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Luego de su insolvencia, el Banco Gubernamental de Fomento cerró operaciones en marzo de 2018.
Luego de su insolvencia, el Banco Gubernamental de Fomento cerró operaciones en marzo de 2018.

A poco más de un año de que la jueza de distrito federal Laura Taylor Swain diera paso a la reestructuración de la deuda del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), la entidad sucesora de esa institución no tenía suficiente efectivo para pagar a los bonistas durante el mes de febrero y optó por emitir “un pago en especie”, acumulando la deficiencia en el principal que se renegoció bajo la ley federal Promesa.

En una notificación al mercado, que pasó por desapercibida por tratarse de una nueva entidad con números de serie distintos a los que identifican al gobierno de Puerto Rico, el fiduciario de la Autoridad para la Recuperación del BGF (GDBDR), Wilmington Trust, informó a los bonistas que distribuiría a estos unos $43.2 millones pagados por GDBDR y que la diferencia del pago programado para febrero pasado se añadiría al principal adeudado. El fiduciario agregó unos $36.4 millones al principal adeudado por el GDBDR, según el documento.

El pago del pasado 20 de febrero era el segundo en la amortización de la deuda reestructurada del BGF, partiendo del Sistema de Monitoreo de Información Municipal (EMMA, en inglés).

De acuerdo con la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), desde que se aprobó la reestructuración, era sabido que no habría efectivo suficiente para honrar dicho pago.

 Wilmington informó a los bonistas que, ante lo sucedido, había contratado los servicios de Kristin Going, de McDermott Will & Emery LLP para representarles.

El “pago en especie” efectuado por GDBDR fue reportado inicialmente por la publicación especializada The Bond Buyer.

Sindicato arremete contra el gobierno y la JSF

“El reporte de prensa de una notificación a (la Junta Reglamentadora de Valores Municipales) notificando al mercado que una parte del gobierno de Puerto Rico ahora no tiene capacidad para pagar a los bonistas, aun después de la reestructuración bajo Promesa provee evidencia concreta de lo que el Sindicato Internacional de Empleados de Servicio (SEIU) y sus integrantes en Puerto Rico hemos venido diciendo desde hace mucho, Promesa es pobreza”, señaló el grupo laborista haciendo referencia al pago parcial efectuado por GDBDR.

El sindicato sostuvo que en lugar de seguir los consejos que se le ofrecieron, el gobierno de Puerto Rico aceptó ajustar la deuda del BGF en apenas 33%.

“El regalo del gobierno a Wall Street ha llevado al fracaso en apenas un año y tres meses después mientras Puerto Rico continúa en bancarrota”, estableció el SEIU al fustigar a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) por no procurar recortes más ambiciosos.

El sindicato recordó que advirtió de los posibles efectos de Promesa al Congreso, porque la legislación federal no incluía herramientas adecuadas para que Puerto Rico llevara sus niveles de deuda a niveles sostenibles y que a la larga, Puerto Rico terminaría en otro proceso de bancarrota.

Luego de legislar la creación de GDBDR como entidad sucesora del BGF, esa entidad recibió unos $5,988 millones en préstamos y propiedades con el objetivo de administrar y cobrar tales financiamientos para pagar la deuda reestructurada. A esos efectos, el pasado 21 noviembre de 2018, GDBDR emitió unos $2,597 millones en bonos para intercambiar la deuda por concepto de bonos del otrora agente fiscal y que superaba los $4,000 millones.

El pacto que se zanjó bajo el Título VI de Promesa supuso una nueva serie de bonos vigentes hasta el año 2040. Estos tienen como fuente de repago los ingresos que dejen las propiedades transferidas o los pagos que efectúen agencias de gobierno y municipios a GDBDR.

El pacto fue el segundo acuerdo de reestructuración desde que el gobierno quedó sujeto a Promesa y la administración de Ricardo Rosselló Nevares y en particular, el expresidente del BGF e integrante del chat que provocó la salida del exmandatario, Christian Sobrino Vega, se adjudicaron crédito por la transacción.

Permitido capitalizar intereses, según la Aafaf

Partiendo del contrato de bonos, acumular intereses no pagados en el principal que se adeuda no constituye un evento de impago.

Bajo el contrato de bonos, el impago o "default" se daría, si el GDBDR no hubiera acumulado lo adeudado al principal vigente. Otra condición de impago o “default” sería cualquier intento del gobierno por buscar la bancarrota incluyendo invocar nuevamente Promesa.

Empero, la decisión supone que el GDBDR tendrá que pagar la cuantía acumulada más adelante en el tiempo, considerando la tasa de interés que se negoció con los bonistas y que ronda 7.5%.

Según la Aafaf, el pago combinado entre efectivo y especie emitido por GDBDR era sabido desde el inicio. Se indicó además que la dependencia -que ahora opera como una entidad aparte aunque es una instrumentalidad de gobierno- pagó más de lo proyectado para el 2018.

“Desde el origen de la transacción se proyectó que el pago de febrero de 2020 no tendría suficiente efectivo para hacer el pago de interés completo”, indicó la Aafaf al descartar que exista algún problema con el cobro de los préstamos municipales o gubernamentales que actúan como colateral.

La Aafaf explicó que el pago programado para febrero pasado era de $76.3 millones y se pagó más dinero en efectivo de lo proyectado. En la proyección de 2018, se estimó que el pago en efectivo para febrero de 2020 sería de $35.9 millones y se capitalizarían $40.4 millones. El pago en efectivo que recibieron los bonistas el mes pasado, según la Aafaf, habría sido $7.3 millones más de lo previsto, capitalizando la diferencia para un total de $79.6 millones.