El Gobierno de Puerto Rico instó hoy a sus acreedores a negociar los términos de devolución de la deuda, sin ofrecerles nada en concreto, y evitar así las consecuencias de un litigio ante los tribunales estadounidenses que puede ser largo y costoso.

Este fue el mensaje transmitido hoy a los bonistas de la isla durante la primera reunión que el Gobierno de Puerto Rico mantuvo con ellos para tratar de convencerlos de la necesidad de renegociar los términos de la devolución de una deuda que asciende a 72,000 millones de dólares y que asfixia las cuentas de un territorio de 3.6 millones de habitantes.

Durante la reunión, que se prolongó por poco más de una hora en un auditorio de la sede de Citigroup en Manhattan, Jim Millstein, exempleado del Tesoro de EE.UU. y que ejerce como asesor de Puerto Rico en estas negociaciones, animó a los acreedores de la isla a mejorar su disposición a negociar, en beneficio de todas las partes, pero rehusó concretar propuestas.

Por su parte, la máxima responsable de las finanzas de Puerto Rico, Melba Acosta, aseguró que para superar la crisis se requieren sacrificios de todas las partes, tanto de la sociedad y el Gobierno puertorriqueños, como de los acreedores.

Según explicaron, un litigio "interminable" derivado de la incapacidad de la isla de pagar los intereses de la deuda tal y como se acordó en su día dañaría aún más su situación financiera, lo que perjudicaría también a los acreedores, que tendrían más difícil recuperar su inversión.

"Estamos comprometidos a trabajar con todas las partes para asegurarnos de que Puerto Rico está en el camino correcto hacia la recuperación, y esperamos contar con ustedes en este proceso", dijo Acosta.

En tanto, un pequeño grupo de manifestantes se apostaba ante la sede de Citigroup para reclamar a los acreedores que ayuden a la isla a salir del atolladero financiero en el que está envuelta.

En ese sentido, expresó el compromiso del Gobierno a presentar en un mes y medio un plan fiscal "creíble" a cinco años, cuyo cumplimiento esté garantizado por una junta independiente que ayude a darle la credibilidad de la que en la actualidad adolece la isla ante los mercados financieros.

También consideró que es necesaria una mayor implicación de Washington, a la que "no estamos pidiendo un rescate", sino que abra vías legislativas que facilitarían la recuperación, según apuntó Acosta en respuesta a las preguntas de algunos acreedores.

Durante la reunión, el Gobierno de Puerto Rico indicó que era demasiado pronto para entrar en detalles sobre qué parte de la deuda quiere renegociar y qué términos propone, y dijo que eso habrá que definirlo en consenso con los acreedores.

"Les pido paciencia en lo que desarrollamos un plan creíble para atender la situación", que se espera que esté listo antes del 1 de septiembre, dijo Acosta durante una reunión que fue transmitida también en abierto por internet.

Al respecto Millstein señaló que lo ideal sería ir viendo "emisor por emisor" y puso el ejemplo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), que lleva cerca de un año negociando con sus acreedores, mientras que la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), otra de las más endeudadas, podría tener capacidad para realizar sus pagos a tiempo.

"Somos conscientes de que este proceso tendrá un efecto negativo en la economía, (...) por eso queremos que sea lo más rápido posible, para que el acceso a los mercados se pueda restablecer cuanto antes", dijo en referencia a la "inevitable" necesidad que tendrá Puerto Rico -con casi una década de recesión- de volver a pedir prestado.

La reunión se dedicó básicamente a hacer una presentación del informe que un equipo encabezado por Anne Krueger, ex subdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) y ex economista jefe del Banco Mundial (BM), elaboró sobre la situación de la isla por encargo del Gobierno local y que ya fue difundido hace dos semanas.

Durante su presentación de hoy Krueger fue precisa y destacó la complicada situación financiera de la isla, debido tanto a factores internos como a su peculiar relación política con EE.UU.

"Encontrar una salida a esa trampa redunda en beneficio de todos", dijo Krueger, a lo que Millstein añadió que el Gobierno espera que esto sea posible a través de "un proceso transparente y abierto que evite los litigios" judiciales.