Ante el inminente impacto económico que tendrán los aumentos arancelarios de Estados Unidos, la gobernadora Jenniffer González Colón informó este lunes que evaluarán posibles cambios al regimen de arbitrios que el gobierno estatal aplica a vehículos de motor en Puerto Rico.

Esa fue una de las diversas recomendaciones que más de 30 líderes del sector privado compartieron con el equipo económico del gobierno para mitigar el posible impacto que tengan los nuevos aranceles impuestos recientemente por el presidente Donald Trump.

González Colón hizo el anuncio durante una conferencia de prensa en el Centro de Convenciones en la que admitió que los cambios arancelarios que impulsa la administración Trump tendrán un impacto “negativo” para Puerto Rico.

Durante la conferencia de prensa, trascendió que un estudio realizado por Boston Consulting Group (BCG), encomendado por el gobierno, reveló que el sector económico que más se afectaría con los cambios arancelarios es el de autos con un costo de aproximadamente $400 millones.

“Una de las recomendaciones que se nos hizo, específicamente la industria de autos, es revisar los costos tarifarios que tienen los vehículos en Puerto Rico, que nos dicen que no se revisan hace más de 20 años y esos son cosas que se pueden hacer desde el punto de vista administrativo”, dijo González Colón en conferencia de prensa tras reunirse con sobre una decena de líderes empresariales de la isla.

A inicios del pasado mes, el presidente Trump impuso aranceles del 25% a la importación de automóviles, orden que fue puesta en pausa por 90 días para negociar con los países afectados.

En la agenda proteccionista, el magnate neoyorquino, recientemente, impuso un arancel del 100% a películas foráneas, al tiempo que mantiene una tarifa universal de 10%, mientras se dan las negociaciones.

Aunque el impacto económico puede variar, dependiendo de las negociaciones que realice el presidente estadounidense con otros países, la gobernadora indicó a preguntas de El Nuevo Día que el impacto por sector es de entre $180 millones y más de $400 millones.

De acuerdo con la gobernadora, el gobierno revisará la manera en la que se calcula el valor de los vehículos al momento de imponer el arbitrio.

Hasta el momento, el Código de Rentas Internas de Puerto Rico establece que los automóviles importados o fabricados en Puerto Rico después del 31 de octubre de 2014, están sujetos a un arbitrio que comienza en $637.50 para vehículos, cuyo costo contributivo llega hasta $6,170.

Una vez el costo contributivo del vehículo sobrepasa esa cantidad está sujeto a un arbitrio mínimo y una tasa sobre el exceso de ese monto, que comienza en 10.2% y termina en 34%.

Según reseñas de El Nuevo Día, el sector de autos en la isla respalda la propuesta de cambiar los arbitrios por una tasa fija.

A pesar de que más temprano este año, Carlos “Johnny” Méndez, indicó en un foro del Grupo Unido de Importadores de Autos (GUIA) que impulsaría cambios a los arbitrios aplicables a autos nuevos, aún no ha radicado una medida ante la Legislatura.

El Nuevo Día intentó obtener una reacción de José Ordeix, presidente de GUIA, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta.

Otra de las industrias más afectadas por los aranceles, según el informe de Boston Consulting, es la agricultura industrial y máquinas eléctricas, indicó la gobernadora.

Sin embargo, la mandataria no pudo proveer la suma de a cuánto asciende el impacto total, ni el efecto inflacionario que tendrían las tarifas en Puerto Rico.

Otras recomendaciones fueron revisar reglamentaciones, impuestos, la entrada de furgones a Puerto Rico y órdenes administrativas, que ayudarían a reducir costos operacionales en Puerto Rico.

“Nosotros estamos tomando algunas de esas iniciativas para que Puerto Rico pueda mitigar el impacto, si alguno, que esto (los aranceles) puedan tener”, dijo la gobernadora.

Asimismo, los empresarios recomendaron al gobierno invertir en mejoras a las zonas francas de la isla, asunto que Sebastián Negrón Reichard, secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), indicó evaluarán cuánto costará. Las zonas francas de comercio son áreas geográficas donde empresas de diverso tipo mantienen mercancía sin tener que pagar impuestos hasta el momento en que tales bienes o materias primas llegarán a establecimientos para su venta directa o a empresas para la etapa de producción, respectivamente.

“Las zonas francas permiten traer mercancías a Puerto Rico, trabajar en ella, llevarla a un valor final y luego exportarla, sin necesariamente pasar por un proceso arancelario. Vamos a estar evaluando cuánto cuesta llevar esas zonas francas a un nivel óptimo”, dijo Negrón Reichard.

El Nuevo Día conversó con diversos líderes del sector privado que participaron de la reunión, entre ellos Yandia Pérez, vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Industriales, y Marnie Marquina, presidenta de la Asociación de Centros Comerciales Puertorriqueños, quienes cuales se mostraron complacidas con el diálogo fomentado por el gobierno.

“Todos los sectores tuvieron la oportunidad de expresarse y me parece un paso importante”, dijo Marquina. “La principal preocupación es cómo se van a ver afectados los niveles de inventario, porque ya desde ahora se están viendo afectados”, abundó.

De otra parte, la gobernadora informó que luego de ordenar más temprano este que el Departamento de Estado se embarcara en un proceso de análisis y eficiencia gubernamental, emitió una nueva orden ejecutiva en la que reasignó tales roles al “coordinador de eficiencia gubernamental”, una nueva figura dentro del gobierno que ahora ocupa, la exsecretaria de Estado, Verónica Ferraiuoli.

“Aunque no esté como secretaria de Estado se mantiene, nosotros hicimos los cambios en las órdenes ejecutivas y se le (mantuvieron) las designaciones de lo que es el DOGE (Departamento de Eficiencia Gubernamental) local, de revisión de eficiencia gubernamental”, dijo González Colón.