Washington - Con un total de 52 coauspiciadores originales, el demócrata Darren Soto (Florida) presentó hoy el nuevo proyecto de ley a favor de que Puerto Rico sea el estado 51 de Estados Unidos, poniendo en marcha un proceso con el cual el gobernador Pedro Pierluisi quiere que el Congreso le diga a la isla si está dispuesto a concederle la estadidad.

“Ahora, esto es estadidad sí o no en el Congreso”, afirmó Pierluisi, confiado en que la medida avanzará en la Cámara de Representantes, pero reconociendo que el trámite de la legislación será particularmente “duro” en el Senado, donde la idea de avanzar ahora un proyecto pro estadidad ha sido rechazada por el líder de la mayoría demócrata, Charles Schumer (Nueva York), y el líder de la minoría republicana, Mitch McConnell (Kentucky).

Por el momento, la legislación de Soto y la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, no tiene una medida similar en el Senado. Pero el senador demócrata Martin Heinrich (Nuevo México) -cercano a Pierluisi-, fue a la conferencia de prensa en que se dio a conocer la legislación cameral para insistir en que someterá un proyecto similar en el Senado.

“Nos gusta decir que los estadounidenses nacimos iguales, pero unos son más iguales que otros”, sostuvo Heinrich.

La medida del congresista Soto y la comisionada González, como adelantó El Nuevo Día, propone un proceso de admisión como estado sujeto a que los electores de Puerto Rico voten a favor en un nuevo referéndum estadidad sí o no.

El proyecto presentado en la Cámara baja propone un plazo de hasta 12 meses para que el presidente de Estados Unidos proclame la admisión de Puerto Rico como estado, si los puertorriqueños votan a favor en el referéndum federal y sin que el asunto tenga que regresar al Congreso.

El proyecto -que persigue ser la respuesta al referéndum criollo del 3 de noviembre en el que la estadidad obtuvo el 52.5% de los votos-, tiene el respaldo de 38 demócratas y 14 republicanos.

De esos seis coauspiciadores originales, seis son miembros del Comité de Recursos Naturales, cuyos 48 miembros -26 demócratas y 22 republicanos-, decidirán inicialmente la suerte de esa medida, que competirá con otra que prevén presentar este mes las demócratas boricuas Nydia Velázquez y Alexandria Ocasio Cortez, electas por Nueva York, en favor de una Convención de Status.

Ante la oposición del liderato legislativo local, un referéndum estadidad sí o no dependería también de que el Tribunal Supremo de Puerto Rico valide una potencial impugnación de la Ley 165 de 2020 que aprobó la pasada Legislatura del Partido Nuevo Progresista (PNP) y permite que el gobernador Pierluisi, por decreto, decida la definición de las alternativas de status y la fecha de un referéndum.

“Debemos de empezar por reconocer que la mayoría en Puerto Rico ha pedido la estadidad”, dijo Soto en una conferencia de prensa en el lado este del Capitolio en la que estuvieron presentes el gobernador Pierluisi, González y Heinrich.

Las demócratas Stephanie Murphy y Val Demings, ambas electas por Florida, y los republicanos Don Young (Alaska) y María Elvira Salazar (Florida), fueron otros coauspiciadores de la legislación que asistieron a la conferencia de prensa.

Aunque la suscribió, el boricua Ritchie Torres (Nueva York) no estuvo en la rueda de prensa.

De los coauspiciadores originales, solo Soto, la comisionada González, el republicano Young, el demócrata Rubén Gallego y los delegados de Guam, el demócrata Michael San Nicolas, y Samoa americana, Amata Coleman, son miembros del Comité de Recursos Naturales.

Aunque afirmó que los senadores republicanos Rick Scott y Marco Rubio, electos por Florida, han respaldado la estadidad en el pasado, González dijo que habrá que esperar a la presentación del proyecto de Heinrich para conocer si la suscriben.

Sin precisar qué hará, el senador Rubio exhortó, en un comunicado de prensa, a sus colegas republicanos del Senado “a que mantengan una mente abierta y aprendan más sobre la estadidad antes de tomar una postura de oposición firme”.

“Continuaré poniendo de mi parte para algún día lograr los 60 votos necesarios en el senado para la admisión de Puerto Rico a la unión”, dijo Rubio, quien, en dos ocasiones durante el pasado cuatrienio, advirtió que no había ambiente en el Senado para la estadidad.

La conferencia de prensa en el Capitolio -que sigue cercado y bajo vigilancia militar-, comenzó con una pregunta de una periodista estadounidense en el sentido de si la propuesta de estadidad buscaba un “rescate financiero” de la isla.

Según la comisionada, el proyecto no interrumpirá el proceso de bancarrota territorial al que se enfrenta ahora el gobierno de la isla, aunque el congresista Soto confía que eso no suponga la continuidad de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) bajo un Puerto Rico estado 51 o 52.

La legislación indica que “todos los contratos, obligaciones, pasivos, deudas y reclamaciones del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y sus instrumentalidades continuarán en plena vigencia y efecto”.

Soto y González buscaron que la medida coincidiera con el 104 aniversario de la aprobación de la ley por la cual el Congreso decidió que los nacidos en Puerto Rico son ciudadanos estadounidenses. Pero también coincidió con el debate en el pleno de la Cámara baja sobre el proyecto de ley que propone crear un Grupo de Trabajo del legislativo federal en torno a la falta de derechos políticos federales en los territorios de Estados Unidos.

“Todavía (la ciudadanía estadounidense de los puertorriqueños) no es una ciudadanía de primera clase”, señaló la comisionada González.

Para la demócrata Demings, “gente que no puede tomar sus propias decisiones no es libre”. Mientras, la demócrata Murphy - quien puede retar al senador Rubio en las elecciones lde 2022-, sostuvo que para ella “la libre determinación es respetar la decisión del pueblo de Puerto Rico”.

En la Cámara, el proyecto proestadidad sería discutido próximamente en una audiencia que ha prometido convocar el presidente del Comité de Recursos Naturales, el demócrata Raúl Grijalva (Arizona).

En el Senado, la medida que presentaría Heinrich estaría bajo la consideración del Comité de Energía y Recursos Naturales, que preside Joe Manchin (Virginia Occidental), el más conservador de los demócrata. En enero, Manchin dijo que no tiene suficiente información para opinar sobre las propuestas de estadidad para Puerto Rico y Washington D. C.

En un Senado dividido 50 a 50, el senador demócrata Cory Booker (Nueva Jersey) afirmó hace unas semanas a la publicación The Atlantic que no hay los votos para avanzar propuestas de estadidad para Washington D.C. y Puerto Rico.

El líder Schumer ha afirmado que el 52.5% que obtuvo la estadidad no refleja el “fuerte consenso” que se requiere para avanzar esa propuesta y que está en espera de que se genere un acuerdo sobre un “proceso justo”.

Antes del referéndum, el senador McConnell dijo que mientras pudiera controlar la agenda de la cámara alta jamás dará paso a un proyecto a favor de la estadidad para la capital federal y la isla.

Contrario a la legislación sobre Puerto Rico, el proyecto demócrata para admitir a Washington D.C. como estado 51 no requiere una nueva votación.

El congresista Soto reconoció que su legislación de 2019 impulsaba un proceso de admisión directa, en 90 días, sin una nueva consulta. Pero sostuvo que la convocatoria a la nueva consulta fue un acuerdo con el gobernador Pierluisi y la comisionada González, al indicar que comparten la redacción de la legislación.

El referéndum de noviembre, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos bajo el gobierno de Donald Trump, incumplió con la política pública federal, que requiere presentar ante el electorado de Puerto Rico todas las alternativas de status.

Para el senador Heinrich, la política pública federal sobre Puerto Rico la determinará el Congreso y no la visión del pasado gobierno de Trump. Heinrich afirmó además que ha estado en conversaciones con la Casa Blanca sobre su legislación.

Tras la conferencia de prensa en los alrededores del Capitolio, el gobernador y la comisionada encabezaron una conferencia de prensa en el National Press Club a la que asistieron alcaldes y legisladores del PNP, que no tenían acceso al legislativo federal, debido a las medidas de seguridad establecidas después del acto de insurrección del 6 de enero.

Entre los presentes, estuvieron el presidente de la Federación de Alcaldes, Ángel Pérez -alcalde de Guaynabo-, y el portavoz alterno de la minoría del PNP en el Senado, Carmelo Ríos.