Washington D.C. – La Junta de Gobierno del Partido Popular Democrático (PPD) acordó anoche en San Juan defender en Washington “un nuevo modelo de asociación política” que no esté sujeto “a los poderes plenarios del Congreso bajo la cláusula territorial de la Constitución de Estados Unidos”.

En ese sentido, una resolución de la Junta de Gobierno del PPD reafirmó su respaldo a la asamblea de status como mecanismo procesal preferente y mantuvo que el proyecto de status de las congresistas demócratas boricuas Nydia Velázquez y Alexandria Ocasio Cortez “tiene avances” que le incentivan a participar “activamente en el proceso para asegurar que la propuesta de transformación del Estado Libre Asociado aquí contenida sea aceptada por el Congreso y eventualmente favorecida por el pueblo de Puerto Rico”.

Un grupo de trabajo de la colectividad, que será anunciado por el presidente del PPD y del Senado, José Luis Dalmau Santiago, se encargará de presentar, a más tardar el 15 de abril, potenciales enmiendas al proyecto de Velázquez y Ocasio Cortez, que impulsa vincular al Congreso con una Convención de Status y un referéndum de alternativas de status fuera de la cláusula para territorios que puedan ser llevadas a votación “en orden de preferencia”.

La legislación de las congresistas por Nueva York, compite en el Congreso con un proyecto de ley del también demócrata boricua Darren Soto (Florida) y la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, en favor de un proceso de admisión de la isla como estado sujeto a un referéndum federal estadidad sí o no.

El grupo de trabajo deberá presentar para el 1 de julio “un segundo informe sobre las recomendaciones de acciones futuras por parte del Partido Popular Democrático a nivel institucional , y que incluyan la posibilidad de radicar legislación local sobre este tema”.

En un partido presidido por el líder del Senado, la medida amarra a los caucus legislativos del PPD, al indicar que “toda legislación que tenga la intención de ser presentada y considerada y que comprometan posiciones institucionales del PPD ya adoptadas sobre este asunto, deberá ser discutida y aprobada previamente por la Junta de Gobierno”.

El lenguaje referente a la vigencia de la cláusula para territorios sobre Puerto Rico será otra vez el debate contencioso dentro del PPD y en cualquier esfuerzo por validar un “nuevo modelo de asociación” con Estados Unidos.

En su Podcast, el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá, quien respalda el proyecto de Velázquez y Ocasio Cortez, consideró que la resolución significa que el PPD busca una asociación política fuera de la cláusula para territorios.

Pero, el liderato del PPD, históricamente, ha tratado de que el gobierno federal valide que puede haber un pacto de asociación por la vía legislativa con el cual el Congreso renuncie a los poderes que tiene sobre sus territorios, que en el caso de Puerto Rico tienen su más claro ejemplo reciente en la ley Promesa.

En un artículo de opinión en El Nuevo Día, el abogado José Alfredo Hernández Mayoral, quien fue secretario de Asuntos Federales del PPD, concluyó que hablar de una asociación “fuera de la cláusula territorial” excluye el ELA.

La Junta de Gobierno del PPD mantuvo que el ‘pacto de unidad puertorriqueña’ que impulsarán en el Congreso “defenderá nuestra identidad cultural, conservará nuestra ciudadanía (estadounidense) por nacimiento y nos permitirá encaminar una agenda de desarrollo económico y social sin precedentes; eso incluirá la activación de protocolos de acuerdos contributivos con el gobierno federal, de forma que nos permitan entrar a nuevos mercados de exportación de productos y actividad económica que genere empleos, exportación, nuevo capital que dará liquidez al sistema financiero y que éste pueda comenzar a mover la economía.”.

“Para lograrlo, ese nuevo modelo de asociación política y jurídica estará fundamentado en un documento formal de pacto - no implícito como ocurrió en su origen – el cual, una vez plasmado en un documento y suscrito, se convertirá en la fuente de autoridad principal que regirá las relaciones de Puerto Rico y los Estados Unidos. De esta forma, con ese nuevo convenio, se sustituye la sección 9 de la Ley de Relaciones Federales, lo que subsanará el problema de subordinación política que existe en diferentes instancias de la relación actual”, agregó la Junta de Gobierno del PPD.

La resolución de la Junta de Gobierno del PPD indicó que un próximo proceso de status debe cumplir con la promesa de campaña del presidente Joe Biden de que sea vinculante para el gobierno federal y permita la participación de los representantes de todas las alternativas de status.

La Junta de Gobierno del PPD acogió la posición de su presidente, Dalmau Santiago, en el sentido de que esperarán hasta el 3 de noviembre próximo para determinar si el Congreso responde directamente al resultado del referéndum estadidad sí o no, en el que la propuesta de convertir a Puerto Rico como estado obtuvo el 52.4% de los votos.

“Cualquier proyecto congresional que pretenda actuar sobre esa votación, deberá aprobarse en o antes de esa fecha”, agrega la resolución, en la que el PPD también se expresa a favor de derogar la elección del 16 de mayo con la cual se quieren elegir seis cabilderos de la estadidad.

El documento indica que el PPD se reafirma en que sus legisladores no aprobarán “el uso de fondos públicos para el pago de salarios y gastos de ciudadanos que pretenden ir al Congreso a abogar por la estadidad a costa del pueblo, y ese rechazo incluye cualquier asignación que se pretenda incluir en el presupuesto” de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (Prfaa).

Dejó en manos, sin embargo, de sus respectivos caucus legislativos la impugnación de la constitucionalidad de las leyes 165 y 167 del 30 de diciembre de 2020. La ley 165 delegó al gobernador de Puerto Rico decidir por decreto la fecha y las definiciones de status de un próximo referendum. Mientras que la ley 167 es la que convoca a la elección de los cabilderos estadistas sin otorgar fondos para financiar la votación.