Natalie Jaresko, se mostró confiada en que Puerto Rico podrá dejar atrás la saga asociada con la reestructuración de la deuda tan pronto como a finales del 2019.

Por primera vez desde que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) entró en funciones hace dos años, el organismo federal fijó un posible plazo para completar el proceso de reestructuración de la deuda de Puerto Rico: entre 12 y 18 meses.

Poco después de anunciar que había logrado un acuerdo con una parte sustancial de los bonistas de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina) y de que la jueza Laura Taylor Swain concluyera que el organismo federal no ha usurpado los poderes del gobierno de la isla, la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, se mostró confiada en que, tan pronto como a finales del 2019, Puerto Rico podrá dejar atrás la saga asociada con la reestructuración de su deuda.

“Hemos logrado progresos serios y reales, hay moméntum, y podemos ver el camino para la recuperación de Puerto Rico”, indicó la ejecutiva en una rueda de prensa ayer, en la que explicó que reestructurar la deuda de la isla es clave para recuperar “la credibilidad” ante los mercados de capital.

Las expresiones de Jaresko tienen como telón de fondo los tres acuerdos anunciados por la JSF en materia de reestructuración y que se han producido en menos de tres meses: el pacto en Cofina, un acuerdo con el grupo organizado de la Autoridad de Energía Eléctrica (Ad Hoc-AEE) y la reestructuración de la deuda en el Banco Gubernamental de Fomento (BGF), cuyo proceso de consulta a los acreedores comenzó formalmente ayer.

En conjunto, y tal como anticipó El Nuevo Día, los tres acuerdos suponen modificar unos $30,000 millones de los $72,000 millones del principal adeudado por el gobierno de Puerto Rico.

Sin embargo, los avances en las negociaciones con los bonistas de Puerto Rico podrían hacer que la disputa que hoy libran la JSF y el gobierno por asuntos como el bono de Navidad de los empleados públicos o las asignaciones presupuestarias al Departamento de Seguridad Pública (DSP) se tornen pequeñas en cuestión de un año.

Esto, porque a la fecha, y a base de las divulgaciones del gobierno y la JSF, solo los tres acuerdos preliminares pactados con los diversos grupos de bonistas implicarían un servicio a la deuda casi similar al sobrante que ha establecido la JSF en el plan fiscal certificado. Y mientras más recursos se dediquen a la deuda, menos habrá para los pensionados, los contratistas y las operaciones diarias del gobierno.

Partiendo del acuerdo suscrito en Cofina, los bonistas de esa corporación pública tendrían un servicio a la deuda que, desde el año fiscal 2019, podría rondar unos $400 millones. En el caso del acuerdo en la AEE, el servicio a la deuda podría arrancar en cerca de $300 millones. Mientras, en el caso del BGF, el acuerdo podría suponer en principio un pago anual que ronde entre $150 millones y $200 millones.

Según el plan fiscal certificado por la JSF el 29 de junio, el sobrante primario -que podría estar disponible para el servicio de la deuda- rondaría unos $1,266 millones. Según el documento, que sirvió de base para que la JSF certificara su propio presupuesto para el año fiscal en curso, el sobrante promedio para los años fiscales 2019 a 2023 rondaría $1,295 millones.

Cambio de rumbo

En el mundo financiero y de la bancarrota, alcanzar un acuerdo de carácter significativo como sería el caso de Cofina -esta es la mayor acreencia en bonos que tiene Puerto Rico- se interpreta como la oportunidad para pactar otros acuerdos similares.

El asunto no es nuevo y se produjo recientemente durante la quiebra de Detroit. Allí, según reportes periodísticos, un acuerdo entre la ciudad y los bancos de inversión UBS y Merrill Lynch, que posteriormente fue modificado, fue el primero de una serie de pactos para reorganizar las finanzas de la meca automotriz en un plazo de 18 meses.

Y en ese mundo, según fuentes de este diario, también se parte de la premisa de que quien llega a acuerdos primero, puede obtener una tajada más beneficiosa que quien se sienta a la mesa luego de que se ha repartido una mano de cartas.

Al presente, el presupuesto vigente no incluye ninguna partida para el pago de la deuda, pero anteriormente, Jaresko y el presidente de la JSF, José B. Carrión, indicaron que de lograrse algún acuerdo con los acreedores, el presupuesto tendría que modificarse para acomodar esa nueva obligación.

Ayer, Jaresko no discutió cuánto dinero el gobierno tendrá como sobrante primario en su plan fiscal. Esa partida es la que se entiende podría hacer disponible para los bonistas y otras acreencias.

Lo que reconoció la exministra de Finanzas de Ucrania es que, a pesar de los acuerdos alcanzados en Cofina, AEE y BGF, Puerto Rico todavía tendría que ajustar la deuda en una decena de entidades -tanto bajo el Título III de Promesa como fuera de este- y que la JSF se apresta a revisar sus estimados en el plan fiscal.

Esto, ante la mejora en los recaudos del fisco durante el año fiscal que recién concluyó y mayor claridad en torno a los fondos que llegarían a Puerto Rico para contribuir a la reconstrucción tras el desastre ocasionado por el huracán María.

La parte más “difícil”

Según Jaresko, si bien con los tres acuerdos la JSF habría dado un giro de 180 grados a los esfuerzos para reestructurar la deuda de la isla, la parte más “difícil” para reorganizar el fisco puertorriqueño es responsabilidad del gobierno. Toca al Estado, dijo Jaresko, encauzar las reformas estructurales y asegurar que el presupuesto vigente se implemente.

Mientras desde La Fortaleza se ha anunciado que considera apelar al Primer Circuito de Apelaciones el fallo adverso que recibió el gobierno en la lucha por el presupuesto, Jaresko destacó ayer que para concretar el avance con los acreedores, es necesario que el gobierno haga su parte.

“La implementación es todo”, dijo Jaresko en repetidas ocasiones, al señalar que la clave para evitar más litigios y más gastos en abogados es trabajar en “colaboración”.

El Nuevo Día preguntó a Jaresko si el gobierno le ha hecho algún acercamiento para redistribuir las partidas presupuestarias tal como reseñó este diario. La ejecutiva contestó en la negativa.

“No puedo imaginar una situación en la que alguien no pueda operar en el segundo mes del año fiscal. Si eso existe, alguien debe venir a mí esta noche para conocer quién no tiene dinero... lo encuentro casi imposible”, dijo Jaresko. Recordó que, si bien la JSF certificó su propio presupuesto, las asignaciones en su amplia mayoría se conceptualizaron en conjunto con oficiales del gobierno.

Reformas estructurales

Para Jaresko, antes que el gobierno continúe alegando que necesita redirigir fondos de una partida a otra -para lo que se requiere el aval de la JSF a la luz del fallo de Swain- lo que procede es entender el alcance del plan fiscal.

En ese sentido, Jaresko insistió en que se adopten las reformas estructurales por las que aboga el organismo federal y se adopten iniciativas que son “de sentido común” para mejorar la administración del gobierno. En esas reformas, sin embargo, Jaresko indicó que daría la bienvenida a la derogación de la Ley 80, aunque ya no insistirá en ello.

Golpe desde Boston

El énfasis de la JSF en concretar los acuerdos alcanzados no pareció atenuarse ayer, a pesar de que el Primer Circuito de Apelaciones propinó dos reveses a la JSF y al gobierno.

El foro intermedio federal concluyó que Swain erró al denegar un pedido de los bonistas de la AEE para que se levante la suspensión automática de litigios provista en la Ley Promesa y pueda nombrarse un síndico en esa corporación pública.

Además, en el caso de Peaje Investment v. Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), ese foro apelativo concluyó que Swain no abusó de su discreción cuando determinó que la firma de inversiones no posee un derecho estatutario sobre los ingresos de peajes.

Jaresko le dio la bienvenida al fallo de Peaje, y dijo que continuará trabajando en la reestructuración de la deuda de la AEE tomando en consideración el fallo adverso.


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