Washington D.C. – Cinco demócratas del Congreso – incluido tres de los legisladores federales puertorriqueños-, han respaldado la demanda federal que busca impedir que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) cobre cerca de $340 millones a municipios de Puerto Rico.

Los boricuas Nydia Velázquez, Alexandria Ocasio Cortez y Ritchie Torres, electos por Nueva York, y sus colegas Raúl Grijalva (Arizona) y Jesús “Chuy” García presentaron un recurso el lunes ante la jueza Laura Taylor Swain, quien tiene a su cargo el tribunal de bancarrota territorial creado por la ley Promesa, para se les acepte como “amigos de la corte” en defensa de los demandantes.

Grijalva es presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, con jurisdicción primaria sobre la ley Promesa. Velázquez y García son miembros de esa comisión.

Por medio de la Liga de Ciudades, unos 27 municipios demandaron en marzo pasado a la JSF, que controla las finanzas públicas de Puerto Rico, con el objetivo de frenar el cobro de las aportaciones a las pensiones y la Administración de Seguros de Salud (ASES) que no se hicieron durante la vigencia de la ley 29.

Ese estatuto - hasta que fue anulado por la JSF-, buscó eximir a los municipios del sistema de pago de pensiones y el plan de salud del gobierno de Puerto Rico, que administra ASES.

La JSF sostiene que los municipios deben los pagos que no hicieron durante los meses en que estuvo vigente el estatuto. La Liga de Ciudades rechaza hacer ese pago y sostiene que además de no haber estado obligados por ley, a los municipios no se les dio participación en el caso judicial referente a la ley 29.

En su recurso, los congresistas indicaron que la acción de cobro de la JSF amenaza la salud financiera de los municipios, incluidos 43 que “están al borde de la insolvencia en las regiones más desfavorecidas de la Isla” y que brindan servicios a un tercio de la población de Puerto Rico.

Para los legisladores demócratas las acciones de la JSF pueden poner en “peligro la seguridad y el sustento” de los ciudadanos “que dependen de los municipios como principales respondedores en materia de salud y crisis ambientales, como las que afectan actualmente o afectaron recientemente a Puerto Rico, y que incluyen huracanes, tormentas, inundaciones, terremotos y ahora el COVID-19 con todas sus variantes”.

“Mientras se propaga la amenaza de inestabilidad financiera municipal, los efectos negativos recaen desproporcionadamente sobre los más vulnerables: las personas de bajos ingresos, jóvenes y ancianos, y comunidades analfabetas y de bajos ingresos que ya carecen de acceso” al tribunal, indicaron en su petición Velázquez, Ocasio Cortez, Torres, Grijalva y García.

También afirmaron que “las acciones de la Junta de Supervisión presentan un peligro inminente para la salud fiscal de los municipios y, por ende” de los puertorriqueños de la Isla en general.

“Esta corte tiene la responsabilidad de usar su autoridad equitativa para proteger a la comunidad puertorriqueña”, añadieron, al exhortar a la jueza Swain a otorgar el interdicto y la sentencia declaratoria solicitada por los demandantes.

La demanda de la Liga de Ciudades en contra de la JSF también incluye a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), la Administración de los Sistemas de Retiro (ASR) y la Administración de Seguros de Salud (ASES).