Nota de archivo: este contenido fue publicado hace más de 90 días.

El proyecto en cuestión, identificado como “Merchant Cash Advance” o MCA, buscaba crear una plataforma tecnológica para otorgar préstamos a pequeñas empresas que no tenían buen crédito o colateral para tomar prestado.
El proyecto en cuestión, identificado como “Merchant Cash Advance” o MCA, buscaba crear una plataforma tecnológica para otorgar préstamos a pequeñas empresas que no tenían buen crédito o colateral para tomar prestado. (David Villafañe Ramos)

Mientras el Banco de Desarrollo Económico (BDE) procuraba vender sus préstamos para fusionarse con la Administración para el Financiamiento de la Vivienda (AFV), la institución acordó invertir casi $20 millones en una nueva empresa, cuya implementación era incierta y su contratación sería nula, según un análisis legal examinado por El Nuevo Día

El proyecto en cuestión, identificado como “Merchant Cash Advance” o MCA, buscaba crear una plataforma tecnológica para otorgar préstamos a pequeñas empresas que no tenían buen crédito o colateral para tomar prestado. Este se llevaría en conjunto con dos firmas, propiedad de Anyori Hernández, bajo los nombres de Koveted LLC y Yorkstone Management.

Sin embargo, según un análisis del estudio legal Cancio, Nadal, Rivera & Díaz, los contratos otorgados entre el BDE y Yorkstone serían nulos. 

Entre otras cosas, el análisis legal señala que el BDE no salvaguardó sus intereses en el acuerdo; no efectuó un proceso competitivo aunque el acuerdo podía incluir la compra de bienes como programas computadorizados; adelantó dinero para que se creara la nueva empresa y los fondos públicos aportados no serían restituidos al banco aun si el el acuerdo con Yorkstone no prosperaba. El acuerdo tampoco habría sido evaluado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), alega el informe.

“Reiteramos la norma de contratación pública que sanciona el adelanto de fondos públicos a una entidad privada como regla general”, reza el análisis de Cancio, Nadal, Rivera & Díaz y en el cual, se agrega que, tanto la nulidad del contrato como “el recobro de fondos adelantados” es “un asunto que el Departamento de Justicia y la Oficina de la Contralora deberán examinar”.

El Nuevo Día intentó comunicarse con Hernández, pero no tuvo éxito. Koveted es una firma registrada por Hernández en Nueva York hace cinco años y es propietaria de Yorkstone Management. Esta última, es una firma registrada por Hernández en el Departamento de Estado de Puerto Rico el 25 de febrero pasado. En ninguno de los documentos de registro de estas firmas aparece algún número telefónico o correo electrónico.

El proyecto

Según el análisis de Cancio, Nadal, Rivera & Díaz, en mayo de 2018, la administración del BDE presentó al comité de Inversiones del banco una propuesta para implementar el MCA. 

La iniciativa, según fuentes de este diario, surgió por vía de uno de los consultores del BDE, de nombre Strategic Solutions Group.

Según el análisis legal, el BDE invertiría en principio $4 millones, a cambio del 40% de las acciones comunes de una nueva empresa en la que el banco y Yorkstone serían socios. 

La Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) confirmó a este diario que recibió un pedido de autorización por parte del BDE para el establecimiento del MCA.

El comisionado George Joyner explicó que la OCIF concluyó que no se requeriría de otras autorizaciones separadas para otorgar financiamientos en Puerto Rico siempre la firma estuviera vinculada con el BDE. 

Sin embargo, Joyner hizo hincapié en que la OCIF no pasó juicio de la estructura de inversión propuesta o de las firmas que utlizaría el BDE para llevar a cabo el proyecto.

Para implementar el proyecto, el BDE invertiría unos $4 millones a través de su subsidiaria Economic Development Bank Capital Investment (EDBCI), que a su vez, crearía una nueva entidad en conjunto con Yorkstone.

Aunque Yorkstone “no aportaría cantidad monetaria alguna”, dice el análisis legal, la firma recibiría el 60% de las acciones de la nueva empresa. Yorkstone también recibiría un pago mensual de $75,000 o el 2% de los recibos mensuales de la firma para las tareas de administración. El BDE además aportaría otros $200,000 para costos y honorarios de terceros, incluyendo asesoría legal, mercadeo, seguros y tecnología.

Entre otras cosas, la nueva empresa crearía nuevas cuentas bancarias y tenía previsto reclutar a KOI IXS, filial de la agencia de publicidad KOI, para el mercadeo de la nueva empresa, el desarrollo de la marca y el portal web.

De acuerdo con el documento, aparte de lo pactado, la subsidiaria del BDE conseguiría una línea de crédito de $9 millones y se comprometía a aportar hasta $15 millones para echar adelante la nueva empresa.

Por su parte, Yorkstone se comprometía a depositar en una cuenta de reserva en Oriental Bank, el 2.5% de lo invertido por el BDE y Hernández depositaría $100,000 como parte del acuerdo. El análisis legal -con fecha del pasado 17 de junio- establece, en contraste, que “no tenemos evidencia de si los $100,000 fueron depositados”.

Transacciones dudosas

La inversión del BDE en el proyecto de MCA se gestaba al tiempo en que el banco tomaba otras decisiones como vender sus acciones en la fallida Seaborne Airlines y salir de casi $400 millones en préstamos comerciales que fueron vendidos a Condado 6 y PR Recovery.

En el caso de Condado 6, un tribunal ya declaró en una demanda incoada por uno de los exclientes del BDE que la compraventa de los préstamos es nula. En el caso de PR Recovery, el BDE ha demandado por entender que la compraventa fue nula.

Partiendo del análisis legal, el comité de Inversiones del BDE aprobó la propuesta de Yorkstone en mayo pasado, lo que coincide con el momento en que Luis Burdiel Agudo fue destituido de su cargo.

Burdiel Agudo y el exvicepresidente del BDE, Gilberto Hernández Negrón, encaran una investigación del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) por asuntos que no estarían relacionados a Yorkstone.

En julio pasado, el exsecretario de la Gobernación, Ricardo Llerandi Cruz anunció que se había cancelado el contrato entre el BDE y Yorkstone y que el gobierno habría solicitado la devolución de unos $875,000 a la firma, pero no se ofrecieron más detalles.