Carlos Rodríguez, presidente de la Asociación de Contratistas Generales, capítulo de Puerto Rico.
Carlos Rodríguez, presidente de la Asociación de Contratistas Generales, capítulo de Puerto Rico. (David Villafane/Staff)

Con el estimado de que Puerto Rico necesita agregar hasta 50,000 trabajadores para ejecutar sus obras de reconstrucción, las iniciativas para aumentar la mano de obra protagonizarán la agenda del ingeniero Carlos Rodríguez, presidente entrante de la Asociación de Contratistas Generales (AGCPR).

“La realidad es que hay vastas oportunidades en todos los nichos. Hace décadas que esto no se ve. Siempre en algunos periodos hay más trabajos en unos nichos que en otros, pero ahora mismo hay suficiente para todos”, aseguró el también presidente de la firma Division 16 LLC.

Rodríguez recordó que este pico de trabajo llega luego de “más de una década en la que no había trabajo en construcción. Muchos profesionales se mudaron del país debido a la escasez y otros con los impactos más recientes (desde los huracanes de 2017)”.

Debido a la dificultad para competir a nivel de Estados Unidos con un número limitado de visas H2-B para trabajadores migrantes, al punto de que en los pasados dos años fiscales Puerto Rico no recibió ni un solo visado de este programa, la AGCPR se reenfocó para pedir otro tipo de dispensa federal que integre a trabajadores indocumentados.

“Estamos promoviendo una iniciativa que se llama ‘Parole for Significant Public Benefit’. Sería una orden ejecutiva del presidente Joe Biden para que personas con estatus migratorio indefinido puedan trabajar de manera formal. Sabemos que en Puerto Rico hay muchas personas en esa situación que ya ofrecen servicios diestros en construcción”, explicó Rodríguez.

La expectativa es que esta autorización abra la puerta al trabajo formal para “15,000 a 20,000 personas”, precisó.

La propuesta de “Parole for Significant Public Benefit” se ampara en la sección 212 (d)(5) de Immigration and Nationality Act (INA). Según la información provista por la AGCPR, esta concesión se basaría en que produciría “un beneficio público significativo” al facilitar que se ejecuten las obras pendientes de reconstrucción con los más de $55,000 millones de fondos federales de recuperación.

Se requiere que los individuos con estatus migratorio indefinido lleven en la isla por lo menos desde noviembre de 2020, pues no estaría disponible para quienes han ingresado ilegalmente a terreno de Estados Unidos luego de esa fecha.

El permiso se ofrecería por dos años, con la posibilidad de renovarse.

Rodríguez recalcó que, mientras corren los esfuerzos para lograr la citada orden ejecutiva presidencial, “parte de la solución también” es atraer a personas capacitadas que por distintas razones se mantenían en el mercado informal. Según explicó, debido a la inflación global y a la alta demanda por personal, “los sueldos de los instaladores están cómodamente 35% más altos que hace 2 años y medio”.

“Lo bueno es que se alejan lo suficiente del salario mínimo. Antes estaban muy cerca aquí en Puerto Rico, porque en Estados Unidos no es así”, agregó.

Este fenómeno también ha atraído de regreso a la isla a personal diestro y profesionales, una tendencia que Rodríguez espera continúe en alza a medida que aumente la demanda por personal.

El líder de los contratistas puntualizó que las oportunidades también se están abriendo para servicios complementarios como gerencia de proyectos, abogacía y planificación.

El apoyo a iniciativas de capacitación y educación, desde la escuela superior hasta la educación continua, es otro puntal para crecer la mano de obra.

“Ayudamos a verificar los currículos, en asistir a las actividades donde los participantes tienen introducciones sobre la industria y a ofrecer oportunidades de empleo”, enumeró

Un objetivo adicional es aumentar la cantidad de programas para aprendices que se establecen formalmente.

En cuanto a cómo ve el ritmo de cómo van saliendo las subastas y obras con fondos de recuperación, Rodríguez compartió que ya ve mayor actividad en subastas para el sistema de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), en los proyectos institucionales, en carreteras, puertos y de energía renovable.

A ciegas sobre la renovación de la red eléctrica

“Los trabajos en el sistema eléctrico nos interesa a todos en Puerto Rico. Ese programa ha estado más rezagado”, contrastó. “Ahí buscamos que se agilice y haya más participación local”.

Recordó que el consorcio LUMA adoptó un acuerdo laboral (conocido en inglés como PLA) “que requiere que los contratistas que participen tengan que firmar el acuerdo con la International Brotherhood de Electrical Workers (IBEW) a tarifas que están totalmente fuera del mercado de Puerto Rico”.

A esta traba, debido a que contratistas locales y la propia AGCPR han expresado su desacuerdo con que se les imponga un acuerdo laboral que consideran oneroso y del cual no participaron, Rodríguez sumó que LUMA no ha sido clara en el alcance o el orden de las obras que tiene en agenda o que busca contratar.

“Pedimos que LUMA comunique más sobre cuál es su plan de trabajo. Entendemos que hay empresas locales que se merecen la oportunidad de participar porque tienen la capacidad económica, el peritaje y la experiencia para participar de ese nicho”, subrayó.

También ve un itinerario robusto y gran necesidad de que se inicien proyectos de construcción y rehabilitación de vivienda. “En el sistema de permisos es importante que se le ponga punto final al proceso con el Reglamento Conjunto. Los desarrolladores necesitan certeza”, afirmó.

Rodríguez recalcó que la aspiración mayor es que a esta fase de recuperación la suceda un desarrollo sostenible, porque “cuando hay infraestructura buena, hay ambiente para inversión”.

“El éxito de la construcción depende del éxito del país en otras industrias. Lo reconocemos y somos conscientes de ello”, aseveró.

💬Ver comentarios