sostenible que asegure la prosperidad individual y colectiva, trabajar por alcanzar mayores niveles de equidad y justicia social, así como preservar y multiplicar los logros de la Revolución”, sostiene el escrito publicado en Granma.
Se plantea que el sistema económico mantendrá como principios esenciales la propiedad socialista sobre los medios de producción y “añade el reconocimiento del papel del mercado y de nuevas formas de propiedad, entre ellas la privada, en correspondencia con la Conceptualización del Modelo Económico y Social Cubano de Desarrollo Socialista y los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución, resultado de la consulta con amplios sectores de la sociedad”.
Sostiene la empresa estatal como el “sujeto principal de la economía nacional y se le reconoce su autonomía como principio esencial de funcionamiento”, pero “ratifica constitucionalmente la importancia de la inversión extranjera para el desarrollo económico del país, con las debidas garantías”.
La nueva Constitución mantendrá la garantía de acceso universal a la salud y la educación, e inserta el concepto de presunción de inocencia, así como un trato digno a los acusados de delito y mecanismos para que los ciudadanos puedan protegerse del Estado.
Garantiza la no discriminación por identidad de género, origen étnico y discapacidad, aunque no se especifica si se autorizará el matrimonio entre personas del mismo sexo, aunque se prevé que sí ocurra.
Eleva a carácter constitucional el requerimiento de que el Estado y los familiares asistan a adultos mayores o personas discapacitadas, así como garantías de libertad de culto.
Toca directamente la estructura del gobierno, en la cual la ANPP se sostiene como el órgano supremo del Estado, “con potestad constituyente y legislativa”, pero incerta un cambio importante al proponer que su presidente, vicepresidente y secretario ocupen a la vez ese mismo puesto en el Consejo de Estado. Bajo este esquema, Díaz-Canel sería también presidente de la ANPP.
Se constituirá formalmente los puestos de Presidente y Vicepresidente de la República, aunque se desconoce cómo esos roles serán distintos de los que ocupen esos cargos en el Consejo de Estados y la ANPP, o si serán los mismos. Al día de hoy, quien ocupa la presidencia de los consejos de Estados y de Ministros, es considerado el presidente del país. Se incluirá una limitación al cargo de dos términos de cinco años sin la posibilidad de poder ocuparlos de nuevo tras agotarlos.
Igualmente, se creará el cargo de primer ministro, quien dirigirá el Consejo de Ministros, ente que “mantiene su condición de máximo órgano ejecutivo y administrativo, que constituye el Gobierno de la República”.
Las asambleas provinciales del poder popular serán sustituidas por gobiernos provinciales, dirigidos por un gobernador y un consejo, mientras a nivel municipal se da más autonomía a los municipios para gestionar sus recursos y prioridades.
No se hacen referencias a tema como la libertad de expresión, de prensa o de empresa, como tampoco a garantías para el ejercicio de la oposición al gobierno, más allá de la utilización de los estructuras oficiales para someter quejas o agravios.
Tocará a la ANPP validar el anteproyecto para someterlo a una consulta popular que, si ocurre como pasa usualmente en Cuba, la refrendará por amplia mayoría.
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