Washington D.C. – La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) afirmó que la aprobación de leyes que exceden los gastos autorizados y la dependencia en recursos no recurrentes ponen en riesgo determinar que alguno de los dos pasados presupuestos de Puerto Rico este equilibrado, un criterio de peso para ese ente cesar de controlar las finanzas del gobierno electo de la Isla.

El director ejecutivo de la JSF, Robert Mujica, hizo la advertencia al responder una carta del líder de la minoría demócrata del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Raúl Grijalva, quien había pedido en enero al ente fiscal que definiera como se propone certificar que un presupuesto de Puerto Rico está balanceado.

En su carta, con fecha del 9 de marzo, Mujica recordó que la sección 209 de la Ley Promesa establece que la JSF podrá cesar sus funciones sobre el gobierno de Puerto Rico después de certificar por lo menos cuatro presupuestos balanceados de forma consecutiva, que se han elaborado presupuestos “en conformidad con los estándares modificados de contabilidad de valores devengados”, sin los gastos exceder los ingresos, y que el gobierno de la Isla tiene un acceso adecuado, a corto y mediano plazo, a los mercados financieros, a intereses razonables.

Mujica sostuvo, en primer lugar, que el gobierno de Puerto Rico aún no ha producido los estados financieros auditados para los años fiscales 2021 y 2022 – siendo el de 2022 el primero que incluye el servicio de la deuda del gobierno central después de la reestructuración de las obligaciones generales y por lo tanto aspirar a ser el primero certificado como equilibrado-, “lo que dificulta saber si los gastos en esos años fueron inferiores a los ingresos reales en una base devengada modificada”.

Pero, además, afirmó que la falta de “sistemas financieros integrados y la incapacidad del gobierno de cerrar sus libros en forma mensual o trimestral también inhibe la capacidad de la JSF para utilizar técnicas de verificación alternativas para evaluar este parámetro”.

Mujica sostuvo que tanto durante el pasado año fiscal como en el presente, que termina en junio, el gobierno de Puerto Rico ha aprobado medidas sin identificar recursos de financiamiento. En ese sentido, destacó que la Legislatura no sometió a tiempo el presupuesto 2023 y que el gobierno de Puerto Rico aprobó aumentos en los salarios de trabajadores públicos utilizando como fuente recursos “extrapresupuestarios”, en referencia a asignaciones federales no recurrentes.

“Después de certificado un presupuesto para el año fiscal vigente 2023, el Gobierno ya ha promulgado al menos cinco nuevas leyes con un costo anual estimado de $151 millones sin compensaciones suficientes. Al igual que el año pasado, a menos que se tomen medidas, es posible que el Gobierno no pueda demostrar (que ha cumplido con) la disposición de la sección 209 de PROMESA de que los gastos no excedieron los ingresos durante el año fiscal”, indicó Mujica.

En 2022, el cual las autoridades de Puerto Rico quisiera que fuera el primero certificado como equilibrado, la JSF dijo que tuvo trabajar con el gobierno puertorriqueño para buscar recursos de financiamiento luego de que se aprobaran otras cinco leyes que hubiesen incrementado el presupuesto autorizado en $312 millones.

Con respecto al uso de fondos no recurrentes para pagar salarios de empleados públicos, Mujica dijo que la JSF reconoce que merecen “salarios competitivos”, pero subrayó que “es un principio presupuestario básico que los gastos recurrentes deben ser cubiertos por ingresos recurrentes para evitar que Puerto Rico vuelva a caer en la crisis fiscal”.

“Todos estos gastos deberán ser debidamente reconocidos para cumplir” con la sección 209, agregó.

Aun teniendo en cuenta que pueda certificar como equilibrados los presupuestos de 2022 a 2025, se cree que la JSF estaría en funciones en Puerto Rico al menos hasta 2026, debido a tiempo que le toma al gobierno de la Isla auditar un presupuesto.

Pero, en su carta, el director de la JSF indicó al congresista Grijalva que “es prematuro tratar de pronosticar cuando las condiciones estatutarias de la sección 209 serán satisfechas”.

La pasada sesión del Congreso, un proyecto del demócrata boricua Ritchie Torres (Nueva York) propuso adelantar la salida de la JSF, requiriendo que el gobierno de Puerto Rico cumpla con dos, no cuatro, presupuestos balanceados consecutivos.

En la carta, Mujica defendió en términos generales el desempeño de LUMA Energy y el proceso por el cual se seleccionó a Genera PR para administrar el sistema de generación de electricidad, al responder a interrogantes del congresista Grijalva.

Indicó que el mal estado del sistema y el hecho de que la mayoría de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) prefirió ser transferido a otras oficinas del gobierno de Puerto Rico antes de pasar a LUMA, han afectado adversamente el proceso.

“Ciertamente, por su parte, LUMA podría haber hecho mejor. Sin embargo, la JSF sigue creyendo que una operación energética independiente, libre de interferencias políticas, brinda la mejor oportunidad para que los puertorriqueños transformen el legado fallido de la AEE en un sistema energético moderno y confiable”, señaló Mujica.

Agregó que aunque le corresponde por ley al Negociado de Energía evaluar el desempeño de LUMA, mantienen su ojo sobre esas operaciones.

En agosto de 2022, destacó Mujica, el Negociado de Energía mantuvo que en el primer año de operación ‘LUMA cumplió o superó el 84% de los objetivos de rendimiento aplicables”.

“El primer año de servicio de LUMA también se vio empañado por múltiples interrupciones a gran escala relacionadas con la generación. Las métricas de rendimiento enviadas por LUMA al Negociado de Energía sugieren que, si bien la duración de la interrupción refleja aumentos modestos en comparación con el desempeño de la AEE en 2020, LUMA logró notables mejoras en muchas otras áreas, incluida una menor frecuencia de cortes, menos llamadas y tiempos de espera en el centro de servicio, índices de llamadas/respuestas más altos, mucho más alto almacenamiento solar y de batería en la azotea instalaciones, mayor disponibilidad de vehículos y menores incidentes de seguridad laboral”, agregó.

Grijalva había indicado en su carta que “la duración de los apagones sigue siendo peor bajo la administración de LUMA” que cuando el sistema de transmisión y distribución de la red estaba a cargo de la AEE. “El hecho de que LUMA no haya contratado a un número suficiente de trabajadores en línea es, al menos, una explicación parcial del bajo rendimiento”, sostuvo.

Con respecto a Genera PR, Mujica expresó que el acuerdo “debe impulsar la eficiencia de generación, la productividad y el cumplimiento ambiental, la confiabilidad de los servicios, la calidad del suministro de electricidad, y el cumplimiento de las normas ambientales y de sostenibilidad, así como el logro de combustible y ahorros en costos operativos”.