El congresista Raúl Grijalva. (Luis Alcalá Del Olmo)

Washington D.C.- El liderato del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes quiere asegurarse de que el proceso de transformación de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) da paso a un sistema confiable, eficiente, asequible y basado en fuentes renovables, con lo que están dispuestos a colaborar.

“Todos podemos estar de acuerdo en que la reforma de la AEE es necesaria para poder proveer electricidad limpia y a bajo costo”, dijo ayer el presidente del Comité , el demócrata Raúl Grijalva (Arizona), al indicar que la pregunta que aún tiene es “si la AEE se ha embarcado en el curso correcto para lograr esos objetivos”.

“Hace mucho (tiempo) que debió haber una transformación de la AEE. Necesitamos un sistema energético moderno y resistente que pueda recuperarse rápidamente de los desastres naturales”, indicó, por su parte, la comisionada residente en Washington, Jenniffer González.

El Comité de Recursos Naturales dedicó su audiencia de ayer sobre el proceso de transformación de la AEE a pasar juicio sobre los contratos con Luma Energy, para la operación de los sistemas de transmisión y distribución de electricidad, y New Fortress Energy (NFE), para la conversión de las unidades 5 y 6 de la planta de San Juan a gas natural.

Pero, la sesión reafirmó también la intención de los congresistas de presionar para que el gobierno de Puerto Rico cumpla con los objetivos de lograr un sistema energético dependiente en un 100% de fuentes renovables para el 2050.

Con respecto al contrato con Luma Energy, la comisionada González, ejerciendo como portavoz de la minoría republicana, afirmó que “las alianzas público-privadas son cruciales para transformar el sistema energético si son ejecutadas de forma apropiada”.

El gobierno de Puerto Rico ha indicado que el camino hacia un sistema energético confiable se fortalece con el acuerdo adoptado con Luma, que tiene una duración de 15 años y puede tener un costo de $141 millones anuales.

El director ejecutivo de la Autoridad de Alianzas Público Privadas (APP), Fermín Fontanés, reafirmó que el contrato contempla un ahorro de $293 millones anuales para el 2027, por lo que permitirá que se pague a sí mismo e insistió que el contrato mantiene la autoridad del Negociado de Energía y su poder de supervisión, “para proteger a los consumidores”.

Para Fontanés, el acuerdo es una oportunidad para dejar atrás los “desafíos” que ha tenido la AEE, como la falta de continuidad administrativa y planificación a largo plazo, un sistema anticuado y frágil, y el inconveniente de que mientras la generación del sistema está en el sur, el 70% de la demanda está en el norte.

“La propuesta de Luma, que se tradujo en gran medida en el contrato, presenta planes concretos y detallados y plazos para lograr ganancias sustanciales en seguridad, servicio al cliente, confiabilidad y resiliencia”, agregó Fontanés.

Rechazó que el contrato con Luma Energy signifique un aumento en las tarifas, un asunto que, insistió, sigue en manos del Negociado de Energía.

A preguntas de la demócrata boricua Nydia Velázquez (Nueva York), Fontanés dijo que Luma reconocerá las pensiones de los trabajadores de la AEE que contrate, una de las preocupaciones del sindicato Utier, e insistió en que el que no pase a la empresa privada permanecerá en el gobierno.

Reacciona Luma

Tras la audiencia, el presidente de Luma Energy, Wayne Stensby, aseguró que los trabajadores de la AEE “van a tener la posibilidad de continuar con sus pensiones y Luma contribuirá con eso si así lo deciden, o podrán entrar al sistema de pensiones de Luma”.

El director ejecutivo de la AEE, José Ortiz, descartó que haya ambiente para incluir la energía nuclear como alternativas para la producción energética en la isla, una puerta que abrió el representante del gobierno de Donald Trump para la reconstrucción, Peter Brown.

“No veo ninguna comunidad en el mundo diciendo que están a favor de la energía nuclear… No veo ningún funcionario público impulsando eso”, sostuvo Ortiz, a preguntas de la congresista demócrata Deb Halland (Nuevo México).

Ortiz espera que este trimestre haya un acuerdo con la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) sobre los cerca de $17,000 millones que el gobierno de Puerto Rico aspira obtener para rehacer la red eléctrica, a través de la sección 428 de la ley Stafford.

En ese sentido, Ortiz destacó que el consorcio de Luma añade una entidad con experiencia en el manejo de fondos federales, en referencia a Innovative Emergency Management.

El acuerdo con Luma, dijo, se suma a la renegociación de los contratos de compra de energía con Eco Eléctrica y Naturgy, que sostiene que reducirá los costos de producción de energía en $100 millones anuales hasta septiembre de 2032, y a la conversión de las unidades 5 y 6 de gas natural de la estación de San Juan, un asunto que ahora está bajo revisión de la Comisión Regulatoria Federal de Energía (FERC), que estudia si debe entrar a evaluar todo el proyecto.

Ortiz dijo que el reclamo de la FERC tomó por sorpresa a la AEE, NFE y a Guardia Costera, a los que, sostuvo, le habían asegurado que no era necesario pasar por el crisol de la comisión federal.

En una argumentación que sometió ante la FERC el pasado 17 de julio, Ortiz indicó que si la comisión federal frena la operación de esas unidades por NFE, se podría afectar la generación de electricidad justo en medio de la temporada de huracanes.