El Departamento de la Vivienda (DV) estimó en 5,000 las unidades de vivienda asequible que el sector privado podría comenzar a construir, si el gobernador Pedro Pierluisi convierte en ley la medida que aumenta a un rango de $170,000 a $190,000 los topes de precio en proyectos de interés social.

“Esto representa un alivio significativo a la industria de la construcción en su sector privado, que le va a permitir nuevamente comenzar a desarrollar proyectos de vivienda de interés social en distintas partes de Puerto Rico”, manifestó el secretario de la Vivienda, William Rodríguez, sobre la aprobación de la versión enmendada del proyecto de la Cámara 1470.

Sin embargo, el titular reconoció que la versión aprobada “no llega a lo que se había propuesto, pero es un avance”.

Rodríguez se refería a que el proyecto original sometido por la administración Pierluisi pedía topes de precio de venta de $210,000 para casas de interés social y hasta $250,000 para unidades en proyectos multifamiliares, que involucran más costos por permisos, infraestructura y construcción de áreas comunes.

La versión aprobada no aborda los proyectos multifamiliares, pero sí avala aumentos de $49,000 a $53,000 por unidad de vivienda considerada de interés social. Al presente, el precio máximo de estas unidades se encuentra entre $121,000 y $137,000, según la más reciente revisión de la Ley 47-1987.

En entrevista separada, Vanessa de Mari Monserrate, presidenta de la Asociación de Constructores de Puerto Rico (ACPR), catalogó de “sumamente positivo que vamos a poder continuar muchos proyectos que se tuvieron que paralizar porque los costos de construcción aumentaron tan drásticamente que el precio de venta no los aguantaba”.

“Llevamos sobre un año alertando acerca de la necesidad de aumentar los límites de precio de venta. Estamos contentos de que se pudo hacer. Entendemos que es positivo para la industria, pero más importante, hay una necesidad enorme de vivienda asequible en Puerto Rico”, afirmó, por su parte, Agustín Rojo, presidente electo de la ACPR.

“Este nuevo tope nos permite considerar proyectos para la clase trabajadora, porque esto no es para personas que no trabajan o no generan ingresos. Para esa población hay otros programas. Esto es para que podamos retener personas con trabajos importantísimos, como plomeros, policías, maestros, bomberos”, recalcó Rojo.

El también ejecutivo de la empresa VRM Companies contextualizó que los topes de costo para interés social no se revisaban desde 2015: “De ahí hacia acá ha habido un cambio bien fuerte en costos, pero tenemos también la parte positiva de que los salarios en Puerto Rico han aumentado”.

De convertirse en ley, la revisión a los precios de vivienda de interés social se convertiría en otro estímulo al sector de vivienda en la isla y este se sumaría al Programa de Asistencia Directa al Comprador. El programa aporta hasta $60,000 para que personas y familias de ingresos bajos a moderados puedan asumir el costo de adquirir un hogar propio.

A continuación, seis claves sobre el proyecto cameral 1470.

1. La versión aprobada elimina la fórmula que se utiliza para establecer topes a los precios de venta.
2. Se eliminan las definiciones de qué constituye una familia de clase media, que en el proyecto tenían un ingreso anual de hasta 70% del máximo asegurable por la FHA en su área. Y la definición de familia de bajos ingresos a moderados, que reducía ese tope de ingresos hasta el 50% del mencionado máximo.
3. La vivienda de clase media se define como aquella que cuesta hasta 80% del máximo asegurable por la Administración Federal de Vivienda (FHA, en inglés), en vez del 90% originalmente propuesto. En la actualidad, ese 80% es de $377,624.
4. Mientras, la vivienda de interés social tendrá precios máximos de venta entre $170,000, si está en suelo rústico de un municipio de menor densidad poblacional; de $175,000, si se ubica en suelo urbano de municipios de menor densidad. El precio máximo será de $180,000 si están en centros urbanos con menor densidad; y de $190,000 si la unidad está en un área urbana de un municipio de alta densidad poblacional. En contraste, los topes de interés social según los establece la Ley 47-1987 están entre $121,000 y $137,000.
5. Se autoriza al Departamento de la Vivienda a conceder dispensas de hasta 25% para ajustar el precio de venta máximo para proyectos de interés social, lo cual podría viabilizar proyectos multifamiliares.
6. La medida también ordena al titular del DV a que, en un término de 30 días después de la aprobación del proyecto, solicite “al Departamento de Vivienda federal una revisión urgente de los límites de ingresos determinados por dicha agencia federal para el Programa de Asistencia al Comprador, aplicable a la jurisdicción de Puerto Rico, a fin de que un número mayor de familias e individuos puedan ser elegibles para dicho programa”.

La administración Pierluisi sometió la medida original el 1 de septiembre de 2022. El 10 de noviembre, la Cámara baja lo aprobó y envió al Senado, que lo reportó como recibido al reiniciar sus trabajos el 9 de enero de 2023. En la Cámara Alta, el proyecto fue derrotado a viva voz el pasado 30 de marzo.

Luego de la reconsideración solicitada el 11 de abril, el Senado vino a aprobar la medida con enmiendas el 9 de noviembre. Como la Cámara baja no avaló los cambios hechos, el proyecto pasó al comité de conferencia de ambos cuerpos, que produjo una versión que consiguió pasar el cedazo de la Legislatura el pasado 15 de noviembre.

En varias instancias durante ese proceso, Pierluisi exhortó al Senado a que atendiera la medida y la identificó como una de las prioridades en la agenda legislativa de su administración. Ahora se espera que el gobernador lo firme para convertirlo en ley.