Jenniffer González, comisionado residente en Washington. [email protected] #fbi #criminalidad #federals (Gerald López Cepero)

Washington D.C. - La comisionada residente en Washington, Jenniffer González, considera que conoció a Justin Peterson cuando el socio administrador de DCI Group – entonces representante de acreedores del gobierno de Puerto Rico-, donó $2,700 a su campaña de 2016.

Aunque rechazó que hubiesen conversado entonces de sus coincidencias en contra de las medidas que buscaban otorgarle al gobierno de Puerto Rico un mecanismo para la reestructuración de la deuda, que en el caso de la Ley Promesa incluyó una Junta de Supervisión Fiscal (JSF), no recuerda sobre qué dialogaron.

“En 2016 es posible que nos hayamos visto en alguno de los eventos de recaudación de fondos”, dijo González a El Nuevo Día en una entrevista el miércoles.

Cuatro años después, Peterson – cuya empresa representó a bonistas de obligaciones generales y coordinó campañas en contra del gobierno de Puerto Rico-, fue nombrado por el presidente Donald Trump a la JSF, a la cual ha prometido llegar para presionar a favor de cambios que aceleren los acuerdos de reestructuración de deuda y permita comenzar a pagársele a los acreedores.

La comisionada indicó que la Casa Blanca se comunicó con ella para informarle que Peterson era la persona seleccionada por Trump para sustituir al exjuez Arthur González, a quien el gobierno de Barack Obama escogió en 2016 como el miembro de la JSF nombrado directamente por el entonces presidente.

Tras anunciarse el nombramiento de Peterson, la comisionada González afirmó que su récord “siempre ha estado claro: creo que los contratos se cumplen, que las leyes se respetan y que los procesos gubernamentales tienen que ser transparentes. Por eso, no puedo apoyar un candidato a la Junta que tenga siquiera la apariencia de un conflicto de interés”. Peterson, por su parte, la ha elogiado.

La comisionada González indicó que su oficina se ha comunicado con la de Peterson para coordinar una reunión después de las elecciones, con el propósito de discutir su visión de lo que debe hacer la JSF. “Tenemos una reunión pendiente luego de que pase la elección”, señaló.

Peterson debuta mañana en una reunión pública de la JSF en San Juan, luego de insistir en que va al ente fiscal con la encomienda de Trump de darle transparencia, reducir gastos y acelerar el proceso de reestructuración de la deuda.

Primero la JSF necesita definir servicios esenciales. No lo ha hecho, y eso es una gran razón por la cual no ha habido poco progreso. Eso va a cambiar…Promesa nunca tuvo la intención de (ordenar) una quiebra interminable, o una JSF permanente. ¡Hagamos algunos tratos, terminemos con la quiebra y eliminemos la Junta!”, tuiteó el martes Peterson.

El nuevo miembro de la JSF, a su vez, no ha dudado en entrar en batallas políticas, como demostró con tuits en los que envió imágenes de Trump para responder a críticas de la congresista demócrata Nydia Velázquez (Nueva York) y el excongresista Luis Gutiérrez (Chicago).

Bajo la Ley Promesa – que solo puede tener vigencia bajo el actual status territorial-, la JSF estaría vigente por lo menos hasta junio de 2025, si se logran cuatro presupuestos consecutivos equilibrados y el regreso del gobierno de Puerto Rico al mercado financiero, con tasas de interés razonables.

Aunque se opuso a la Ley Promesa, la comisionada González reconoce que no hay ambiente en el Congreso para derogarla y que por ello no propondrá su eliminación.

Previamente, el presidente del PNP y candidato a gobernador, Pedro Pierluisi – quien apoyó la aprobación de la Ley Promesa-, ha indicado que el estatuto debe cumplir con su función.

La comisionada González también se ha opuesto al proyecto del presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara baja, el demócrata Raúl Grijalva, para suavizar Promesa, pues no tiene respaldo republicano. En ese sentido, la comisionada indicó que presentará su propia legislación con propuestas de enmiendas a la ley.

La legislación de Grijalva – coauspiciada por los cuatro boricuas demócratas del Congreso-, respalda, entre otras cosas, auditar la deuda, cancelar deuda no asegurada, garantizar un presupuesto de $800 millones a la Universidad de Puerto Rico (UPR), proteger a los pensionados y evitar conflictos de intereses de los contratistas de la JSF.

La propuesta para evitar conflictos de intereses, de la congresista Velázquez, fue aprobada independientemente en el Comité de lo Jurídico, pero no ha llegado al pleno de la Cámara baja.

Según González, su propuesta buscará definir los servicios esenciales, evitar los conflictos de intereses de los contratistas y reducir el presupuesto del ente fiscal. “Una vez pasen las elecciones”, indicó, espera conseguir respaldo de demócratas y republicanos.

No obstante, la comisionada dijo que es evidente que los demócratas retendrán en las elecciones del martes el control de la Cámara baja, lo que volvería a dejar a Grijalva, de cara a 2021, como el líder del comité con principal jurisdicción sobre la isla y la Ley Promesa.

En momentos en que hay tres vacantes en la Junta y tres de sus miembros activos tienen nombramientos vencidos – solo el puesto que ahora ocupa Peterson fue renovado-, la comisionada dijo además tener información de que tanto el líder de la mayoría republicana del Senado, Mitch McConnell (Kentucky), como el portavoz de la minoría republicana de la Cámara baja, Kevin McCarthy (California), presentaron al presidente Trump sus recomendaciones para la JSF.

McConnell puede nombrar dos miembros de la JSF y McCarthy uno. Los dos que fueron recomendados por McConnell en 2016 – David Skeel, actual presidente de la JSF, y Andrew Biggs-, siguen en el ente fiscal.