Washington D.C. – La comisionada residente en Washington, Jenniffer González, ha pedido al presidente del Comité de Medios Arbitrios de la Cámara de Representantes, el también republicano Jason Smith (Misuri), apoyar una serie de proyectos con impacto económico en Puerto Rico, incluido el que busca dar acceso a los residentes de la Isla al programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI).
De las iniciativas legislativas que González presentó a Smith, esa es una que fue aprobada en la pasada sesión, con los votos demócratas, en la Cámara de Representantes, como parte del proyecto “Reconstruir Mejor”. Esa legislación, sin embargo, no avanzó en el Senado. En esta sesión la Cámara baja está controlada por los republicanos, en este momento con una mayoría 222 a 212, con una vacante.
González se entrevistó el miércoles con Smith, quien asumió en enero la presidencia del comité que lidia con los temas contributivos y el programa Medicare. Hoy, González envió un comunicado de prensa en el que enumera las medidas que le llevó a Smith. No se conoce cual fue la respuesta del congresista republicano.
Como ha hecho anteriormente, González presentó en enero una legislación que extendería el SSI a Puerto Rico, Guam, Samoa americana y las Islas Vírgenes estadounidenses.
En el caso Vaello Madero, el Tribunal Supremo de Estados Unidos reafirmó que el Congreso puede racionalmente excluir a los territorios del SSI. Aunque la administración de Joe Biden evitó desistir de la impugnación de la exclusión de los residentes de Puerto Rico y otros territorios del SSI, ha pedido al Congreso que legisle el asunto.
La Administración del Seguro Social “ha estimado el costo de expandir el SSI a los territorios en $23,000 millones durante 10 años”. La mayor parte de ese costo, unos $2,270 millones anuales, sería la extensión a Puerto Rico del SSI.
Los beneficios del SSI se reciben en los estados, Washington D.C. y las Islas Marianas del Norte.
En Puerto Rico, los residentes de la Isla tienen acceso al programa federal de asistencia a los adultos mayores pobres, personas ciegas y discapacitados, conocido por sus siglas en inglés AABD. Pero, por medio del AABD sus beneficiarios solo reciben una asistencia de $82 mensuales.
Hace una década, la Administración del Seguro Social calculó que en 2011 el pago promedio mensual del SSI a residentes de Puerto Rico, de haber aplicado, hubiese sido de $422, sostuvo la comisionada.
La comisionada llevó a su vez a Smith la legislación para hacer vigente en Puerto Rico el crédito federal por trabajo (EITC). En la pasada sesión, el Congreso, dominado por los demócratas, aprobó asignar $600 millones anuales para el EITC local de Puerto Rico. El gobernador Pedro Pierluisi ha pedido al Congreso aumentar ese subsidio en $187 millones anuales, debido al aumento en el empleo en la Isla.
González sostuvo que recordó a Smith que está pendiente extender el aumento en el reembolso por el arbitrio federal al ron puertorriqueño. González presentó legislación para hacer permanente ese aumento -que eleva el reembolso por cada galón de ron importado de $10.50 a $13,25. A Puerto Rico, ese aumento le representa unos $70 millones anuales.
Otra legislación que ha impulsado busca un ajuste en las primas que se le pagan a los planes de Medicare Advantage en Puerto Rico, a los que están inscritos cerca de 630,000 personas en la Isla. También haría obligatoria en los territorios el Programa de Ahorros de Medicare (MSP), “bajo el cual Medicaid paga parte o la totalidad del costo de las primas de la Parte B de Medicare para los beneficiarios duales”, indicó González.
También presentó ante Smith la legislación que en el Senado impulsa republicano Marco Rubio (Florida) que busca otorgar nuevos créditos contributivos federales a compañías que manufacturen productos médicos e inviertan en jurisdicciones con economías deprimidas, lo que puede beneficiar a Puerto Rico.
Ha abogado, a su vez, por designar a Puerto Rico una zona de oportunidad, bajo la reforma contributiva federal de 2017, con el propósito de buscar promover la inversión en la Isla.
Otra medida (el proyecto 377) quiere que el Servicio de Rentas Internas (IRS) considere a los territorios como Puerto Rico dentro de la definición de Estados Unidos para propósitos de la exención de tributación como ganancia de capital por la venta de bienes inmuebles que se mantienen para uso comercial o de negocios o para la inversión en la compra bienes inmuebles con esos propósitos.
También revivió la legislación que persigue permitir deducciones contributivas federales por gastos ocurridos en Puerto Rico para producir cine, televisión y teatro.