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Matt Rodrigue, de la firma Miller Buckfire, dijo que la liquidez del gobierno no va a tono con lo que se le ha presentado a los bonistas. (Xavier J. Araújo Berríos)

A Puerto Rico le quedan, a lo sumo, unos 10 meses para encausar la reestructuración de su deuda o, de lo contrario, el proceso que se concibió en el Congreso para sacar a la isla de su prolongada crisis económica y fiscal podría quedar en un limbo ante la pronta llegada de otro ciclo electoral, tanto en Estados Unidos como a nivel local.

Pero consumar un acuerdo entre bonistas y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) será poco probable si no hay información más precisa sobre las finanzas del gobierno puertorriqueño o persisten las dudas en torno a los supuestos macroeconómicos que se utilizaron en el plan fiscal revisado que resultaron en que no se asignara dinero para pagar la deuda pública.

Eso indicaron ayer Rich Cooper, socio del bufete Cleary Gottlieb, y Matt Rodrigue, de la firma Miller Buckfire, durante la quinta edición del Puerto Rico Investment Summit, evento que se celebró ayer en el Centro de Convenciones de Puerto Rico.

Cooper asesoró a la administración de Alejandro García Padilla en el proceso de reestructuración de la deuda, mientras Rodrigue es asesor financiero de la Coalición de Bonistas de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina).

A pesar de encontrarse en lados opuestos, ambos ejecutivos coincidieron en que el año 2018 será “crítico” para llegar a una solución en el tema de la deuda pública, lo que, a su vez, es clave para asegurar el crecimiento económico de Puerto Rico.

“Han transcurrido 18 meses desde que se aprobó la legislación de Promesa y se instauró la Junta... El progreso ha sido más lento de lo que muchos de nosotros hubiéramos deseado”, indicó Rodrigue, al señalar que el año que apenas comienza será decisivo para el futuro de la isla.

Según Cooper, si no hay progreso sustantivo en torno a las múltiples controversias legales que se disputan en los casos de Título III, en Puerto Rico podría repetirse “el fenómeno” que se produjo en el ocaso de la administración García Padilla.

Una vez García Padilla declaró a mediados del 2015 que la deuda pública de la isla era impagable tal como fue contraída, diversos grupos de bonistas decidieron adoptar una postura de “esperar y ver” a que se diera un cambio de gobierno en Puerto Rico. Esa dinámica podría repetirse ahora, indicó Cooper.

Para el 2016, en lugar de pactar un acuerdo con el gobierno, múltiples fuentes de El Nuevo Día aseguran que los bonistas decidieron acoger las promesas de pago que Rosselló Nevares y sus colaboradores cercanos habrían hecho mientras aspiraban a regir los destinos de Puerto Rico. Algunos acreedores incluso respaldaron monetariamente la campaña política del hoy gobernador, aseguran las fuentes.

En tiempo reciente, según las fuentes, grupos de acreedores han abogado en la capital federal para alterar la composición de la actual JSF y allí se discuten posibles escenarios en caso de que el Partido Demócrata tome el control de alguna de las cámaras en el Congreso o se refuerce el liderato republicano en esa Legislatura.

El plan fiscal revisado

Aparte de la incertidumbre que supone el factor político, ayer pareció evidente que no ha habido avances en lo que atañe al plan fiscal.

Según Rodrigue, el plan fiscal presenta una visión “conservadora” de los ingresos que tendrá el gobierno en el contexto de la realidad que dejó el huracán María.

De acuerdo con el ejecutivo de Miller Buckfire, firma que participó de la reestructuración de la ciudad de Detroit, los recaudos de Puerto Rico son superiores a los estimados fatalistas que ha presentado el gobierno y el fisco muestra niveles de liquidez que distan de las representaciones que la Junta ha hecho ante la jueza Laura Taylor Swain.

El año pasado, por ejemplo, la JSF dijo que necesitaba acceder a los recaudos del Impuesto sobre las Ventas y Uso (IVU) en manos de Cofina porque el fisco se quedaría sin dinero para finales del 2017.

Al pasado 26 de enero, el balance de efectivo en la cuenta principal de Hacienda rondaba $1,801 millones, según el informe de liquidez más reciente del gobierno.

Pero, según Cooper, los datos de recaudos en el corto plazo no necesariamente serían significativos como para articular un plan fiscal robusto que asegure la viabilidad económica y la capacidad de pago del gobierno.

“El foco debe ser en crecimiento económico”, indicó Cooper.

Aunque se piense lo contrario, existen realidades con las que hay que lidiar en Puerto Rico, señaló Cooper. Entre ellas, el hecho de que mucha de la información financiera del gobierno no se provee porque no está disponible y no porque haya la intención de ocultarla.

Asimismo, Cooper sostuvo que existen otros factores que abonan a la incertidumbre, como el impacto de la reforma contributiva federal en la economía de la isla.

Pero, según Rodrigue, a la fecha, las acciones de la JSF en lo que atañe al plan fiscal anterior y el revisado no muestran un intento real de llegar a un acuerdo porque no se destina dinero al servicio de la deuda.

Las expresiones de Rodrigue y Cooper se dieron ayer, el mismo día en que la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) debía presentar los requerimientos de información que le hizo la JSF, luego de identificar múltiples violaciones al plan fiscal, según dicta Promesa.

Ayer, por otra parte, el presidente de la JSF, José B. Carrión, reveló que el organismo federal sostuvo tres sesiones de diálogo con diversos acreedores en torno al plan fiscal en el contexto del proceso de mediación provisto por la corte.

Fuentes de El Nuevo Día indican, sin embargo, que, al presente, la renuencia de la JSF y del gobierno a hacer cambios significativos en lo que atañe al servicio de la deuda y los gastos del gobierno hacen poco probable que pueda darse un proceso de negociación entre las partes.


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