El acuerdo costará a los contribuyentes de Puerto Rico unos $400 millones, incluyendo en la cifra alrededor de $184 millones en honorarios a abogados y asesores. (GFR Media)

El acuerdo de reestructuración a la deuda del gobierno central (RSA-GOs, en inglés) que pondría fin al repudio de unos $6,000 millones en bonos de Obligación General (GOs, en inglés) habría sido factible porque aparte de desistir de ese litigio, el organismo fiscal aceptó pagar más dinero en efectivo y reconocer la prioridad de pago que estos reclamaban.

De igual forma, el RSA-GOs representa un porciento de recuperación más alto para los bonistas, aunque, en total, estos recibirían alrededor $200 millones menos que lo negociado en septiembre del año pasado. Ello, en parte, porque el nuevo acuerdo acorta en diez años, la acreencia del gobierno central, lo que supone el pago de menos intereses.

Grosso modo, el nuevo acuerdo recorta en promedio unos 29 centavos de dólar en el caso de los GOs y alrededor de 24 centavos de dólar en el acaso de los bonos de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP).

Las concesiones hechas por la JSF, sin embargo, suponen que la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina), que hace apenas un año salió del Título III de Promesa, vuelva a emitir deuda subordinada para compensar a los bonistas de GOs.

El acuerdo costará a los contribuyentes de Puerto Rico unos $400 millones, incluyendo en la cifra alrededor de $180 millones en honorarios a abogados y asesores, según una lectura inicial de El Nuevo Día a los documentos divulgados por el organismo fiscal.

La JSF cree que podría completar la reestructuración de la deuda del gobierno central tan pronto como el mes entrante.

Esos y otros datos acerca del pacto recién suscrito entre la JSF y sobre una veintena de acreedores, incluyendo cooperativas de ahorro y crédito en Puerto Rico, están contenidos en una presentación que el organismo fiscal ha divulgado para resumir la transacción y en el RSA-GOs radicado esta noche ante la Junta Reglamentadora de Valores Municipales (MSRB, en inglés).

El texto del acuerdo tiene unas 115 páginas y según informó la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) ante la MSRB, se pactó este domingo, 9 de febrero, es decir, un día antes de que el Equipo de Mediación nombrado por la jueza Swain rinda su informe enmendado acerca del proceso de negociación que ha llevado a cabo.

Este nuevo y mejor acuerdo es una victoria para Puerto Rico”, señaló en declaraciones escritas, el presidente de la JSF, José B. Carrión.

Según el empresario de seguros, el nuevo acuerdo tiene un apoyo “significativamente mayor” por parte de los tenedores de GOs y de la AEP. Si es el caso, ello facilitaría su aprobación en corte y la salida del proceso de bancarrota, se indicó.

Por su parte, Matt Rodrigue, asesor financiero de la Coalición de Deuda Legítima (CDL) y ejecutivo de Miller Buckfire indicó que el pacto reduciría la deuda del ELA en unos $24,000 millones y de consumarse, Puerto Rico dedicaría alrededor de 9.16 centavos de cada dólar que ingrese al fisco al pago de sus bonos, cifra que representaría menos de la mitad de lo que tendría que pagarse, en ausencia de la ley federal Promesa.

Pero al instante, la gobernadora Wanda Vázquez Garced, quien en septiembre del año pasado se expresó a favor del Plan de Ajuste (POA) que presentó la JSF, se distanció del acuerdo.

“Tras analizar cuidadosamente los términos de este nuevo acuerdo y en vista de que la (JSF) se negó a mejorar el trato a los pensionados en el mismo, mi gobierno ha determinado no unirse a dicho nuevo acuerdo según sus términos actuales”, indicó Vázquez Garced.

De acuerdo con el texto del RSA-GOs, el pacto alcanzado -durante el proceso de mediación- recibió el aval de la Coalición de Deuda Legítima (CDL), el “Grupo Go”, el Grupo de Deuda Constitucional, los bonistas agrupados bajo QTCB y Fir Tree Capital.

Entre la treintena de fondos suscribientes del pacto figuran Aurelius Capital Management, una de las firmas que cuestionó la legitimidad de la JSF hasta llegar a la Corte Suprema de Estados Unidos, Autonomy Capital, Blackrock Advisors, FCO Advisors y Monarch Alternative Capital, entre otras.

¿Qué se acordó?

Según los documentos divulgados por la JSF y ante la MSRB, la renegociación de la deuda del gobierno central incluye tres componentes: desistir del repudio a la deuda; pagos en efectivo que rondan unos $3,809 millones y un intercambio de bonos existentes en dos instrumentos: GOs y bonos subordinados de Cofina.

De acuerdo con la JSF, al desistir de la impugnación de la deuda y al reconocer que los bonistas del gobierno central tienen prioridad sobre otros, ello le habría ahorrado al gobierno unos $11,000 millones y otros $704 millones, respectivamente, en servicio a la deuda.

Hasta ahora y aunque los bonistas y la JSF mantienen múltiples diferencias en cuestiones de derecho, las dos grandes controversias en los casos de Título III son el repudio de la deuda por parte de la JSF y el reclamo de prioridad de pago que alegan tener ciertos bonistas del gobierno central.

La semana pasada, al parecer, anticipando el curso de las negociaciones, el Comité de Acreedores no Asegurados (UCC, en inglés) radicó una moción para solicitar al tribunal que declarara los GOs como otra deuda más dentro delas acreencias no aseguradas del gobierno central.

La JSF hizo claro que los litigios para invalidar los Bonos de Obligación de Pensiones (POBs, en inglés) continúan al igual que la disputa sobre los bonos sujetos a la cláusula de “clawback” o retención del gobierno central, como es la deuda pagadera de peajes, y los reclamos contra bancosde inversión que participaron en la estructuración de deuda de Puerto Rico, al igual que acciones contra terceros.

Si se pensara que el servicio a la deuda es como el pago de un auto o de la casa, según la JSF, el nuevo acuerdo mantiene el objetivo de reducir y fijar el pago anual a los bonistas. De un pago anual que ahora ronda $4,200 millones -y que no se ha pagado desde el 2016- a menos de $1,500 millones por las próximas dos décadas, lo que implicaría una reducción cercana a 70%.

Empero, el pacto supone que los bonistas recuperarán más del principal prestado al gobierno que el pacto que se alcanzó en septiembre pasado. En aquel momento y dado que la JSF consideraba que parte de la deuda era inválida, la recuperación propuesta rondaba unos 45 centavos.

Ahora, según los documentos divulgados, los bonistas con deuda emitida hasta el 2011 recibirían alrededor de 75 centavos de dólar, pero los dueños de las series emitidas a partir del 2012, recibirían entre 68 y 74 centavos de dólar.

De aprobarse el acuerdo, los actuales bonistas de GOs entregarán su acreencia para recibir por paga, a partes iguales, un bono de GOs y otro bono subordinado de Cofina.

Los bonistas de AEP, en tanto, intercambiarán su acreencia para recuperar entre 72 centavos y 78 centavos del dólar que prestaron a esa corporación pública.

En ambos casos, el intercambio de deuda incluye pagos en efectivo.

El nuevo acuerdo con los bonistas se sumaría al pacto que la JSF alcanzó con el Comité Oficial de Retirados (COR) para recortar el 8.5% en las pensiones de los jubilados que excedan $1,200 al mes y con el sindicato Servidores Públicos Unidos (SPU) para la restitución de las aportaciones que hicieron los trabajadores a su retiro y que fueron utilizados por el gobierno.

El nuevo acuerdo impulsado por la JSF necesitaría aval legislativo y de consumarse, se concretaría alrededor de tres años después de que Puerto Rico invocara la protección del Título III de la ley federal Promesa.


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