El director de la Real Academia Española, Santiago Muñoz Machado.
El director de la Real Academia Española, Santiago Muñoz Machado. (EFE)

En medio de las dificultades principalmente económicas que enfrentaba la Real Academia Española (RAE) cuando inició su mandato, en enero de 2019, Santiago Muñoz Machado expresó de manera categórica que “el buen funcionamiento de la RAE es una cuestión de Estado”.

Ahora señala: “Este bien cultural es el más importante y, por tanto, cuidar a la institución que se ocupa de la lengua es a la vez una cuestión de Estado. No nos imaginamos en España que de pronto el Ministerio de Educación o de Cultura o de Gobernación se ocupe de hacer un diccionario de la lengua”.

Una experiencia dramáticamente distinta es la que está viviendo la Academia Nicaragüense de la Lengua, a la que el Gobierno de ese país le acaba de quitar la personería jurídica.

Este bien cultural es el más importante y, por tanto, cuidar a la institución que se ocupa de la lengua es a la vez una cuestión de Estado.

La RAE y la Asociación de Academias de la Lengua Española (Asale) han rechazado públicamente la medida, pero respecto de otras acciones, Muñoz Machado explica: “Hacer algo de modo imperativo o ejecutivo, no, porque no somos un poder público. Pero lo que sí podemos hacer es protestar y movilizar todas las fuerzas culturales que seamos capaces de llamar a rebelarse contra tamaña arbitrariedad. Ayer, en el pleno de la Real Academia, acordamos hacer un manifiesto por el cual decimos desconocer la decisión del Gobierno nicaragüense. Para nosotros, la Academia Nicaragüense de la Lengua seguirá existiendo, la ampararemos, la protegeremos, procuraremos que sigan reuniéndose sus miembros, porque lo que el decreto gubernamental establece es la supresión de la personalidad jurídica del organismo, pero no impide, esperemos, que se sigan reuniendo. Ampararemos esas reuniones y seguiremos considerando que es una más de las academias miembros de la Asale y procuraremos complementar sus recursos, por ejemplo, ayudándoles a que publiquen su boletín, sus libros de investigación en materia lingüística. La decisión (del Gobierno nicaragüense) no la consideramos ejecutiva en lo que nos concierne”.

El director de la Real Academia Española concede esta entrevista a través de la pantalla en medio de los preparativos de su próximo viaje a Chile, donde cumplirá con diversos compromisos para luego seguir a Perú. “Antes de que empezara la catástrofe pandémica, visité todo Centroamérica y el Caribe y ahora tengo que hacer lo posible por visitar el mayor número de las demás academias”.

El destacado jurista, escritor y académico, nacido en 1949 en la localidad andaluza de Pozoblanco, dirige el Diccionario del español jurídico y el Diccionario panhispánico del español jurídico y es autor de una vasta obra que incluye libros de esta especialidad, así como estudios históricos, y ensayos y obra narrativa. En esta última vertiente, acaba de presentar en Madrid –durante una amena conversación con Mario Vargas Llosa– un libro monumental dedicado al autor del Quijote y titulado, de manera sencilla y contundente: Cervantes.

Diccionario en papel

Al ser elegido director de la RAE, en diciembre de 2018, usted señaló tres objetivos respecto de la institución: una buena gestión, hacer crecer su prestigio y resolver sus problemas inmediatos, en particular los financieros. ¿Cómo es su evaluación, cuando ya se encuentra en el último año de su mandato?

Estoy razonablemente satisfecho con lo ocurrido, porque esos objetivos me parece que han sido cumplidos. La Academia está en buena posición respecto de sus necesidades financieras, en tanto que tenemos una asignación del gobierno de la nación que nos permite atender nuestros gastos corrientes de funcionamiento y por otra parte, tenemos también la ayuda, para nuestros programas, de patrocinadores y mecenas. Hemos desarrollado en los últimos tres años muchos programas nuevos, que necesitan ser atendidos económicamente.

Tenemos también la ayuda, para nuestros programas, de patrocinadores y mecenas. Hemos desarrollado en los últimos tres años muchos programas nuevos, que necesitan ser atendidos económicamente.

¿Qué destaca del trabajo de estos tres años?

Hay una línea tradicional de trabajo que se ha mantenido siempre. La Academia, junto con las academias del mundo hispanohablante, establece la normativa del idioma, la regulación general de la lengua, y lo hace mediante tres normas principales: su diccionario, la ortografía y la gramática, que mantiene continuamente al día. Pero además de ese trabajo hemos desarrollado muchos proyectos: un Diccionario histórico de la lengua española, que la Academia viene procurando establecer desde hace ya casi 100 años; un Diccionario panhispánico del español jurídico; hemos puesto al día el Diccionario panhispánico de dudas; trabajamos en las demás obras. Y nos hemos incorporado con mucha convicción al mundo de la revolución digital.

¿Van a seguir publicando el Diccionario de la lengua española solo de manera digital?

Sí. Ahora estamos haciendo una edición nativa digital, un gran banco de datos para ampliar lo que era el diccionario en papel, con mucha más información. A mí me gustaría, siempre lo repito, que sobre ese banco de datos que va a estar solamente en línea, hiciéramos también ediciones en papel, aunque sean resumidas. Mi ilusión es que en 2026, cuando se publique la nueva edición del Diccionario de la lengua española, hagamos también una edición en papel, aunque sea para coleccionistas o nostálgicos.

El uso de “les niñes”

Usted ha sido un promotor de la claridad en el lenguaje jurídico y uno de los motivos que lo trae a Chile es la creación de una red panhispánica. ¿En qué consistirá este acuerdo?

Voy a firmar en Santiago la constitución, junto con el Tribunal Supremo español y la Corte Suprema, entre otras muchas instituciones, de una especie de confederación de redes de lenguaje jurídico claro. Existen ya estas redes en Chile y en otros países, pero queremos confederarnos para hacer una red panhispánica. La queja contra los juristas, los legisladores y los jueces de que escriben para ellos y que tienen un lenguaje conscientemente oscuro proviene del Siglo de Oro, al menos, del siglo XIV o XV. Sigue siendo cierto que las leyes y las sentencias de los tribunales pueden ser más claras, que las comunicaciones de los poderes públicos a los ciudadanos tienen que ser más entendibles. Es muy importante movilizar para que realmente consigamos hacer efectivo el derecho a comprender lo que los poderes públicos les dicen a los ciudadanos, porque de eso depende el ejercicio de todos los demás derechos, de todas las libertades.

En nuestro país, en un instructivo de la Subsecretaría de Educación se indicaba hace unos días que lo correcto era referirse a los niños, las niñas y ‘les niñes’. El ministro de Educación apoyó la publicación y desestimó las críticas a esta forma no aprobada por la RAE. ¿Cuál es su opinión?

La RAE no es la única que puede normar esto, desde luego. Son los ciudadanos, al usar el idioma, los que establecen las reglas. La RAE siempre va un poco por detrás de la ciudadanía. La RAE lo que puede decir es que una fórmula como ‘les niñes’ no está en los usos generales, no forma parte de la gramática ni es ortodoxa esa manera de hablar y probablemente en muchos lugares no la entenderán. Es más bien una manifestación política, una expresión que no tiene realidad práctica. Nosotros constatamos qué clase de castellano es el que se está utilizando por la sociedad en un momento determinado y con estos criterios, que suponen un conocimiento de fondo de la situación, podemos concluir que ‘les niñes’ no se utiliza o se utiliza muy poco en la práctica. Pero si hay colectivos que quieren emplearlo o les parece preferente por razones de cualquier clase, pues son muy libres de tratar de imponerlo. Si alguien quiere implantarlo, adelante, y si lo consigue, pues lo felicitaremos en el futuro y en tal caso habrá que cambiar las normas de nuestras reglas para incorporarlo.

‘Les niñes’ no se utiliza o se utiliza muy poco en la práctica. Pero si hay colectivos que quieren emplearlo o les parece preferente, pues son muy libres de tratar de imponerlo.

Usted asumió como director cuando la RAE elaboraba un informe respecto del lenguaje inclusivo en la Constitución española. ¿No fueron necesarios los cambios en una Constitución que cumplía 40 años?

La Academia hizo un estudio que presenté yo mismo, como director, a principios de 2019, en que la conclusión fue que la Constitución española está bellamente redactada con un lenguaje adecuado conforme a su tiempo y que no veíamos que hubiera necesidad de modificarla por razones de incorporar lenguaje inclusivo si por ello se entiende el desdoblamiento de género, que era a lo que se refería. A los redactores del informe, que fueron tres o cuatro destacados lingüistas de la Academia, les parecía que realmente la utilización habitual del masculino genérico era adecuada conforme a las pautas del español de su tiempo. La Academia, no obstante, es perfectamente consciente de que hay muchas cosas en sus obras que deberían ser mejoradas y adaptadas al tiempo actual. Somos conscientes de la justicia de la reivindicación sobre el lenguaje sexista, sobre la masculinización de muchas obras, de muchas formulaciones que tenemos todavía en el diccionario, por ejemplo, porque proceden de siglos atrás. Hemos hecho un trabajo enorme de adaptación, que tenemos documentado y lo publicamos en nuestra Crónica de la lengua española en 2020. Nosotros decimos que la Constitución y las leyes deben evitar esa excesiva masculinización en lo sucesivo, pero también pedimos ser cuidadosos respecto del manejo del lenguaje. La reivindicación de igualdad de la mujer es de las más justas y más evidentemente necesarias en nuestros tiempos, pero el lenguaje no tiene la culpa de la desigualdad de la mujer.

¿Qué opina en ese sentido de que se incorpore este lenguaje en la Constitución chilena, donde el tema tiene plena vigencia?

Tengo mucho interés de leer, ahora cuando esté en Chile, los borradores de la Constitución. También como jurista, porque hay muchas cosas enormemente importantes que se están haciendo; por ejemplo, el reconocimiento de capacidad normativa a muchas comunidades e instituciones que plantearán en lo sucesivo una interesante cuestión técnica, cómo articular todo ese conjunto normativo en un sistema que sea unitario, sin conflictos y fácil de aplicar. Me interesa muchísimo la experiencia de la Constitución chilena por el procedimiento que están siguiendo para elaborarla, por la participación plural, y me interesa naturalmente, ahora como director de la Academia, examinar el lenguaje que se está empleando. Es importante que se tenga en cuenta que la Constitución es un texto general, que debe ser económica en cuanto al lenguaje, debe procurar esa modernización desde el punto de vista del género y evitar el sesgo masculino o machista, pero al mismo tiempo tiene que procurar que la transformación no haga el texto oscuro o muy difícil de manejar. Hace falta que también prime la economía y la razonabilidad.

Nota publicada originalmente en el diario El Mercurio.

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