Vista aérea de la Commonwealth Oil Refining Company (Corco), empresa que vino a llenar el vacío que dejó el abandono de la agricultura. (GFR Media)

En los pasados 50 años, Puerto Rico ha experimentado una tendencia de progreso económico, pero según varios entrevistados, las estrategias que hicieron posible ese “milagro económico” también contribuyeron a que la isla se convirtiera en la primera jurisdicción estatal de Estados Unidos en acogerse a la bancarrota.

En relación con el 1970, el producto bruto (PB) –es decir, la riqueza creada por los residentes en la isla– se ha multiplicado por 15, según el Informe Económico a la Gobernadora publicado por la Junta de Planificación (JP). En el año fiscal 2019, el PB se ubicó en $70,780 millones y el producto interno bruto (PIB), en unos $104,988 millones.

“Tuvimos éxito una vez, no tengo la menor duda de que podemos hacerlo de nuevo”, dijo la economista Heidie Calero.

“Éramos una economía con más de dos décadas de crecimiento continuo, un milagro económico, una vitrina de desarrollo para la América Latina”, dijo Orlando Sotomayor, catedrático de Economía del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR).

Puerto Rico llegó al último tercio del siglo XX mostrando los frutos de dos hitos claves, dijo el economista Francisco Catalá.

Estudioso del legado del economista Rexford G. Tugwell, Catalá recordó que este –último gobernador estadounidense que tuvo Puerto Rico– fue el creador del marco institucional que transformó a la isla de una economía agraria a una industrializada.

De acuerdo con Sergio Marxuach, director de Política Pública en el Centro para Una Nueva Economía (CNE), Puerto Rico lanzó su proyecto económico en un mundo desarticulado por la Segunda Guerra Mundial. Esa etapa, en la que se combinó la mano de obra “barata” de Puerto Rico con el capital estadounidense, ayudó a combatir la pobreza al registrarse tasas de crecimiento anual de entre 5% y 6%, relató Marxuach.

“Es difícil visualizar un crecimiento tal con un marrón económico que no fuera Manos a la Obra, estrategia que no hubiera sido posible en ausencia de nuestra relación jurídico-política con los Estados Unidos”, coincidió Sotomayor.

Sin embargo, según Sotomayor, esa estrategia también era “un arma de doble filo”, pues reforzó la idea de que “el crecimiento económico podía ser tan fácil como pedírselo al Tío Sam”.

Según Catalá, aunque se creó una clase media y la mujer entró a la fuerza trabajadora, se perdió el acceso privilegiado al mercado estadounidense cuando tomaron forma tratados como el Acuerdo General en Aranceles y Comercio (GATT, en inglés).

La “promesa” de la Corco

“En Puerto Rico, el discurso de desarrollo fue binario. La agricultura representaba el pasado y la manufactura, el futuro”, dijo Marxuach.

Para compensar el vacío que dejó el abandono de la agricultura, intensiva en mano de obra, Puerto Rico apostó a la Commonwealth Oil Refining Company (Corco).

Según el historiador Guillermo A. Baralt, autor de "Al servicio de mi tierra: historia de El Nuevo Día 1909-2000", aquella inversión –cuyos vestigios son parte del paisaje costero del sur entre Peñuelas y Guayanilla– fue la más grande hasta entonces: $41 millones. La cifra rondaría unos $330 millones en la actualidad.

La Corco era la pieza clave en un nuevo ecosistema de fábricas en Puerto Rico. La refinería prometía unos 100,000 empleos directos. Se crearon 8,000, dijo Catalá.

“Pensamos en un proyecto que requería del petróleo, una materia que no producimos, cuyo precio no controlamos y sujeto a una vulnerabilidad política extraordinaria”, dijo Catalá al recordar que esa apuesta sentó las bases para la construcción de la infraestructura generatriz de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), entre ellas, Costa Sur.

Cuando se produjo el primer shock petrolero, como secuela de la guerra del Yom Kipur, Puerto Rico y el mundo vieron su primera gran crisis económica entre 1972 y 1973, con el fin de “la era de petróleo barato”. La Corco “murió” en 1982, reportó entonces este diario.

La sección 936 y las transferencias federales

Según Calero y Catalá, Puerto Rico salió de aquel trance, que también contribuyó a la primera crisis de deuda de Puerto Rico, por dos estrategias que lo cambiaron todo: los cupones de alimentos y la sección 936 del Código de Rentas Internas federal.

“No hemos aprendido nada”, dijo Catalá, al recordar que, entonces, Puerto Rico entró en la era del bipartidismo.

En una década, la dependencia de fondos federales fue de representar un 2% del ingreso bruto anual de Puerto Rico a 16%. Excluyendo las transferencias directas, en el presente, 33 centavos de cada dólar en el presupuesto gubernamental provienen de fondos federales.

La nueva era bajo la 936 apostó a los componentes electrónicos y productos farmacéuticos y eso, unido a la política de transferencias federales, resultó en dos décadas de crecimiento –aunque modesto–, a excepción de la recesión de 1982. El entonces presidente Ronald Reagan buscó atajar la inflación con un régimen alcista de tasas de interés y con recortes en la asistencia social, políticas que perjudicaron la isla.

En esta etapa, según Calero, Puerto Rico soñaba tener una economía de consumo. El poder adquisitivo de la clase media contribuyó al éxito de los sectores bancario, de seguros y de bienes raíces, así como a la creación de casi una decena de compañías públicas cotizando en Wall Street, entre otros aciertos.

Pero en Washington, los cuestionamientos en torno a la sección 936 –que surgieron desde su misma aprobación– se intensificaron; y el exgobernador Luis A. Ferré y su sucesor, Rafael Hernández Colón, unieron fuerzas en Washington. La Iniciativa de la Cuenca del Caribe mantuvo a flote la exención federal.

De otra parte, la sección 936 se tradujo en una inyección de capital, pues se requería a las industrias depositar su dinero en la banca local, con rendimientos bajísimos, relató Marxuach.

Es decir, Puerto Rico fue del “petróleo barato” a una estrategia de “fondos baratos” que tampoco le pertenecían.

La banca y una sociedad de consumo

¿Qué hizo la banca con todos esos depósitos (de la sección) 936? Otorgó préstamos de vivienda, de consumo, de carros. Fue algo que ayudó a las personas, pero también se ayudó a fortalecer una sociedad de consumo y no de producción, y eso nos dejó en una posición de fragilidad”, explicó Calero.

Según Catalá, el sector de servicios acabó montándose sobre “una economía hueca”, y para hacer contrapeso a la falta de crecimiento, el gobierno hizo lo de siempre: endeudamiento, grandes obras públicas y privatización de servicios. De aquellos intentos, se vendió la Puerto Rico Telephone Company, lo que sentó las bases para el desarrollo de las telecomunicaciones en la isla.

Antes y ahora, cuando la gente quedó sin empleo, la emigración fue la respuesta.

Según Sotomayor, si bien la industrialización contribuyó a “una reducción de pobreza considerable”, con las transferencias federales e incentivos contributivos no se ha ganado esa batalla.

“El modelo ‘asistencialista’ que tanto gusta a nuestros políticos ha sido un fracaso rotundo”, comentó Sotomayor.

Temprano en este siglo, las casas acreditadoras advertían que los niveles de deuda y empleo gubernamental “eran preocupantes” mientras el sector privado no generaba suficientes empleos, dijo Marxuach. Con el fin de la 936, fue claro que “los parches dejaron de funcionar” al tiempo que Estados Unidos y el mundo giraba su atención a la India y China como fuerzas productivas.

En 2006, un gobierno endeudado, que tomó dinero de sus planes de pensiones para financiarse, cerró operaciones –por primera vez– durante el gobierno compartido. Y con el fin de la 936, una economía que nunca entendió o maximizó los recursos que posee acabó sin fuerzas.

Los fondos “baratos” en el sector bancario menguaron al tiempo que estalló la burbuja inmobiliaria que sirvió de artificio desde finales de la década de 1990. Los eventos, combinados con la crisis financiera de 2008, llevaron al cierre de R-G Premier Bank, Westernbank y Eurobank en 2010, y de Doral Bank en 2015.

Según Sotomayor, Puerto Rico no salió peor de ese punto de inflexión por la intervención de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC, en inglés) y los llamados fondos ARRA para hacer contrapeso a la Gran Recesión.

Empero, en el 2016, a raíz de la crisis fiscal, la Ley 600 quedó supeditada a la ley federal Promesa. El vehículo congresional ofreció el remedio de bancarrota a la isla, pero creó la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), el organismo que intenta poner orden a las finanzas públicas en medio de dos huracanes, terremotos y ahora, la pandemia del coronavirus.

“Este es un nuevo mundo”, dijo Calero.

Según los entrevistados, es hora de construir “la infraestructura social” que requiere este tiempo. Hay que rescatar el sistema educativo y rearticular el sistema de salud, pues la pandemia ha evidenciado su fracaso, y viabilizar una infraestructura física que haga posible la producción.

Si algún beneficio debe sacarse de la política de transferencias federales, debería ser el entramado institucional que necesita Puerto Rico porque, según Catalá, la ayuda que en realidad contribuye al desarrollo es aquella que luego “se hace innecesaria”.


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