Washington D.C. – La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó hoy (220-213) el proyecto de reconciliación presupuestaria con la abarcadora agenda social del presidente Joe Biden, que propone extender el programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) a los residentes de Puerto Rico y aumentar a $3,600 millones anuales las asignaciones de Medicaid para la Isla.

Todos los republicanos presentes votaron en contra de la legislación. Jared Golden (Maine) fue el único demócrata que votó en contra. Un republicano no votó.

La legislación - que pasa ahora al Senado, donde con toda probabilidad será enmendada-, es considerada por demócratas como la medida de iniciativas sociales más importante desde el Nuevo Trato del presidente Franklin Delano Roosevelt, en la década de 1930.

El proyecto de ley propone crear un programa universal de pre kínder, complementado con un financiamiento abarcador para cuido de niños. Además, impulsa otorgar cuatro semanas de licencia familiar y médica con paga por el nacimiento de un hijo, la recuperación de una enfermedad grave o el tener que atender a un familiar con una enfermedad grave.

Busca, además, prolongar por un año el aumento a un máximo de entre $3,000 y $3,600 anuales en el reembolso por el crédito federal por niños dependientes, que ahora aplica a los residentes de Puerto Rico, y ofrecer servicios auditivos por medio del programa Medicare.

La aprobación en la Cámara baja de la legislación- que tendría un costo de cerca de $1.85 billones (trillions en inglés)-, representa un importante triunfo para el presidente Biden y el liderato demócrata cameral, después de haber ratificado a principios de mes el proyecto de inversión en infraestuctura, que asignó cerca de $1.2 billones adicionales.

La votación se retrasó más de 13 horas después de que el líder de la minoría republicana, Kevin McCarthy (California), ocupó el hemiciclo para hablar ininterrumpidamente en contra de la legislación durante ocho horas y 32 minutos, un nuevo récord.

La speaker Nancy Pelosi (California) afirmó que este proyecto “marcará una diferencia significativa” en la vida de millones de personas, tanto en el tema del cuidado de la salud, como en la educación, el cuido familiar y los esfuerzos contra el cambio climático.

La votación avanzó después de que la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) presentó su análisis final sobre el costo de la medida, cuyo impacto en Puerto Rico sería de decenas de miles de millones de dólares durante la próxima década.

El análisis de CBO prevé que la legislación aumente en $367,000 millones el déficit fiscal durante la próxima década. No obstante, el CBO reconoce que el análisis no incluye un cálculo completo de las medidas de fiscalización contributiva del proyecto, que la Casa Blanca estima permitirán recaudar cerca de $400,000 millones en los próximos 10 años.

El estudio de CBO calculó que esos recaudos pueden alcanzar por lo menos $200,000 millones.

Tras la votación, el presidente Biden afirmó que el proyecto de ley “es fiscalmente responsable, reduce el déficit a largo plazo (y) se paga en su totalidad asegurándose de que los estadounidenses más ricos y las corporaciones más grandes comiencen a pagar su parte justa en impuestos federales”.

Varios moderados demócratas esperaron al análisis final del CBO para apoyar la medida.

Aunque votó a favor, la congresista demócrata Stephanie Murphy (Florida) - una de las moderadas que se enfrentaría a una redistribución electoral negativa para ella en su distrito-, dijo que impulsará que la medida sea “mejorada” en el Senado.

“Si bien sigo teniendo reservas sobre el tamaño general de la legislación, y preocupaciones sobre ciertas disposiciones de política que son extrañas o imprudentes, creo que hay demasiadas inversiones muy necesarias en este proyecto de ley para no avanzarlas en el proceso legislativo. Trabajaré con mis colegas del Senado para mejorar este proyecto de ley, y espero votar y promulgar una versión más simplificada del proyecto de ley una vez que regrese del Senado”, indicó Murphy.

El proyecto se tramita como un proyecto de reconciliación presupuestaria que permite aprobar la medida por mayoría simple y eludir en el Senado la regla del filibusterismo, que normalmente requiere 60 votos para llevar una legislación a votación final.

En un Senado dividido 50 a 50- en el que la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, puede romper empates-, los demócratas todavía requieren lograr que los senadores Joe Manchin (Virginia Occidental) y Kirsten Sinema (Arizona) se comprometan con la legislación. Manchin ha advertido que el costo de la medida será reducido en el Senado, donde el líder de la mayoría demócrata, Charles Schumer (Nueva York), prevé una votación antes del día de Navidad.

El líder republicano McCarthy atacó la legislación, por considerarle de corte socialista, prever que incrementará la inflación y permitirá destinar 87,000 nuevos agentes del Servicio de Rentas Internas federal a realizar auditorías de las planillas de los contribuyentes estadounidenses.

McCarthy señaló que los recortes contributivos más significativos irán a los que más tienen, por ejemplo con la propuesta para elevar de $10,000 a $80,000 - hasta 2031-, las deducciones contributivas por los impuestos locales y estatales.

Asignaciones directas para Puerto Rico

La medida extendería el programa del SSI a los residentes de Puerto Rico a partir de enero de 2024 y de forma permanente, según el Comité de Medios Arbitrios. El impacto en la Isla del SSI - que beneficia principalmente a los adultos mayores y discapacitados con limitaciones de ingresos-, se ha calculado en cerca de $2,270 millones anuales.

La constitucionalidad de excluir a los residentes de Puerto Rico del SSI es una controversia pendiente ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos.

El proyecto propone aumentar a $3,600 millones las asignaciones anuales de Medicaid para Puerto Rico. A partir del año fiscal federal 2022, la aportación federal por servicio de Medicaid sería de 76% - como ocurre ahora por una ley temporal-, pero se elevaría al 83% efectivo en 2023. Por incluir un aumento por servicio de inflación, en unos años la asignación anual superaría los $4,000 millones anuales, según expertos.

Con respecto a Puerto Rico, la legislación crea además nuevos créditos por empleo para corporaciones estadounidenses en los territorios. Para grandes corporaciones, el crédito es de hasta $10,000 por empleado. En el caso de empresas con 30 o menos empleados e ingresos de menos de $50 millones, siempre y cuando lleven tres años en la Isla, el crédito es de hasta $71,400.

La Comisión Conjunta de Asuntos Contributivos ha calculado que el crédito de hasta $10,000 por empleo para subsidiarias estadounidenses en Puerto Rico y los territorios, de convertirse en ley, tendría un costo para el Tesoro federal de $309 millones en el 2022. Pero, alcanzaría los $1,005 millones en 2031.

En el caso de Puerto Rico y los demás territorios se ofrecen iniciativas para hacer menos oneroso el impuesto sobre la propiedad intelectual (Gilti) que estableció la reforma contributiva federal republicana de diciembre de 2017, pues las empresas foráneas podrán acreditar el 100% de sus impuestos en la Isla - no el 80% como ahora-, al pagar el Gilti.

En países que compiten con Puerto Rico el crédito que se propone es de 95%, lo que da una leve ventaja a la Isla sobre países independientes.

El proyecto de ley permite además que la Isla reciba entre $5,000 millones y $7,000 millones adicionales en fondos de vivienda pública, según han indicado la congresista demócrata boricua Nydia Velázquez y el senador Schumer, ambos electos por Nueva York.

“Es un excelente proyecto”, dijo el gobernador Pedro Pierluisi, aunque acentuó que “ésto todavía no es la igualdad”.

La comisionada residente en Washington, Jenniffer González, fue hoy la única republicana en celebrar la aprobación de la legislación, al destacar, entre otras cosas, que ha presentado legislación para extender a la Isla el SSI.

Destacó que con respecto al programa universal de pre kínder, la asignación para los territorios es de $1,000 millones. La gran mayoría de esos fondos serían para la Isla.

La legislación aumenta además en $550 el máximo dinero disponible de las becas Pell, desde el año fiscal federal 2023 hasta el 2026. En estos momentos, el máximo de asistencia de las becas Pell es de $6,495.

“Este proyecto de ley incluye medidas que debieron aprobarse hace mucho tiempo para acercar (a Puerto Rico) a la paridad total en los beneficios federales”, indicó la congresista Velázquez, quien destacó que la medida permite que el crédito por niños dependientes pueda recibirse mensualmente en la Isla, como ocurre ahora temporalmente en Estados Unidos.

El presidente del Comité de Recursos Naturales, el demócrata Raúl Grijalva (Arizona), ha indicado que la legislación promueve además que el Departamento del Interior autorice proyectos de energía eólica en aguas federales adyacentes a Puerto Rico y los demás territorios, como ha propuesto la comisionada González.

La legislación cameral – que surge del plan “Reconstruir mejor” del presidente Biden-, agrega a Medicare servicios médicos por problemas auditivos y autoriza que ese programa negocie en 2023 con las farmacéuticas los precios de hasta 10 medicamentos principales, lo que se haría efectivo en 2025. Además, propone asegurar que los adultos mayores no paguen más de $2,000 anuales en medicamentos por medio de la parte D de ese programa.

La medida asignaría cerca de $550,000 millones para medidas contra el cambio climático y $150,000 millones para vivienda pública, entre otras cosas. Puerto Rico además tendría acceso a fondos para programas de conservación ambiental, restauración climática, iniciativas de ciberseguridad, infraestructura de seguridad, promover una fuerza laboral médica más diversa, programas de capacitación en los colegios universitarios de la comunidad, la expansión del programa de asistencia nutricional escolar del verano, y al crédito federal para la compra de vehículos eléctricos, entre otras cosas.

Aunque es uno de los temas espinosos con el Senado, la medida permitiría otorgar una autorización de trabajo a indocumentados que llevan 10 años o más en Estados Unidos, y aprueban una investigación sobre sus antecedentes.

La votación iba a tener lugar el jueves en la noche, pero el republicano McCarthy decidió ofrecer su largo mensaje. Las ocho horas y 32 minutos de su alocución superaron el récord de ocho horas y siete minutos en la Cámara baja, que era de la speaker Nancy Pelosi.

En aquella ocasión, sin embargo, Pelosi no interrumpió una votación, sino que se quejaba de la oposición republicana a una medida para normalizar la vida de los jóvenes indocumentados que llegaron a Estados Unidos de la mano de sus padres.

Aunque anoche había un límite de 10 minutos por cada lado para cerrar el debate, por tradición a los líderes de cada grupo político no se les interrumpe cuando se dirigen a la Cámara.

“No les estoy hablando a ellos, le estoy hablando al pueblo estadounidense”, indicó McCarthy, tan pronto se dio cuenta de que los demócratas se habían marchado del hemiciclo, poco después de la medianoche. Estuvo hablando hasta pasadas las 5:00 a.m..

En varias ocasiones, McCarthy sostuvo que lamentaba que le estaba retrasando a algunos demócratas un viaje a Puerto Rico para un evento de recaudación de fondos.

Para los demócratas, sin embargo, es una medida trascendental la que refirieron hoy al Senado de Estados Unidos. “Podremos decirle a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos que estuvimos (aquí) cuando la Camara aprobó uno de los proyectos más transformacionales en la historia del Congreso”, dijo el líder de la mayoría demócrata, Steny Hoyer (Maryland), cuando abrió debate final.