Washington D.C. – Junto a una docena de demócratas del Congreso, la puertorriqueña Nydia Velázquez (Nueva York) reclamó el viernes al Servicio de Rentas Internas (IRS) que provea información al público sobre los esfuerzos que lleva a cabo para asegurar que los beneficiarios de la antigua ley 22 de Puerto Rico cumplen con las normas del estatuto.

Como parte de ese llamamiento, Velázquez y sus colegas, incluidos los boricuas de Nueva York Alexandria Ocasio Cortez y Ritchie Torres, solicitaron al IRS que acelere una solicitud de información de la coalicion Puerto Rico No Se Vende, que ha pedido detalles sobre esos esfuerzos.

“El paraíso fiscal que la (antigua) ley 22 ha creado en Puerto Rico ha proliferado el uso de alquileres a corto plazo, ha aumentado las ventas de propiedades en efectivo y la especulación en el mercado, y ha provocado el desplazamiento del propio pueblo puertorriqueño”, indicaron los legisladores, en una carta al comisionado del IRS, Daniel Werfel.

Agregaron que “un estudio reciente realizado por el Centro para una Nueva Economía (CNE) encontró que la rápida expansión de los alquileres a corto plazo afectó negativamente al mercado inmobiliario, de 2014 a 2020, al provocar un aumento promedio de 7% en la renta media y un aumento de 23% en el precio de una unidad de vivienda mediana”.

Bajo la antigua ley 22, ahora parte de la Ley 60 de 2019, el gobierno de la isla otorga una exención total del pago de impuestos sobre ciertos ingresos pasivos a personas que no vivieron en Puerto Rico entre 1997 y 2012, y que decidan mudarse a la isla, al menos, 183 días al año.

Los legisladores señalaron que informes del gobierno de Puerto Rico han acentuado que los beneficios de la antigua ley 22 son parte de las exenciones tributarias por las cuales el erario puertorriqueño dejará de recibir $4,500 millones en ingresos entre 2020 y 2026. “Esto es particularmente problemático para una jurisdicción donde se han adoptado duras políticas fiscales para reestructurar la deuda pública, incluida la reducción de los servicios financiados con fondos públicos”, añadieron.

También aludieron a informes del propio IRS en el sentido de que 647 de los 2,232 beneficiarios del estatuto habían pagado $557.9 millones al gobierno federal cinco años antes de mudarse a Puerto Rico, lo que puede reflejar una parte del ingreso que dejan de recibir.

Por tal razón, los congresistas consideraron “esencial comprender hasta qué punto el IRS y el Departamento de Hacienda de Puerto Rico están monitoreando a los individuos y empresas estadounidenses que reclaman beneficios tributarios bajo la ley 60, particularmente, porque el número de beneficiarios de la ley 22/ley 60 continúa creciendo exponencialmente”.

La misiva también está firmada por el líder de la minoría demócrata en el Comité de Recursos Naturales, Raúl Grijalva (Arizona); Adriano Espaillat (Nueva York); Rashida Tlaib (Michigan); Barbara Lee (California); James McGovern (Massachusetts); Dan Goldman (Nueva York); Lloyd Doggett (Texas); André Carson (Indiana); Cori Bush (Misuri), y Alma Adams (Carolina del Norte).

El IRS ha anunciado que ha identificado a cerca de un centenar de millonarios –beneficiarios de decretos tributarios en Puerto Rico– que pueden haber reclamado ilegalmente residir en la isla para no pagar impuestos a nivel federal, o reducir esa carga contributiva.

La agencia federal ha llevado a cabo una auditoría por tres años y adelantado que muchas de las personas ya identificadas enfrentarán una investigación criminal.

Mientras, los congresistas indicaron que el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) de Puerto Rico, que aprueba los decretos tributarios, ha señalado que no tiene suficientes recursos para supervisar el cumplimiento de esa ley y no ha divulgado los resultados de los informes anuales sobre los beneficiarios del programa.

En julio, los congresistas Grijalva, Velázquez, Ocasio Cortez y Torres pidieron a la Oficina de Contraloría General (GAO) examinar el impacto de la antigua ley 22 sobre la economía de Puerto Rico y los ingresos del gobierno federal.

Organizaciones cívicas –como el Center for Popular Democracy, que lidera la coalición Puerto Rico No se Vende, y Power4PuertoRico– tienen activa una campaña en contra de los beneficios del estatuto.

Como parte de esos esfuerzos, el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU), capítulo de Illinois, ha pedido al liderato del Congreso que legisle para evitar que millonarios estadounidenses se beneficien de la antigua ley 22, por entender que, entre otras cosas, generan más desigualdad económica en la isla.

Ante las críticas al estatuto, el director de la Oficina de Incentivos del DDEC, Carlos Fontán, ha defendido su impacto, e indicado que, en 2020, se estimó en $159.4 millones anuales las contribuciones pagadas en Puerto Rico por unos 5,000 beneficiarios.