La Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) solicitó a la jueza de distrito federal Laura Taylor Swain que no dé pasó a la reclamación administrativa de los bonistas objetores de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) con la que el grupo de acreedores busca reclamar daños por el supuesto mal uso de los ingresos netos de la corporación pública.

En su objeción a la reclamación administrativa de los bonistas objetores de la AEE, la Aafaf reconoció que la AEE está tan mal, financieramente hablando, que ni siquiera tiene efectivo suficiente para cumplir sus obligaciones con LUMA Energy y Genera PR, los operadores del sistema eléctrico de Puerto Rico.

Según el documento, hasta abril pasado, la AEE adeudaba unos $726 millones por ese concepto, casi el doble de lo adeudado a principios de año y reseñado por El Nuevo Día.

Al plantear que la reclamación instaurada por los bonistas objetores rebasa lo establecido en las secciones 804 y 805 de la escritura de la deuda de la AEE (Trust Agreement), la Aafaf sostuvo que los bonistas objetores pretenden entablar una reclamación abarcadora contra la empresa eléctrica y el gobierno central. Esto, a pesar de que el Primer Circuito de Apelaciones estableció que los bonistas de la AEE solo cobrarán su parte de los ingresos netos que pueda generar la corporación pública.

Asimismo, la Aafaf criticó que los bonistas objetores de la AEE procuren cobrar su acreencia y reclamen que la empresa estatal se ha apropiado de ingresos que alegadamente les corresponden cuando los hechos demuestran que el sistema eléctrico de Puerto Rico ni siquiera puede servir razonablemente a su clientes.

La jueza Swain tiene ante su consideración un proceso adversativo incoado por los bonistas objetores de la AEE, quienes alegan que la AEE utilizó unos $3,600 millones en ingresos netos generados entre los años 2018 a 2023 para financiar sus operaciones, en lugar de pagar los bonos de la corporación pública, tal como dicta la escritura de deuda de la empresa eléctrica.

“La AEE no ha gastado miles de millones (de dólares) en gastos no permitidos por la Escritura de Fideicomiso (de la AEE) o por la sección 928(b) del Código de Quiebras como alegan los (bonistas objetores). Más bien, la AEE ha necesitado apoyo constante del gobierno central y continúa enfrentando retos de liquidez preocupantes y problemas de confiabilidad del sistema”.

“Durante todo este caso (de Título III) la AEE y el pueblo al que sirve ha estado trabajando con un sistema apabullado por desastres naturales que devastaron un sistema que ya, de por sí, era malamente mantenido y pocas veces reparado“, indicó la Aafaf en una moción suscrita por los abogados Maria J. DiConza y Peter Friedman, socios de O’Melveny Myers, así como por Luis C. Marini-Biaggi, socio del despacho legal Marini Pietrantoni Muñiz.

O’Melveny Myers es el asesor legal principal del gobierno en los casos de Título III de Puerto Rico y el bufete Marini Pietrantoni Muñiz es la firma legal de apoyo a nivel local.

La moción de la Aafaf en el tribunal supone un mensaje distinto al que han esbozado la gobernadora Jenniffer González Colón y el zar de Energía, Josué Colón, en torno al financiamiento de los operadores del sistema eléctrico, principalmente de LUMA. Este último habría solicitado unos $800 millones en fondos para cumplir con sus responsabilidades.

Mientras esta semana González Colón aseguró en conferencia de prensa que no hay disponibilidad para otorgar más fondos al operador, ante el tribunal, Aafaf admitió que no ha cumplido con los pagos requeridos en el contrato de operación y mantenimiento.

Según la moción de la Aafaf, la AEE no mantiene cerca de $1,500 millones en una cuenta bancaria como alegan los bonistas objetores, sino unos $1,200 millones que se encuentran principalmente en cuentas de reserva para cumplir con los contratos de operación y mantenimiento (OMAs, por sus siglas en inglés).

“Debido a problemas de liquidez, la AEE no ha podido cumplir a cabalidad con $726 millones para nutrir las cuentas de servicio de LUMA y Genera en abril de 2025, proveyendo solamente $264 millones de la cantidad requerida”, reza la nota al calce número 6 de la objeción de la Aafaf.

La moción de la Aafaf se produjo en respaldo a la objeción formal que presentó la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), organismo que asegura que la reclamación de los bonistas no procede porque estos intentan cobrar su reclamación de otras fuentes o activos de la AEE más allá de los ingresos netos de la corporación pública.

Entre otras cosas, los bonistas alegan que el uso inapropiado de los ingresos netos de la AEE por parte de la empresa eléctrica constituye un acto de confiscación bajo la Quinta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.