Washington D.C. – La Cámara de Representantes estadounidense aplazó para mañana la votación sobre el proyecto de la congresista demócrata puertorriqueña Nydia Velázquez que propone eliminar conflictos de intereses de los contratistas de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que controla las finanzas públicas de Puerto Rico.

Debido a que la legislación no avanzó en diciembre en el Senado durante la pasada sesión del Congreso, Velázquez presentó el lunes nuevamente su proyecto, que fue aprobado en diciembre pasado sin oposición en la Cámara baja.

Luego de la legislación ser debatida esta tarde, el liderato cameral intentó su aprobación a viva voz. Pero, la republicana conservadora Marjorie Taylor Greene (Georgia) - a quien se le excluyó de los comités de la Cámara baja tras avalar amenazas contra congresistas-, se interpuso y reclamó que se llevara a votación por lista.

La congresista Velázquez confió en que la medida vaya a votación mañana y que consiga los dos tercios de votos requiere para ser aprobada bajo la suspensión de las reglas.

Hoy, el demócrata Robert Menéndez (Nueva Jersey) volvió a presentar la versión senatorial de la medida, la cual espera que ahora, bajo mayoría demócrata, pueda ser llevado a votación en el Senado.

“El pueblo de Puerto Rico merece saber que aquellos a quienes se les atribuye la reestructuración de la deuda tienen en el corazón sus mejores intereses, no sus intereses financieros personales”, indicó Velázquez, al dar a conocer la legislación.

La medida impulsa que abogados, contables, consultores y otros profesionales contratados por la JSF tengan que divulgar ante la Oficina del Síndico de Bancarrota del Departamento de Justicia federal sus conexiones con deudores, acreedores y empleados del ente fiscal antes de poder ser compensados.

Velázquez indicó que su proyecto de ley “cierra un vacío legal para exigir la divulgación de cualquier conflicto de intereses entre quienes trabajan en la quiebra y el deudor”.

“Para poner a la isla en el camino hacia un futuro mejor, debemos eliminar la corrupción y el interés propio fortaleciendo la supervisión”, agregó, al indicar que los puertorriqueños tienen que estar seguros de que el ente fiscal no tiene favoritos en este proceso.

La comisionada residente en Washington, Jenniffer González, una de las coauspiciadores de la medida, indicó en el hemiciclo que el proyecto “es un componente importante para asegurar el proceso de reestructuración”. “Busca atender los intereses de Puerto Rico”, agregó González, quien hace caucus con la minoría republicana y dijo que mientras la JSF exista en la Isla se debe impulsar que el ente fiscal “rinda cuentas”.

Al respaldar la legislación, el congresista republicano Dan Bishop (Carolina del Norte) afirmó que la medida “añadirá transparencia” en beneficio de los acreedores y la Isla.

Menéndez, por su parte, recordó que votó en contra de la ley Promesa, que cumple cinco años de vigencia en junio. El estatuto creó un tribunal de bancarrota territorial para reestructurar la deuda pública e impuso la JSF, que controla las decisiones financieras del gobierno electo de la isla.

“Me opuse a Promesa porque no creía que sería suficiente para proteger al pueblo de Puerto Rico en la reestructuración de su deuda, y ahora nos enfrentamos a una de las consecuencias del proyecto de ley: no mantener a los asesores y consultores de la Junta con la misma transparencia estándares requeridos en el continente”, indicó el senador Menéndez.

Los proyectos de ley han sido impulsados en el Senado y la Cámara baja después de que el periódico The New York Times reveló que una subsidiaria de la empresa consultora McKinsey, MIO ha tenido inversiones en la deuda pública del gobierno de Puerto Rico.

Tanto McKinsey como la empresa Luskin Stern, contratada por la JSF para examinar esa relación, indicaron que no hubo intercambio de información entre la compañía asesora del ente fiscal y su subsidiaria.

No obstante, el análisis de Luskin Stern también concluyó que esas inversiones de MIO pueden ser problemáticas, pues pueden percibirse como un conflicto de interés.

Velázquez indicó que su proyecto es coauspiciado en Cámara baja por el presidente del Comité de Recursos Naturales, el demócrata Raúl Grijalva, la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, el republicano Andy Biggs (Arizona), y los demócratas Pramila Jayapal (Washington), David Cicilline (Rhode Island) y Jamie Raskin (Maryland).

En el Senado, la medida es coauspiciada por el republicano Marco Rubio (Florida), y los demócratas Debbie Stabenow (Michigan), Mazie Hirono (Hawai) y Richard Blumenthal (Connecticut).