Mediante carta a la secretaria de la Gobernación, Zoé Laboy, el capítulo local de la Asociación de Contratistas Generales (AGC-PR) formalizó su petición de que La Fortaleza anule la Orden Ejecutiva 2018-033 que elevó a $15 la hora del salario mínimo en proyectos de construcción con fondos públicos, informó el presidente Alejandro Abrams.
“En su lugar, la AGC está pidiendo que se adopte lo que dispone la Orden Ejecutiva 13658, firmada por el presidente Barack Obama, que establece un salario mínimo para todos los contratos federales y un mecanismo para mantenerlo o subirlo anualmente”, explicó Abrams.
Según el Registro Federal, el salario mínimo en contratos federales de todo tipo es de $10.60 la hora y, a partir del 1 de enero de 2020, subirá 20 centavos a $10.80 por hora.
“Nuestro mensaje primordial, lo más importante, es que la Asociación apoya por completo un aumento salarial al trabajador en la industria de la construcción. A lo que nos oponemos es al mecanismo que se usó, sin consultarlo siquiera con las agencias estatales, sin medir su impacto”, planteó Abrams.
Indicó que por ello, al gremio le ha tomado estudios y tiempo proponer una salida a la orden que firmó el exgobernador Ricardo Rosselló en julio de 2018 “a puerta cerrada” y que elevó el mínimo en construcción de $8.25 ($1 sobre el mínimo federal) a $15.
Por ejemplo, en un análisis emitido en noviembre de 2018, que la organización y la Asociación de Constructores comisionaron a Estudios Técnicos, se establece que para un proyecto de $10 millones, el costo base de labor sería de 32% o $3.2 millones. Con el aumento en jornal, el costo por los empleados cubiertos subiría 67.5% a $2.17 millones y, como resultado cascada, las posiciones exentas subirían 7.9%, lo que elevaría a $5.6 millones o 43% más los costos laborales.
Como consecuencia, subirían otros renglones, como los costos de seguro, y el proyecto sería 30.5% más caro.
Ante este escenario, Abrams indicó que la orden federal sería una salida salomónica, un punto medio “que avalamos como algo justo, igual para todo el mundo”. Agregó que en este escenario, la Asociación promueve que los subcontratistas estén cubiertos por las mismas reglas salariales, como lo están en otros aspectos de seguridad y calidad de trabajos.
“La contratación gubernamental es para todos por igual, sin ventaja para nadie”, subrayó Abrams.
El líder de los contratistas aseguró estar al tanto de que inversionistas de Estados Unidos han detenido proyectos por causa de las implicaciones de la orden 33.
“Hemos sabidode desarrollo de vivienda ‘high end’ que están cancelados hasta que se aclare la situación, porque al revisarse los precios el proyecto subió 30% en costo”, mencionó.
Indicó que el disloque ha surgido por la dificultad para retener los trabajadores a jornales competitivos en el sector privado, cerca de los $9 por hora, cuando en el segmento público estarían a $15. Esta situación se ha complicado cuando los proyectos ya estaban firmados con un precio garantizado y, a fin de retener el personal, los contratistas –sin poder pasar ese gasto adicional hacia el cliente– “se han visto obligados a dar beneficios adicionales para básicamente equiparar lo que está en el segmento público, porque si no, los empleados se les van a ir”, afirmó.
