El presidente del Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico, Aníbal Jover, rechazó este miércoles que miembros de esa entidad participaran de algún arreglo o acuerdo para que un grupo de corporaciones radicaran peticiones de prórroga para radicar sus planillas sin incluir pagos con las mismas.
"De las aproximadamente 80,000 corporaciones, sólo alrededor 6,000 requieren que sus estados financieros sean auditados por un Contador Público Autorizado, porque su volumen de ingresos es de $3,000,000 o más,” indicó Jover en comunicado de prensa que circuló en la tarde de hoy.
“La rendición de estas prórrogas en cero, agregó, no es de por sí ilegal. Independientemente de los que puedan estar incumpliendo con su responsabilidad contributiva, entendemos que en Puerto Rico existe una contracción económica, hay muchas empresas que han cerrado y además la población de la clase media trabajadora ha disminuido”, agregó.
“Por otro lado, advirtió, sería beneficioso investigar cuántas planillas usualmente se han radicado en cero en los últimos dos años, para así poder tener una base comparativa del aumento”.
El portavoz de los contadores públicos informó además que, ante el debate público que ha generado la noticia de que 21,000 empresas no acompañaron sus solicitudes de prórroga con los pagos contributivos y que por ello no se logró el estimado de ingresos del gobierno, realizó un sondeo informal entre los miembros del Colegio para auscultar las posibles razones para esta situación.
“En la mañana de hoy (miércoles) hicimos un sondeo informal entre algunos colegas tomando en consideración el número de corporaciones en Puerto Rico", señaló.
Las respuestas de los contables consultados, indicó Jover, fueron variadas: Coincidieron, en que “en ausencia del perfil de las entidades que radicaron en cero, es difícil hacer una evaluación objetiva” y en que hay muchos factores que pueden incidir en que no se tenga que pagar o no se pueda pagar.
Otros indicaron, según Jover, que no hay grandes cambios en las entidades que radicaron en cero y que el perfil de los clientes fue sustancialmente igual que en años anteriores.
“Vimos dos circunstancias claras. Primeramente, aun cuando hubo un impacto con la Patente Nacional, hubo una disminución en volumen de ingreso y por ende disminución de la responsabilidad de contribución regular (para la cual se habían hecho pago de estimada). A su vez, hubo muchas instancias que aun cuando la patente nacional tuvo su efecto, los clientes utilizaron sobrepagos de años previos. Eso, sin contar que hubo mucho movimiento en compra y venta de créditos contributivos”, abundó el presidente de los CPA al resumir la respuesta de sus miembros.
Indicó que otros de los entrevistados advirtieron que “las reglas del pago de estimadas cambiaron y hubo pagos adelantados en noviembre y diciembre 2013, plazos nuevos que se crearon por la legislación de la Patente Nacional”.
Otras respuestas fueron que las corporaciones hicieron más planificación contributiva, incluyendo la compra de créditos, lo cual este año fue bastante frecuente ya que su uso no estaba permitido en años anteriores; y que las contribuciones son dinámicas y que usualmente si aumenta la tasa, llega un momento que se pasa el punto óptimo y la gente deja de pagar”.
Para otros contables, agregó Jover, resulta un poco difícil comparar este año con años anteriores ya que la Patente Nacional es un impuesto al ingreso bruto, por lo que, aunque la corporación tenga pérdida o su ganancia sea mínima, al contribuyente le corresponde hacer un pago y este recaudo se realizó a fines del 2013.
También se argumentó que tal vez algunas empresas que tomaron la decisión de radicar prórrogas en cero lo hicieron por falta de efectivo, debido a que el mismo Gobierno le debe mucho dinero a las empresas y estas en este momento no tienen efectivo, ni líneas de crédito disponible.
Otra posibilidad levantada por los contables es que las amnistías en el año 2013 del Departamento de Hacienda y del CRIM pueden haber dejado a las corporaciones sin flujo de efectivo en algunos casos.
“El número de entidades que generan volumen de ingresos sobre $3 millones y están sujetas a auditoría, es uno bien bajo por lo que el perfil de las entidades que radicaron en cero debe ser en su mayoría del pequeño comerciante. El Colegio de CPA tiene un Comité de Trabajo sobre el tema de Reformulación Contributiva haciendo su análisis. Entendemos que es el momento de evaluar todas estas medidas para sugerir cambios en beneficio al desarrollo económico de Puerto Rico”, concluyó Jover.
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