La empresa BCMG, que maneja Thomas McOsker, BCMG desarrolló Map Plus, un sistema de información de geoposicionamiento que ha documentado cada estructura que existe en Puerto Rico y que podría utilizarse para poder hacer los recaudos correctos (semisquare-x3)
La empresa BCMG, que maneja Thomas McOsker, BCMG desarrolló Map Plus, un sistema de información de geoposicionamiento que ha documentado cada estructura que existe en Puerto Rico y que podría utilizarse para poder hacer los recaudos correctos. ([email protected])

En momentos en que municipios en todo Puerto Rico buscan cómo aliviar sus finanzas, la Autoridad de Alianzas Público Privadas (AAPP) ha recibido una propuesta no solicitada que promete acabar con los problemas para cobrar el impuesto sobre la propiedad inmueble.

La propuesta, supo El Nuevo Día, podría allegar a los alcaldes unos $800 millones este mismo año sin necesidad de aumentar los impuestos que pagan ciudadanos y empresarios al Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales (CRIM). La iniciativa tiene, además, el potencial de crear 750 empleos y atajar el patrón de evasión contributiva cuando se trata de residencias y edificios comerciales, industriales e institucionales en todo Puerto Rico.

La propuesta fue presentada por la firma de cobro y venta de gravámenes contributivos BCMG y cuyo principal oficial ejecutivo, Thomas R. McOsker, aseguró que podría dar un giro de 180 grados a la forma en que se administra el impuesto a la propiedad en Puerto Rico, lo que daría mayor independencia financiera a los municipios y ayudaría a que el gobierno central cumpla con metas de ahorro impuestas por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

“La propuesta está bajo evaluación. De acuerdo con la Ley 29 de 2009, según enmendada, la AAPP tiene 60 días para examinar la propuesta y emitir una decisión”, dijo una portavoz de la agencia.

A principios de año, BCMG resultó ganador en un proceso de propuestas que convocó el CRIM para transferir a un tercero el cobro de impuestos, pero el proceso de contratación nunca terminó.

Tras sostener reuniones con oficiales de gobierno y también con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), McOsker supo de los méritos del modelo de APP y presentó la propuesta que podría allegar unos $1,000 millones en nuevos recaudos a los municipios cada año.

Un vistazo de El Nuevo Día a la propuesta reveló que si el gobierno acogiera la iniciativa de BCMG, municipios como San Juan y Bayamón podrían ingresar a sus arcas, respectivamente, entre $131 millones y $39 millones. Ayuntamientos como Ponce, Mayagüez y Arecibo podrían allegar $36 millones, $17 millones y $25 millones, respectivamente.

“Esto es lo que hacemos desde Puerto Rico para 29 estados en Estados Unidos”, dijo McOsker a El Nuevo Día. “Esto es lo que hacen cientos de ciudades como Nueva York para allegar el dinero que necesitan para recoger la basura, tener buenas carreteras y buenas escuelas”.

McOsker se relocalizó en Puerto Rico hace poco más de tres años atraído por los beneficios de las Leyes 20 y 22. Desde entonces ha trasladado sus empresas dedicadas al cobro de impuestos a la propiedad y al tráfico de gravámenes contributivos (“tax liens”) en casi todo Estados Unidos.

Utilizando talento local, BCMG desarrolló Map Plus, un sistema de información de geoposicionamiento que ha documentado cada estructura que existe en Puerto Rico y decenas de otras piezas de información como sería la ubicación de cada escuela, complejo de seguridad y hasta antenas de telecomunicaciones.

Durante la emergencia que provocó el huracán María, BCMG hizo disponible la plataforma a agencias federales y locales, lo que permitió que se articularan varias de las respuestas de emergencia que se implementaron.

Cerco a la evasión

Al presente, según McOsker, al menos 300,000 propiedades en Puerto Rico no están registradas en el CRIM y por ende, no pagan impuestos. Pero además, dijo el ejecutivo, parte de las propiedades registradas no pagan su cuota de impuestos porque están clasificadas impropiamente como sería el caso de estructuras exoneradas de pagar impuestos porque aparecen como hogares cuando en realidad, son negocios.

McOsker explicó que cada año, los municipios pierden cerca de $500 millones en recaudos por esas fallas.

La propuesta de BCMG contempla que se suscriba una APP con una extensión de 15 años con el CRIM. Como parte de la APP, BCMG se encargaría de cobrar los impuestos a la propiedad, lo que requiere implementar un programa de cumplimiento en cada municipio de Puerto Rico.

A través de dicho programa, se procura que las estructuras exoneradas del pago de impuestos sean las identificadas por el municipio, mientras se crean planes de pago u otros remedios para aquellos que sí deben pagar sus impuestos.

Según McOsker, el CRIM es clave para el éxito del programa, pues la agencia es responsable de adoptar la política pública que determinen los ayuntamientos y asegurar que los fondos se envíen a los municipios o al Banco Gubernamental de Fomento (BGF), si fuera el caso para el pago de los préstamos municipales.

La propuesta contempla que BCMG establecerá centros de servicio en diversos puntos de la isla para que los contribuyentes puedan tener un lugar donde ventilar disputas si fuera el caso. Además, la iniciativa contempla que si el municipio lo desea, pueda vender las deudas morosas en impuestos a la propiedad o tomar prestado contra los ingresos futuros por ese concepto.

La paga que recibiría BCMG sería un porcentaje de los cobros de contribuciones que se logren. Al presente, la tasa de recaudación del CRIM ronda 49%. El récord de captación de BCMG en Estados Unidos es 96%.


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