Washington D.C. – Rafael “Tatito” Hernández Montañez puso por escrito al presidente del Comité de Medios y Arbitrios, Richard Neal (Massachusetts), recomendaciones para mejorar los créditos por empleo que tiene pendiente la Cámara baja federal para incentivar la inversión de subsidiarias estadounidenses en Puerto Rico y los demás territorios.

Después de una reunión el miércoles, Hernández Montañez, presidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, le envió una carta el jueves al demócrata Neal con iniciativas concretas para incrementar los incentivos incluidos en el proyecto de reconciliación presupuestaria que reúne el plan para las familias estadounidenses del presidente Joe Biden.

“Tuvimos una muy buena reunión”, dijo Neal a El Nuevo Día el jueves sobre su conversación con funcionarios electos y representantes del sector privado de Puerto Rico, al limitarse a señalar que examina las sugerencias en momentos en que los demócratas tratan de llegar a un acuerdo sobre todo el proyecto de reconciliación presupuestaria y su liderato tiene un pacto general en torno al marco contributivo de esa legislación.

Neal hizo claro, no obstante, que son muchas las propuestas las que tratarán de armonizar con el Senado en los próximos días, cuando los demócratas buscarán avanzar en ambas cámaras del Congreso – en medio de grandes retos para reunir los votos necesarios-, el proyecto de reconciliación presupuestaria.

El Comité de Presupuesto de la Cámara baja llevará a cabo mañana una vista pública dirigida a reunir las iniciativas que han aprobado las distintas comisiones para incluir en el proyecto de reconciliación presupuestaria que persigue impulsar iniciativas sociales del presidente Joe Biden e incluir mecanismos para financiarlas.

¿Qué sugiere el presidente Hernández Montañez?

Las sugerencias de Hernández Montañez – como las que defienden sectores de la industria privada y otras voces legislativas, como el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado de Puerto Rico, Juan Zaragoza -, permitirían aumentar en la medida de Neal el crédito por empleo a las grandes subsidiarias estadounidenses de hasta $10,000 por empleo (un 20% hasta $50,000 de salario) a un máximo de $69,750 (40% hasta $139,500 de salario) tal y como se propone en el caso de corporaciones con un máximo de 30 empleados y $50 millones de ingresos.

Hernández Montañez, electo por el Partido Popular Democrático (PPD), también impulsa que se de un crédito de 40% por depreciación de equipo. Con sus propuestas adopta ideas del proyecto presentado por el senador demócrata Robert Menéndez (Nueva Jersey).

Pero, además quiere que esos beneficios se limiten a empresas manufactureras y de la industria turística. “Queremos evitar que esto le aplique a un sector que no requiere incentivos. Debe aplicar a empresas que tengan un efecto multiplicador como la manufactura y el turismo”, sostuvo Hernández Montañez, en referencia a empresas de venta al detal como Wal-Mart, una preocupación que había levantado ante Neal la congresista demócrata boricua Nydia Velázquez (Nueva York).

La legislación que ha impulsado el congresista Neal limitaría los incentivos a una duración de 10 años y a empresas que en los últimos tres años han tenido por lo menos el 75% de sus ingresos en Puerto Rico o los demás territorios.

“Esta es una oportunidad para generar cosas positivas”, dijo Hernández Montañez, quien envió copia de su carta a líderes demócratas del Congreso, entre ellos la speaker Nancy Pelosi (California) y al líder de la mayoría del Senado, Charles Schumer (Nueva York), y al presidente del Comité de Finanzas del Senado, Ron Wyden (Oregón).

Junto a Hernández Montañez se reunieron el miércoles con Neal el presidente del Senado y del PPD, José Luis Dalmau, líderes de la Asociación de Alcaldes- incluido su presidente, Luis Javier Hernández-, y representantes de la Cámara de Comercio y el Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico.

Las sugerencias del presidente de la Cámara de Representantes no solo coinciden con iniciativas del senador Menéndez, sino además con posiciones de representantes del sector privado.

La comisionada residente en Washington, Jenniffer González, por su parte, descartó presentar enmiendas a los incentivos tributarios que impulsan los demócratas al proyecto de reconciliación presupuestaria - al cual se opone toda su delegació republicana-, por entender que la legislación que se discute ahora no tiene los votos para avanzar en el Congreso.

González ha indicado que sus asesores contributivos examinan la legislación demócrata. El gobernador Pedro Pierluisi, por su parte, no destacó el tema de los incentivos para empresas estadounidenses como uno de los asuntos claves de sus reuniones de esta semana en Washington D.C..

La legislación aprobada en el Comité de Medios y Arbitrios impulsa elevar las contribuciones de corporaciones domésticas de 21% a 26.5% . Además, el plan demócrata aumentaría de 10.5% a 16.56% el impuesto sobre la propiedad intelectual (Gilti) que pagan las corporaciones estadounidenses que hacen negocios como empresas foráneas, el cual fue establecido por la ley de reforma contributiva federal que entró en vigor en 2018.

Pero, en el caso de Puerto Rico y los demás territorios se ofrecen iniciativas para hacerlo menos oneroso, pues las empresas foráneas podrán acreditar el 100% de sus impuestos en la Isla - no el 80% como ahora-, al pagar el Gilti. En países que compiten con Puerto Rico el crédito que se propone es de 95%, lo que da una leve ventaja a la Isla sobre países independientes.

Con el aumento del Gilti, el Congreso cumpliría con el compromiso internacional de tener una tasa corporativa mínima de 15%.

El senador Zaragoza -también electo por el PPD, presidente de la Comisión de Hacienda y un ex secretario de Hacienda-, afirmó esta semana que un crédito de hasta $10,000 para una empresa farmacéutica con $3,000 millones de ingresos, que pudiera pagar $600 millones de impuestos en Estados Unidos significaría un beneficio de $5 millones.

“Eso no mueve la aguja”, indicó Zaragoza, al indicar que el propósito de incentivar la inversión debe ir dirigido no solo a retener empresas y buscar que expandan operaciones, sino también a atraer nuevas inversiones.

La Comisión Conjunta de Asuntos Contributivos ha calculado que el crédito de hasta $10,000 por empleo para subsidiarias estadounidenses en Puerto Rico y los territorios, de convertirse en ley, tendría un costo para el Tesoro federal de $309 millones en el 2022. Pero, alcanzaría los $1,005 millones en 2031.

De todos modos, a los miembros de la Cámara de Comercio y el Colegio de Contadores Públicos Autorizados, se les ha pedido un análisis sobre el impacto de los créditos que impulsa el Comité de Medios y Arbitrios. “Vamos a tratar de examinar números con rapidez”, dijo durante las reuniones en el Congreso el expresidente de la Cámara de Comercio y CPA Kenneth Rivera Robles.

Hernández Montañez dijo que las reuniones incluyeron también al número tres de la mayoría demócrata, James Clyburn (Carolina del Sur) y a la presidenta del Comité de Asignaciones de la Cámara baja, Rosa DeLauro (Connecticut), entre otros.

También estuvo junto a los líderes de la Asociación de Alcaldes en la Casa Blanca, donde se entrevistaron con el asesor del presidente Joe Biden a cargo de supervisar el plan de rescate contra el coronavirus, el economista Gene Sperling, y la directora adjunta para Puerto Rico y los Territorios de la Oficina de Asuntos Intergubernamentales, la puertorriqueña Gretchen Sierra Zorita.

Con Sperling pudieron abogar además por los incentivos para la manufactura, dijo Hernández.