Washington D.C. - Un juez federal ordenó frenar los esfuerzos del gobierno de Donald Trump por desmantelar el Departamento de Educación federal sin autorización del Congreso.

El juez Myong Joun, del Tribunal Federal de Massachusetts, emitió este jueves un interdicto provisional que ordena al gobierno devolver a sus puestos los empleados cesados y bloquea la intención de transferir programas a otras agencias.

Trump había anunciado que el programa de préstamos estudiantiles pasaría a la Administración de Pequeños Negocios (SBA, por sus siglas en inglés). Además, anunció en marzo que los programas de Educación Especial y comedores escolares quedarían en manos del Departamento de Salud de Estados Unidos.

La orden de reincorporar empleados a sus puestos aplica a todo trabajador cesado a partir del 20 de enero pasado, cuando el presidente Trump tomó posesión.

Pese a que Trump y su administración reconocen que se requiere autorización del Congreso para eliminar Educación federal, no ha habido ninguna iniciativa de la Casa Blanca para legislar cambios en esa agencia, según el juez.

“No solo no hay evidencia de que los demandados ​​estén persiguiendo un ‘objetivo legislativo’ o trabajando de otra manera con el Congreso para llegar a una resolución, sino que tampoco hay evidencia de que la RIF (reducción en la fuerza laboral) realmente haya hecho que el departamento sea más eficiente”, indicó Joun.

Agregó que “la idea de que las acciones de los demandados constituyen una mera ‘reorganización’ es claramente falsa”.

En vez de dar paso a la “eficiencia” prometida por la comisión que encabezó el multimillonario Elon Musk a través del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés), lo que ha habido es una ruptura de servicios, según el juez.

“Desde la implementación de la (reducción de la fuerza laboral), los demandantes –un grupo de estados, distritos escolares, organizaciones sin fines de lucro y sindicatos–, han analizado en profundidad cómo la reducción masiva de personal ha imposibilitado al Departamento (de Educación) llevar a cabo las funciones que le corresponden por ley. Por ejemplo, los demandados han cerrado siete de las 12 oficinas de la Oficina de Derechos Civiles, un programa creado por ley que protege a los estudiantes de la discriminación por motivos de raza, sexo y discapacidad”, sostuvo el juez.

Como parte de su decisión, el juez Joun dio al Departamento de Educación 72 horas para informar los pasos que toma para cumplir con su orden. Además, la entidad federal tiene que notificar las medidas que pone en marcha para devolver a los empleados despedidos o forzados a renunciar a sus puestos.

Trump firmó en marzo una orden ejecutiva que busca encaminar el desmantelamiento de la agencia.

“La Secretaría de Educación, en la medida máxima que la ley lo permita, tomará todos los pasos necesarios para facilitar el cierre del Departamento de Educación y devolver la autoridad educativa a los estados y las comunidades locales, garantizando al mismo tiempo la prestación eficaz e ininterrumpida de los servicios, programas y beneficios de los que dependen los estadounidenses”, indicó Trump en la orden, que coincidió con sus expresiones hacia la transferencia de programas a otras agencias.

Ante la orden judicial, la congresista demócrata Rosa DeLauro (Connecticut), líder de la minoría en el Comité de Asignaciones, afirmó que el poder judicial reafirma que “las acciones de la administración Trump constituyen una destrucción ilegal del Departamento de Educación, creado por el Congreso y que solo este puede desmantelar”.