Bajo la dirección del secretario Steve Mnuchin, el Tesoro le ha dado varios recordatorios este cuatrienio al gobierno de Puerto Rico de que es hora de buscar alternativas al crédito federal.

Washington/San Juan - El Departamento del Tesoro ha barajado anunciar esta Navidad el fin de la política pública que permite acreditar -a nivel federal- todo el arbitrio de 4% que le impuso la Ley 154 de 2010 a las empresas foráneas que hacen negocios en Puerto Rico y recaudar cerca de $2,000 millones anuales.

“La fecha que estaban considerando (para dejar de acreditar el arbitrio) era el 1 de enero de 2021, y ahora están considerando hacerlo (efectivo) tan pronto como el 1 de enero de 2020”, dijo una fuente de El Nuevo Día cercana a los temas de Puerto Rico en Washington que conversó con funcionarios del Departamento del Tesoro.

Públicamente el Tesoro ha evitado ponerle un plazo fijo a su reclamo al gobierno de Puerto Rico de que es necesario buscar una alternativa al crédito federal. Ayer, la oficina de prensa del Tesoro confirmó que recibió una petición de información de El Nuevo Día, pero no respondió las preguntas al cierre de esta edición.

Pero, según la fuente, el Tesoro puede anunciar su decisión sobre la notificación del Servicio de Rentas Internas (IRS) que estableció “temporalmente” el crédito a las foráneas por el arbitrio de la ley puertorriqueña “en cualquier momento entre Acción de Gracias y Navidad”.

La fuente de El Nuevo Día ofreció la información después que el senador Eduardo Bhatia, precandidato del Partido Popular Democrático (PPD) a gobernador, dijo el domingo haber escuchado de miembros del Congreso que el anuncio del Tesoro pudiera ocurrir “en los próximos días”. Bhatia ha pedido a la gobernadora Wanda Vázquez Garced revelar el status de las conversaciones con el Tesoro.

El fin de la vigencia del crédito federal, que fue aprobado a principios de 2011, obligaría al gobierno de Puerto Rico a revisar la ley 154, quizá teniendo que optar por un impuesto sobre los ingresos de las Corporaciones de Control Foráneo (CFC) – que permitiría a las subsidiarias estadounidenses deducirlo hasta en un 80%-, y la renegociación de los decretos tributarios que ha suscrito con esas empresas.

Bajo la dirección del secretario Steve Mnuchin, el Departamento del Tesoro le ha dado varios recordatorios este cuatrienio al gobierno de Puerto Rico de que es hora de buscar alternativas al crédito federal. Por ejemplo, Mnuchin hizo esa advertencia en una entrevista con El Nuevo Día en julio de 2018, tras reunirse con el entonces gobernador Ricardo Rosselló.

Han habido otras conversaciones. Pero, el Tesoro le trajo el tema a la gobernadora Wanda Vázquez Garced el pasado 10 de de septiembre, en su primer encuentro con Mnuchin. Entonces, dijeron que quisieran ver un plan del gobierno de Puerto Rico para acabar con el crédito federal y que el interés era no tener que lidiar con este asunto “en seis meses”.

Aunque antes el Tesoro ha dicho que no han querido dar un ultimátum, el deseo del gobierno federal de buscar una pronta solución a este debate no está en duda.

Si en efecto, el IRS suspende el crédito a partir de enero próximo, ello implicaría que las corporaciones que pagan el impuesto a Puerto Rico podrían reclamar el mismo por las compras efectuadas a sus filiales en la isla hasta diciembre.

Debido a que el interés en la eliminación del crédito por parte del IRS no es cosa nueva, es posible que las empresas sujetas al arbitrio decidieran aumentar sus compras a las filiales en la isla en el pasado año fiscal y así, anticiparse al posible cambio en las reglas de juego.

Según datos del Departamento de Hacienda, el año fiscal pasado, los recaudos del arbitrio del 4% llegaron a su nivel más alto desde el 2010 cuando se ubicaron en unos $2,083 millones. La cifra de recaudos fue $168 millones, o sea, un 8% más que los recaudos por esa partida durante el año fiscal 2018. En los primeros tres meses de este año fiscal, los recaudos por la Ley 154 rondaron $629 millones o unos $3 millones más que entre los meses de julio a septiembre del año fiscal 2018.

Sin información oficial

Ayer, los secretarios de Hacienda y Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Francisco Parés Alicea y Manuel Laboy, respectivamente, aseguraron a este diario que el Tesoro no les ha comunicado de ninguna determinación relacionada con la Ley 154 y anticiparon que el gobierno de Puerto Rico no tomará acciones concretas o enviará legislación para modificar el estatuto hasta tener la determinación final del IRS.

No obstante, Parés Alicea sostuvo que la comunidad contributiva en Estados Unidos, Puerto Rico y a nivel internacional está a la espera de que el Tesoro estadounidense emita reglamentación a raíz de la reforma federal de 2017.

“Todos sabemos que la reforma contributiva a nivel federal trae consigo unos cambios en el enfoque tributario en Estados Unidos y eso va a obligar a que el Tesoro tenga que emitir reglamentación con respecto a la contribución pagada en jurisdicciones foráneas”, dijo Parés Alicea.

“Esas determinaciones del Tesoro estarán enmarcadas a nivel global y en ese sentido, Puerto Rico -como jurisdicción foránea- pudiese verse afectado como pasaría con otras jurisdicciones foráneas. No necesariamente sería un ‘ruling’ sobre la ley 154”, agregó el titular de Hacienda.

Ante esa realidad, dijo Parés Alicea, desde hace algún tiempo, el gobierno de Puerto Rico se ha esforzado en concienciar a los funcionarios del Tesoro y el IRS en torno al peso que representa la actividad industria en la isla, tanto en el plano fiscal como el económico.

Laboy indicó que el gobierno mantiene conversaciones con las empresas que pagan el arbitrio del 4%.

“La comunicación con estas empresas es constante, hemos sido muy inclusivos, hemos compartido información dentro de lo posible y hemos participado de muchas conversaciones”, dijo Laboy.

Laboy admitió que tanto el liderato local de las manufactureras sujetas al arbitrio y los oficiales corporativos que trabajan estos temas están analizando escenarios, variables y posibles alternativas a un cambio en la política del IRS, pero los escenarios que finalmente, se adopten dependerán de cómo se exprese el Tesoro.

Mientras tanto, Laboy indicó que con frecuencia las empresas con decretos renegocian los términos de estas, pero ninguna a la fecha, ha solicitado modificar su contrato contributivo como resultado del posible fin del crédito a lo pagado por concepto del arbitrio del 4%.

El sector industrial, por su parte, permanece ajeno al alcance de las negociaciones que puede haber entre la administración Vázquez Garced y el Tesoro estadounidense, reconoció ayer el presidente la Asociación de Industriales de Puerto Rico (AIPR), Carlos Rodríguez Colón.

Rodríguez Colón sostuvo que hay conversaciones en curso con las empresas que podrían verse afectadas, pero subrayó que a la fecha, el sector industrial no participa del análisis o del diseño de alguna estrategia para paliar la situación.

Al presente, según el ejecutivo, existen tres posibles soluciones al cuadro actual: modificar la Ley 154 para que el arbitrio se tribute como contribución sobre ingresos, lo que evitaría que el IRS tenga que expresarse en el tema; aumentar la tasa aplicable a las regalías y modificar los decretos contributivos vigentes.

De todos los escenarios, modificar los decretos sería el más perjudicial, dijo Rodríguez Colón. “Si la empresa decide modificar su decreto, eso es válido, pero si el gobierno decide por su parte, hacer cambios a esos contratos, eso va a afectar la posibilidad de traer nueva inversión”, subrayó Rodríguez Colón, quien insistió en que el gobierno discuta con el sector los cambios que habría que legislar.

Rodríguez Colón recordó que Puerto Rico quedó en desventaja una vez el gobierno estadounidense redujo la tasa corporativa hace dos años. Ahora, eliminar el crédito asociado al arbitrio del 4% supondría otra desventaja para la isla.

“Puerto Rico no puede quitar el efecto del crédito del 4% y aumentar la tarifa de electricidad por elotro lado, sin que eso afecte la competitividad”, manifestó Rodríguez Colón.

La gobernadora Vázquez Garced indicó el lunes que su gobierno cuenta con “múltiples alternativas”, pero no quiso revelarlas para evitar que “se pierda el efecto de una decisión favorable para el pueblo de Puerto Rico”.


💬Ver 0 comentarios