Washington D.C. - La jefatura de la Cámara de Representantes prevé terminar el miércoles con el trámite del proyecto que enmendaría la ley Promesa para prohibir conflictos de intereses en el proceso de reestructuración de la deuda pública de Puerto Rico, una medida que nació de denuncias en contra del principal contratista de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

El líder de la mayoría demócrata, Steny Hoyer (Maryland), anunció esta noche que la legislación será considerada bajo suspensión de las reglas, lo que requiere el visto bueno de dos tercios de los representantes si se solicita una votación por lista.

Aunque la versión original de la medida fue aprobada en la Cámara baja, el Senado hizo enmiendas que ahora deberán ser ratificadas por el pleno cameral.

La congresista demócrata puertorriqueña Nydia Velázquez (Nueva York) - autora de la medida-, ha dado su respaldo a los cambios hechos por el Senado.

“Básicamente fueron unas modificaciones técnicas que no cambian la sustancia…Puerto Rico tiene que tener certeza de que la asesoría que se da o las decisiones que se toman son basadas en los hechos y no en los intereses de los clientes”, dijo Velázquez.

El proyecto obligaría a los acreedores, abogados, contables y “cualquier parte interesada” a divulgar posibles conflictos de intereses antes de poder cobrar pagos relacionados al proceso de reestructuración de la deuda pública de Puerto Rico. Los cambios aprobados en el Senado dejan en manos del tribunal de bancarrota territorial que preside la jueza Laura Taylor Swain poder excluir a personas bajo cierto umbral en la cantidad de dinero que una persona reclama.

Velázquez presentó la legislación en la Cámara baja después de que que el periódico The New York Times reveló que la compañía MIO, subsidiaria de la principal empresa consultora de la JSF, McKinsey, ha tenido inversiones en la deuda del gobierno de Puerto Rico.

En el Senado, el principal promotor de la legislación fue el demócrata Robert Menéndez (Nueva Jersey).

“Cuando el Congreso aprobó la Ley Promesa, una de las muchas razones por las que me opuse con vehemencia fue por la inclusión de una laguna jurídica injusta que permitía que los asesores y consultores de bancarrota pudieran enriquecerse a costas del empeoramiento de las desigualdades económicas en Puerto Rico, y sin ni siquiera tener que revelar sus conflictos de intereses con los acreedores a quienes Puerto Rico les debe dinero”, indicó Menéndez.

Contratada por la JSF, la empresa Luskin Stern examinó el intercambio de información entre McKinsey y su subsidiaria. En su análsis, Luskin Stern determinó que no hubo intercambio de información entre McKinsey y MIO, pero, al mismo tiempo, afirmó que las inversiones de la subsidiaria de los asesores de la JSF pueden percibirse como un conflicto de interés.