Washington D.C. – La organización “Campaign Legal Center” ha puesto en marcha una campaña para asistir a las personas convictas de delitos graves en Estados Unidos a recuperar su derecho al voto, de cara a las elecciones del 3 noviembre.

“Hay 18 millones de personas con condenas previas con derecho a votar, pero puede que no lo sepan porque las reglas son diferentes de estado a estado”, indicó hoy el abogado Jonathan Díaz, experto en derecho a votar de Campaign Legal Center, un grupo no partidista con oficina en Washington D.C.

En momentos en que en los próximos días o semanas se cierran los períodos de inscripción de electores en muchos estados – en Florida es el 5 de octubre y en Pensilvania el 19 de octubre-, Campaign Legal Center ha exhortado a las personas que fueron convictas de delito a visitar la página www.RecupereSuVoto.org para conocer con precisión su situación particular.

“Es un portal anónimo con preguntas muy sencillas que cualquier persona puede utilizar para averiguar si tienen derecho a inscribirse y a votar en su estado”, dijo Díaz.

En un país con la mayor tasa de personas presas en el mundo, se calcula que a más de seis millones de ciudadanos de Estados Unidos se les niega el derecho al voto por haber cometido algún tipo de delito. Alrededor de 30 estados establecen diversas prohibiciones para la persona poder votar, según CNN.

En Puerto Rico, los confinados mantienen su derecho al voto. Sin embargo, en Estados Unidos las circunstancias varían.

Por ejemplo, en Florida -un estado con un alto número de electores boricuas-, no se puede recuperar el derecho al voto si la persona tuvo una condena por homicidio o un delito sexual, a menos que reciba un perdón del gobernador, indicó Díaz.

Al mismo tiempo, una ley de Florida - que ha sido validada (6-3) por el Tribunal Supremo de Estados Unidos-, obliga a los exconvictos de delitos graves a pagar multas o tarifas adeudadas antes de poder registrarse, lo que ha sido criticado por grupos que promueven el derecho al voto.

La jueza puertorriqueña Sonia Sotomayor fue uno de los tres votos disidentes en ese caso, al considerar que esa ley limita el derecho al voto de las personas pobres que fueron convictas de delito.

En un estado en el que las elecciones suelen ser muy cerradas y tiene el potencial de decidir quien será el próximo presidente, se calcula que en Florida cerca de 774,000 personas terminaron de cumplir su condena y no tienen garantizado el derecho al voto.

En Pensilvania, otro estado clave en el que voto puertorriqueño puede tener un peso decisivo, la persona condenada por un delito puede recuperar su voto al terminar su sentencia, excepto en casos de violación del código electoral. Los convictos por violaciones de leyes electorales requieren un perdón del gobernador para volver a votar, según Campaign Legal Center.

Díaz sostuvo que aunque los hispanos representan el 16% de la población adulta en Estados Unidos, son el 23% de los prisioneros.