Raúl Grijalva (arriba), y la congresista Nydia Velázquez sometieron, el pasado 30 de octubre, un recurso de “amigo de la corte” para participar de los procesos del RSA en el tribunal federal que atiende la quiebra de Puerto Rico. (Gerald López Cepero)

La Asociación de Industriales de Puerto Rico, la Coalición del Sector Privado y el Instituto de Competitividad y Sostenibilidad Económica (ICSE) reclamaron hoy al congresista Raúl Grijalva que celebre vistas públicas en la Isla en torno a la situación energética del país y que abra a discusión amplia el controvertido acuerdo para reestructurar la deuda (RSA) de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). 

La petición la fundamentan en una carta que Grijalva, presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, y otros 42 congresistas enviaron el pasado 13 de junio a los presidentes de Cámara y Senado de Puerto Rico, Carlos "Johnny" Méndez y Thomas Rivera Schatz.

En la misiva les instan a unirse a ellos en la oposición al mencionado acuerdo por el alto costo energético que el mismo implicaría y el conflicto que representa para el desarrollo económico de Puerto Rico.

Grijalva y la congresista puertorriqueña Nydia Velázquez sometieron, el pasado 30 de octubre, un recurso de “amigo de la corte” para participar de los procesos del RSA en el tribunal federal que atiende la quiebra de Puerto Rico.

Está claro que la intervención congresional se necesita de inmediato, por lo que le solicitamos a usted y a su comité que viajen a Puerto Rico para conducir una audiencia pública sobre el propuesto RSA para la AEE y la reorganización del sistema eléctrico, entre otros temas relacionados, que la AEE, la Junta de Supervisión Fiscal, y oficiales del gobierno local han fallado en atender”, dice la misiva enviada por la Junta de Directores de la Coalición a Grijalva.

Afirman, además, que tanto la AEE como la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y el gobierno de Puerto Rico deben considerar el impacto directo e indirecto de sus decisiones en la habilidad de la economía de Puerto Rico, no solo para absorberlas, sino también para alcanzar el desarrollo económico necesario para crear nuevos empleos, nuevos ingresos gubernamentales para los servicios esenciales y el pago sostenido de las obligaciones de la deuda pública.

“Entendemos que la deuda hay que pagarla, que quede claro que no nos oponemos, pero este momento histórico hay que aprovecharlo para pensar en un futuro próspero de gran desarrollo económico y no uno de retraso que siga impactando al pueblo negativamente y motivándolo cada día más a dejar el País”, señaló el presidente de los industriales, Carlos Rodríguez, en la conferencia de prensa donde se hizo el anuncio. 

En la conferencia participó también el conocido economista Ramón Cao, que presentó los resultados del estudio que realizó sobre el impacto de esta propuesta sobre la economía del País. Basado en datos de la JSF, concluyó que el acuerdo presenta un panorama difícil y complejo para la economía elevando el costo energético a $0.28 centavos el Kh, con la posibilidad de subir hasta $0.30 centavos de no aprobarse al menos $14,000 millones de fondos de FEMA para reconstruir la infraestructura de la AEE. 

Cao indicó que incluyó una propuesta en su estudio que podría minimizar el impacto de este acuerdo en los hogares y la economía del País. La misma reduciría el pago a los bonistas de la AEE de un 77.5% de su deuda, a un 51%, con lo cual se reduciría la pérdida de empleos, la caída en el Producto Bruto Nacional y el aumento en los costos energéticos para los ciudadanos, el comercio y la manufactura.

Además de la carta de la Coalición, hay otra misiva del ICSE a Grijalva solicitándole igualmente la celebración de una vista pública en Puerto Rico y ofreciéndole su colaboración para lograr un mejor acuerdo para la Isla.

Las peticiones de las entidades empresariales, recalcó Rodríguez, son que se escuchen todos los reclamos del Congreso y del sector privado y que el gobierno de Puerto Rico se oponga al RSA para dar curso a ser renegociado; que se abra a discusión pública el estudio de Cao y los impactos detallados en el mismo y que la AEE y la JSF presenten los suyos “con la intención de lograr consenso para el mejor acuerdo para el País”.

Piden también que FEMA y las otras agencias federales evalúen el gran impacto negativo que tendría no enviar estos fondos de infraestructura a la AEE y finalmente que el Congreso convoque audiencias públicas en Puerto Rico para discutir, en detalle, el tema energético, el impacto en el País, y que intervengan en la negociación del RSA.


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