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En Puerto Rico el arte público ya no es importante. En este momento cualquier esfuerzo relacionado ha ido a parar a las catacumbas de lo que podría considerarse prioridad. No hay política pública y uno de los esfuerzos más relevantes, la creación de la Ley de Arte Público del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (la Ley 107 del 16 de agosto de 2001), acaba de desarticularse tras la derogación de esta ley el pasado 30 de agosto por la actual Legislatura. Se indicó que el dinero que correspondería a proyectos artísticos sería transferido al Fideicomiso de los Niños (creado en virtud de la Ley 173 de 1999, según enmendada). Y contra eso, como se podrá imaginar, es complicado debatir. Después de todo, nadie se opone a esfuerzos que vayan dirigidos al bienestar de la niñez. Ahora bien, ¿cuáles proyectos? ¿Quién garantiza que se trata de esfuerzos meritorios y legítimos? ¿Por qué a la hora de desangrar presupuestos la cultura siempre pareciera ser el primer donante de sangre? O digámoslo de manera más elocuente: ¿Y el arte, qué?

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