Hoy día, 28 municipios reciben el 70% o más de su ingreso total del fondo de equiparación, según el CRIM. (GFR Media)

El Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) radicó una petición de amigo de la corte en la disputa entre la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y el gobierno por la Ley 29 en la que plantea que de anularse ese estatuto, unos 35 municipios quedarán en bancarrota.

De igual forma, en el escrito, el CRIM admite que las decisiones de la JSF han llevado a esa dependencia -que custodia el Fondo de Equiparación Municipal- al borde la insolvencia, exhibiendo ahora un déficit de $27 millones.

“Anular la Ley 29 tendría un impacto devastador en 28 municipios, que reciben el 70% o más de su ingreso total del fondo de equiparación”, reza el amicus curiae, en el que se agrega que otros 16 ayuntamientos dependen entre 50% y 70% de dicho fondo.

De acuerdo con el documento, si se anula la Ley 29, ello dejaría en vilo a por los menos 28 pueblos, muchos de ellos abatidos por los huracanes del 2017 o estremecidos por los terremotos de enero pasado.

Entre los municipios más afectados si se anula la Ley 29, según el CRIM, figuran Maricao, Las Marías, Comerío, Florida, Maunabo, Villalba, Orocovis, Adjuntas, Jayuya, Ciales, Guayanilla, Barranquitas, Patillas, Guánica y Morovis, entre otros.

“Si se concede el remedio de sentencia sumaria, el CRIM tendría que establecer un método para recuperar sumas ya pagadas, lo que pondría a los municipios en mayores aprietos financieros”, se agrega en el recurso.

El CRIM presentó sus argumentos ante la jueza Swain en la tarde del jueves, a solo unos cinco días de que se discuta la anulación de la Ley 29 en la audiencia general de marzo de los casos de Título III.

Esta semana, la gobernadora Wanda Vázquez Garced indicó que buscaba algún mecanismo para auxiliar a los municipios en caso de que en el tribunal anule el estatuto como pide la JSF.

De acuerdo con el CRIM, en lugar de que la JSF contribuyera a la salud de las finanzas municipales, sus decisiones han tenido efectos opuestos.

Ello, porque de acuerdo con la dependencia, el pedido de la JSF para anular la Ley 29 se produjo luego de que el organismo fiscal ordenara hace ya unos tres años, que los subsidios otorgados a los ayuntamientos desde el Fondo General se redujeran en alrededor de $320 millones.

“Irónicamente, en mayo de 2019, la JSF designó a los 78 municipios como entidades cubiertas bajo Promesa”, sostuvo el CRIM.

Pagar las pensiones o los servicios a la población

El año pasado y luego de que los huracanes Irma y María agudizaran los problemas fiscales de los ayuntamientos, el exgobernador Ricardo Rosselló Nevares firmó la Ley 29 para liberar a los municipios de dos responsabilidades: los pagos a la reforma de salud y las aportaciones para pagar las pensiones bajo el sistema “PayGo”, creado con la Ley 106 de 2017.

La Ley 29 permitió acumular en este año fiscal unos $204.8 millones, fondos que, a su vez, han sido distribuidos a los municipios en las proporciones establecidas.

La JSF entiende, por su parte, que al aprobar la Ley 29, el gobierno incumplió con el mecanismo que se creó para proteger el pago de las pensiones y por ende, impediría los objetivos de balance fiscal en el gobierno central.

Así las cosas, la disputa entre la JSF y el gobierno es el primer ejemplo vivo del proceso decisional que Puerto Rico no ha hecho, es decir, escoger entre pagar las pensiones u ofrecer servicios a la población.

En riesgo el pacto con el BGF y un impago municipal

Según el amicus curiae, incluso, si se elimina la Ley 29, ello podría tirar por la borda el proceso de reestructuración del Banco Gubernamental de Fomento (BGF).

Ello, porque un deterioro mayor en las finanzas municipales terminará afectando la Contribución Adicional Especial (CAE), la partida que se utiliza para pagar la deuda emitida por los ayuntamientos o los préstamos que tomó con el BGF y que ahora, son la fuente de recaudo de los bonistas del BGF.

“El efecto de eliminar los $320 millones de efectivo del subcomponente del Fondo de Equiparación, además de reducir las asignaciones municipales, podría potencialmente colapsar o colocar en impago las estructuras de financiamiento con estructuras especiales”, advirtió el CRIM, al señalar que el dinero que estaría disponible en los municipios no serían suficientes para cubrir los pagos a los bonistas.


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