Como respuesta a la necesidad de vivienda asequible y segura en un ambiente inflacionario y de intereses altos, “vamos a agregar $200 millones al Programa de Asistencia Directa al Comprador (ADC)”, anunció el secretario de la Vivienda, William Rodríguez.

Este programa, que ahora eleva su asignación de fondos federales de recuperación CDBG-DR a $495 millones, aporta hasta $60,000 para que domicilios de ingresos bajos a moderados puedan hacerse de un hogar propio.

“Esperamos que sea suficiente, todo depende de cuánto aumente el flujo de solicitudes”, manifestó Rodríguez en primicia para En pies cuadrados.

Con esta inyección adicional, el titular estimó que el ADC pueda mantenerse en vigor dos años más y continuar absorbiendo parte del golpe al poder adquisitivo que encaran las familias trabajadoras con el alza simultánea de intereses, precios y costos de construcción.

Por su parte, Blanca Fernández, directora ejecutiva de la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda (AFV), informó que “ya hemos tenido el privilegio de ayudar a 5,172 familias. Hemos distribuido $172 millones de la asignación de $295 millones y esperamos distribuir mucho más”.

La AFV es la agencia que administra el programa financiado con fondos CDBG-DR.

Del total de cierres, Fernández informó que “1,800 han sido de familias con personal esencial para la recuperación y más de 2,900 han sido de jefas de familia”.

Sobre quién cualifica como personal esencial de recuperación, la subsecretaria de Recuperación de Desastres bajo el Programa CDBG-DR, Maretzie Díaz, destacó que, además de roles de salud, educación y seguridad, se ha expandido para incluir “a los que se dedican a cuidado de animales, distribución de alimentos e infraestructura crítica”.

“Queremos garantizar que este personal se pueda quedar en Puerto Rico”, expresó Díaz.

A su vez, Rodríguez recordó que los casos de ADC que involucren a ese personal pueden obtener “hasta $10,000 por encima de lo que recibe la ciudadanía en general”. Esto responde a que las aportaciones máximas para el resto de las familias es de $45,000 y para personal de recuperación es de $55,000. Mientras, si la vivienda seleccionada está en un casco urbano, se pueden obtener $5,000 adicionales.

Hasta la fecha, la ayuda promedio es de $33,000, mientras que el promedio del precio de venta de las propiedades ronda $117,910.

¿Cómo solicitar?

Los funcionarios compartieron que para servir mejor a los solicitantes cuentan con un nuevo cuadro telefónico: 939-333-5417. Además, Fernández indicó que toda la información está en compratucasa.pr.gov o se puede acudir a alguna de las 62 instituciones financieras participantes, que incluyen cooperativas, bancos hipotecarios y los tres bancos comerciales.

“Y el consejo más importante: Solicitar con toda la documentación completa para que el caso se tramite de la forma más ágil”, recalcó el secretario Rodríguez.

Sobre la capacidad para atender los casos con agilidad, una de las quejas que tanto la banca hipotecaria como los solicitantes volvieron a levantar en 2022 cuando las tasas comenzaron a subir con rapidez y frecuencia, Fernández aseguró que la AFV está “agregando continuamente recursos para seguir agilizando”.

Al examinar el historial de cierres, se confirma que los ajustes han tenido el efecto de escalar el programa. Mientras que de julio a diciembre de 2020 se cerraron 27 casos, 4.5 por mes; en 2021 se cerraron cerca de 1,400 (pues la cifra anual se proveyó a mediados de diciembre), o 116.7 mensuales.

Para diciembre de 2022, el total de casos alcanzó 4,622. Al restar los informes anteriores, durante el año pasado se tramitaron con éxito al menos 3,195 casos, equivalentes a 266.25 al mes. Y, entre enero y la primera semana de marzo, se habían cerrado 550 casos adicionales.

En cuando a qué instituciones han manejado más casos, Fembi Mortgage, Banco Popular y HR Mortgage lideran la lista con 652, 413 y 411 cierres. El sector cooperativista comienza aparecer en el séptimo escalafón, con 234 casos cerrados por la Cooperativa La Puertorriqueña.

Mientras, 57 casos se han cerrado con hipotecas de los programas creados con la Ley 87. Estas hipotecas se conocen como la “FHA boricua”, por la similitud de estar garantizada por una entidad del gobierno. En este caso, la garantía la provee la AFV, no un ente federal.