La Legislatura aprobó un proyecto de ley para poner los destinos del Fideicomiso para Ciencia, Tecnología e Investigación (FCTI) en manos de ocho personas nombradas por el gobernador Ricardo Rosselló y confirmadas por el Senado, amparándose en que el “estado actual del Fideicomiso no puede continuar” y que su operación debe ser “cónsona con nuestro plan programático de gobierno”.
Así se recoge en la exposición de motivos del Proyecto de la Cámara 1122, sometido este mes.
Su aprobación este fin de semana, sin que se celebraran vistas públicas, además, conllevará la disolución inmediata del Consejo de Fiduciarios que supervisa al FCTI, una organización sin fines de lucro privada, que recibe fondos públicos y fue creada por virtud de la Ley 214 de 2004.
La medida también implicará los despidos de la actual directora ejecutiva Lucy Crespo y del director de Operaciones Iván Ríos Mena, quienes comenzaron funciones durante la administración del exgobernador Alejandro García Padilla. Esto responde a que el proyecto deja claro que tales puestos son “de la confianza” de los nuevos síndicos.
Mientras esta medida llega a la firma del gobernador, el secretario de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Manuel Laboy, actual fiduciario del FCTI, hizo hincapié en que la institución “es fundamental para nuestra agenda de innovación y tecnología”.
En entrevista con El Nuevo Día, Laboy dejó claro que “tanto el gobernador como este servidor apoyamos la institución y los programas que se han estado llevando a cabo”.
Elogió específicamente las iniciativas como la aceleradora Parallel18, Colmena66 y el Consorcio para Investigaciones Clínicas (PRCCI), que el FCTI creó y lanzó bajo la gestión de Crespo, que asumió el cargo en marzo de 2015.
Antes de ello, luchas internas, vacantes y litigios provocaron que el FCTI estuviera virtualmente inoperante desde su formalización en 2005 hasta que -ya libre de batallas legales- comenzara a reorganizarse en 2013. El proceso requirió auditorías, corrección de fallas administrativas, redacción de plan estratégico y reglamentos, según consta en el archivo de este rotativo.
Al cuestionamiento de por qué entonces buscan disolver la dirección del FCTI justo cuando ha comenzado a dar frutos y sustituir su cuerpo rector con síndicos que servirán por tres años, cuando el término actual es hasta seis, Laboy no tuvo respuesta.
Esto contrasta con el énfasis que ha hecho la administración Rosselló en que se requiere continuidad, fuera de vaivenes políticos, para lograr resultados consistentes en desarrollo económico. Con este argumento, de hecho, se establecieron dos entes privados -el Destination Marketing Organization (DMO) e Invest Puerto Rico- para que se encarguen de la promoción de Puerto Rico como destino turístico y como destino de inversión, respectivamente.
“No quiero entrar en ciertos detalles, porque hay un trabajo de la contralora y eso es parte fundamental de los cambios que se están llevando a cabo”, adujo Laboy.
El informe de la Oficina de la Contralora (OCPR) al que Laboy hizo referencia está contenido en la exposición de motivos del proyecto de ley y comprende el periodo del 1 de enero de 2010 hasta el 31 de octubre de 2015. Es decir, cubre siete meses de la gestión de Crespo. Cuando fue divulgado en 2016, Crespo aseguró a El Nuevo Día que todos los señalamientos ya se habían “atendido y canalizado” y que, incluso, el documento incluyó información añeja que el personal de la OCPR sabía que se había resuelto.
“Reitero que el FCTI tomó las medidas correctivas para todos los señalamientos en el informe de la contralora”, manifestó entonces Crespo.
Contrastado con esta información, Laboy solicitó espacio para el proceso legislativo. “Pero sí hemos tenido conversaciones en términos generales con distintos stakeholders de la parte de innovación y tecnología, que es fundamental para nuestra agenda, de que entienden que sí es meritorio hacer cambios desde la perspectiva de alineamiento de política pública”, reconoció sin elaborar.
