El alza en el impuesto al petróleo y sus derivados entró en vigor a mediados de marzo de 2015.
El alza en el impuesto al petróleo y sus derivados entró en vigor a mediados de marzo de 2015. (Vanessa Serra Díaz)

Desde principios de 2015, en Puerto Rico existe una ley que elevó de $9.25 a $15.50 el impuesto sobre el barril de petróleo y sus derivados, lo que aumentó entre tres y cuatro centavos el costo de la gasolina en el país.

La Ley de Política Pública que regirá el Nuevo Sistema Contributivo de Puerto Rico, conocida como “la crudita”, fue firmada el 15 de enero de 2015 por el entonces gobernador popular Alejandro García Padilla.

De acuerdo a la exposición de motivos, la legislación buscaba una fuente para agregar dinero a las arcas del gobierno que le permitiera salir al mercado de bonos y ayudaría a brindar liquidez al Banco Gubernamental de Fomento (BGF). Además, haría de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) una corporación financieramente viable.

El dinero recaudado, proveniente del aumento del barril del petróleo, estaba destinado a pagar deuda que le proporcione liquidez al BGF. La intención gubernamental era obtener $185 millones anuales de este impuesto.

La ley también autorizó al gobierno a emitir deuda hasta por $2,000 millones a través de la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI) para diferentes proyectos y para repagar la deuda que tenía la ACT con el BGF.

El Proyecto de la Cámara 2212, del entonces presidente cameral, el representante popular Jaime Perelló Borrás, y los miembros de la delegación del Partido Popular Democrático (PPD), pasó en ambos cuerpos legislativos con el mínimo de votos requeridos.

El rechazo de la ciudadanía y de los partidos de oposición fue de tal medida que requirió que García Padilla emitiera un mensaje para explicar el alza en el precio de la gasolina con el objetivo, según reiteró, de que las entidades públicas pudieran pagar sus deudas al BGF y evitar así el colapso de las delicadas finanzas del país.

El alza en el impuesto al petróleo y sus derivados entró en vigor a mediados de marzo de 2015.

El tema de “la crudita” volvió a la palestra pública luego que el conflicto armado entre Rusia y Ucrania elevara los costos del crudo a nivel mundial.

En un intento de alivio a los consumidores, el gobernador Pedro Pierluisi firmó el 14 de junio de 2022 la Resolución Conjunta de la Cámara 332, que establece una moratoria en el impuesto a la gasolina y al “diésel oil” por un periodo de 45 días.

El tan esperado alivio temporero sería sobre el impuesto de 16 centavos con que se grava el galón de gasolina y el de cuatro centavos sobre el diésel.

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