Aunque respalda el acuerdo preliminar para renegociar la deuda de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina), la aseguradora municipal Assured Guaranty no cejará en su empeño de que el plan fiscal certificado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) se modifique y si no es el caso, que se anule por la vía judicial.
A esos efectos, la aseguradora municipal ha decidido plantear públicamente las deficiencias identificadas por sus expertos en el programa de medidas fiscales y reformas estructurales vislumbrado por el gobierno y el organismo federal, y que ha sido causa para casi dos años de disputas en los tribunales.
“El pueblo de Puerto Rico se encuentra a sí mismo en el centro de un desastre causado por el hombre que se agravó por un desastre natural. Y cuando ellos más necesitan un plan claro que los saque de la deuda y los lleve a la recuperación, en su lugar, aquellos a cargo -el gobernador de Puerto Rico y la JSF, creada por (la ley federal) Promesa- les prometen soluciones que no hacen sentido”, indica la aseguradora en un comentario publicado en una página cibernética que lleva el nombre de “Revitalize Puerto Rico”.
“Las personas endeudadas trabajan con sus acreedores para alcanzar soluciones”, continúa diciendo la aseguradora. “Sin embargo, el gobierno de Puerto Rico ha tomado una posición adversarial, rehusando trabajar con los acreedores, presentando la deuda como impagable y el repago de la deuda como innecesario”.
A juicio de Assured, una de las principales fallas en el plan fiscal certificado por la JSF radica en las proyecciones del organismo federal en torno al programa Medicaid.
Según la aseguradora municipal, mientras el gobierno continúa sin publicar estados financieros con opiniones de auditores “limpias”, la JSF incorporó en sus proyecciones el llamado “precipicio fiscal de Medicaid” asociado con la reforma de salud. Esto, aunque durante los pasados 15 años, el gobierno federal ha asignado fondos a Puerto Rico para financiar dicho programa.
Mal conteo con Medicaid
Desde la perspectiva de la JSF, el plan fiscal solo debe proyectar recaudos de los cuales hay certeza y están reconocidos por ley. Como resultado, el plan fiscal reconoce como ingresos bajo Medicaid el dinero asignado a Puerto Rico por parte del gobierno federal bajo la Ley de Presupuesto Bipartita que se aprobó el año pasado. Esa asignación, de acuerdo con la ley federal terminaría hacia el año fiscal 2020, por lo que a partir del año fiscal siguiente, la JSF reduce esa asignación casi en su totalidad.
En números, según Assured, se trata de un ajuste que no guarda proporción con las acciones del Congreso por casi dos décadas. Mientras, al presente, los fondos de Medicaid ayudarían a financiar el 83% de la reforma de salud, a partir del año fiscal 2021, los fondos federales para ese programa apenas cubrirían el 10%.
En contraste, según Assured, en los pasados 11 años las asignaciones federales a Medicaid en la isla han financiado el 55% de la reforma de salud.
El Nuevo Día supo que Assured ha presentado sus planteamientos vinculados a Medicaid al gobierno y a la JSF, pero a la fecha, aunque el organismo reveló antes que actualizaría los planes fiscales, el documento vinculado al gobierno central no ha recibido ajuste alguno en ese tema.
“Más aún, la JSF aceptó contraintuitivamente el supuesto de que la población de Puerto Rico se contraerá por casi 6% entre los años 2018 y 2023, mientras los gastos de Medicaid aumentarían 35%”, reza el análisis de Assured.
Desde la perspectiva de la aseguradora municipal, en lo que atañe a Medicaid, los números de la JSF en el plan fiscal debieran modificarse para al menos reflejar la asignación promedio que Puerto Rico ha recibido. De ser el caso, según Assured, ello aumentaría el sobrante disponible para los acreedores en unos $5,000 millones de manera acumulada.
Urge un síndico en la AEE
Los señalamientos de Assured acerca de los estimados de Medicaid en el plan del gobierno central se unen a la decisión de la aseguradora municipal de reclamar nuevamente la intervención de la corte en la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
El pasado 4 de octubre, Assured y su homóloga, National Public Finance Guarantee, regresaron al tribunal con la expectativa de que ese foro permita levantar la suspensión automática de litigios que provee Promesa y solicitar que se nombre un síndico en esa corporación pública.
Ambas aseguradoras regresaron a la corte, una vez el Primer Circuito de Apelaciones concluyó que la jueza Laura Taylor Swain erró al interpretar de manera muy restrictiva el alcance de la sección 305 de la ley federal Promesa, en la que se limita el poder de la corte de intervenir con los activos del deudor.
Desde la perspectiva de las aseguradoras los eventos al interior de la AEE, que van desde influencias políticas, corrupción y esfuerzos para frenar cualquier intento de supervisión, parecen ser réplica de la poca transparencia y pobre gestión que ha mostrado el gobierno puertorriqueño.
En el caso de la AEE, las aseguradoras señalan que la corporación pública ha sido incapaz de engrosar sus arcas. Esto, al mantener cuentas por cobrar que a junio pasado, totalizaban unos $3,400 millones y al no dar continuidad a las reformas impulsadas con la contratación de la oficial de reestructuración, Lisa Donahue, de Alix Partners.
Swain concedió a las partes hasta el próximo 4 diciembre para oponerse al recurso en la AEE.
