Desde que se establecio el nuevo Código de Permisos, fueron muchos los comerciantes que levantaron su voz tras su omplementación ya que según ellos este encare y complica el proceso de solicitud.

El Tribunal de Apelaciones declaró nulo el Reglamento Conjunto de Permisos que fue aprobado en mayo del año pasado y entró en vigor un mes después, pese a que muchos comerciantes habían expresado su oposición al nuevo proceso.

La adopción de esta medida por parte de la Asamblea Legislativa tenía como propósito fomentar la transparencia en el proceso para la otorgación de permisos, fijar requisitos y reglamentos claros y simples, reducir sustancialmente el tiempo para obtener un permiso gubernamental, establecer mecanismos de fiscalización efectivos, reales y oportunos, y agilizar el sistema para facilitar la inversión en Puerto Rico, entre otros objetivos.

“El expediente administrativo es uno incompleto, pues este no contiene el informe que se supone rindiera la Junta (de Planificación) a todos los jefes de las agencias concernidas. Por consiguiente, el Reglamento Conjunto promulgado por la Junta el 7 de mayo de 2019 y vigente desde el 7 de junio de 2019, es nulo, pues el proceso que siguió la Junta para su aprobación y posterior adopción no cumplió con las normas mínimas para llevar a cabo el procedimiento de reglamentación establecido en la LPAU. En consecuencia, declaramos no ha lugar la Solicitud de Desestimación presentada por la Junta”, lee la decisión del Tribunal. El panel del Tribunal estuvo integrado por su presidenta, la jueza Jiménez Velázquez, el juez Ramos Torres y el juez Bonilla Ortiz.

Jorge Argüelles, presidente del Centro Unido de Detallistas (CUD), expresó que el Apelativo acaba de confirmar lo que su entidad había señalado hace tiempo sobre las diferencias entre el reglamento y el espíritu de la Ley 161 de 2009. “Al final quien termina perjudicado son los comerciantes, pues los permisos que se expidieron bajo ese nuevo reglamento son nulos y no sabemos en qué estatus quedan”, dijo el líder de los detallistas, en referencia a los permisos otorgados en municipios que no son autónomos.

Criticó además que la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), a sabiendas de que había una impugnación en los tribunales y que había un proyecto de ley (P de la C 2404) que busca enmendar la Ley de Permisos, celebrara el pasado viernes un adiestramiento para comerciantes en las oficinas del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio sobre cómo funcionaba el reglamento. “Fue un ejercicio fútil y una pérdida de dinero”.

Argüelles insistió en que el reglamento conjunto que el Tribunal acaba de declarar nulo no resuelve los problemas que por años ha denunciado el sector privado sobre el proceso de permisos, sino que por el contrario, lo que hace es complicarlo. “Lo que se pedía siempre es que el proceso fuera más expedito. Ya existía una plataforma, Renovaciones Online, y en vez de usarla, la OGPe lo que hizo fue crear otra plataforma a la que le añadió más burocracia y encareció el costo. Están favoreciendo a alguien, tal vez al que creó la plataforma, es lo que uno puede pensar”, aseveró el presidente del CUD.

Entre las irregularidades del nuevo reglamento mencionó la exigencia de renovar las licencias con 45 días de antelación al vencimiento, y si no se hace así, le imponen un cargo adicional de $150 por cada licencia que no se renovó con los 45 días de anticipación.

Asimismo, si una de las licencias vence, obligan al comerciante a renovarlas todas aunque las demás estén al día y tiene que pagar por todas ellas. Esto lo requieren la primera vez que entren al nuevo sistema.

Otra preocupación que ha denunciado el CUD relacionado al nuevo reglamento es lo referente a las figuras de los profesionales autorizados y de los inspectores autorizados. El CUD entiende que es un mecanismo para privatizar los servicios de la OGPe y las agencias relacionadas con los permisos, y que se presta a que aumenta la corrupción. Esto, ya que algunos profesionales autorizados pueden radicar los permisos que le solicite un cliente, inspeccionar la propiedad de dicho cliente y otorgarle los permisos, todo sin que la OGPe ni ninguna otra agencia haya intervenido ni revisado los documentos.


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