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El gobernador Ricardo Rosselló habla ante la Junta de Supervisión Fiscal. (GFR Media/Archivo)

Washington - Un informe del proyecto ReFund America hace un nuevo llamamiento al gobierno de Puerto Rico y a la Junta de Supervisión Fiscal para que se audite la deuda pública y se determine qué porción de los $70,000 millones es ilegal.

“Puerto Rico debería exigir que cualquier deuda ilegítima sea cancelada como parte de la reestructuración de la deuda. El pueblo puertorriqueño no tiene por qué padecer recortes o servicios públicos esenciales para pagar una deuda ilegítima”, indica el análisis, firmado por Saqib Bhatti y Carrie Sloan y divulgado ayer.

A un año de la ley PROMESA, el documento sostiene que le corresponde a los funcionarios electos de Puerto Rico o incluso a la Junta de Supervisión Fiscal que controla las decisiones del gobierno de la Isla, financiar una comisión ciudadana creada para promover la auditoría.

En ese sentido, ReFund America - parte del Centro de Acción sobre Economía y Raza (ACRE, por sus siglas en inglés)-, también sugiere iniciar una acción judicial para invalidar la deuda que sea ilegal.

El informe repasa análisis previos de los investigadores Bhatti y Sloan, que consideran que una buena parte de la deuda pública surge de intereses “usureros” y comisiones impuestas por los bancos que tramitaron préstamos al gobierno de la Isla.

“Nosotros calculamos que firmas de Wall Street como UBS, Citigroup, Goldman Sachs y Barclays Capital han cosechado $1,600 millones en comisiones por estos negociados de recolectar y lanzar desde 2000, un monto que ha sido adherido a la carga por la deuda pendiente del estado. La mayor parte de estas comisiones, estimada en $323 millones, fueron destinadas a este tipo de negociados de recolectar y lanzar, en los cuales UBS fue el principal garante”, indica el estudio.


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