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Abogados señalan que, en su momento, solicitarán conocer el rol que jugaron varios presidentes y funcionarios del BGF. (Archivo / GFR Media)
Abogados señalan que, en su momento, solicitarán conocer el rol que jugaron varios presidentes y funcionarios del BGF. (Archivo / GFR Media)

Cuando falta cerca de un mes para que termine el período de gracia otorgado al gobierno tras el pedido del Título III de PROMESA, la jueza Laura Taylor Swain tiene ante su consideración dos mociones que podrían determinar, en buena parte, el eventual plan de ajuste de la deuda de Puerto Rico.

De entrada, el comité de acreedores no asegurados del gobierno central ha solicitado a la jueza que ordene “un programa de investigación” para conocer las razones que condujeron a la crisis de endeudamiento actual de la isla.

Mientras, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) presentó una nueva moción para intentar resolver la disputa entre  los bonistas de Obligaciones Generales (GOs, en inglés) y la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina) luego de que la jueza rechazara la primera propuesta que había presentado el ente federal.

Ayer, Swain emitió una orden para asignar a la magistrada Judith Gail Dein la moción que busca descubrir cómo y por qué Puerto Rico emitió casi $74,000 millones en bonos, mientras ella atendería el recurso de la JSF para intentar resolver la disputa GO-Cofina.

Todas las partes tienen hasta hoy para presentar sus objeciones a la moción de investigación de la deuda de Puerto Rico. La moción radicada por la JSF, por otro lado, recoge una estipulación entre el organismo que regula las finanzas de la isla y las partes concernidas.

Se acaba el tiempo

Ambos asuntos parecen figurar entre los tópicos principales que Swain y la magistrada Dein tendrán que atender el próximo 9 de agosto cuando las juristas regresen a Puerto Rico para presidir la tercera audiencia “ómnibus” de los casos de Título III.

La vista del 9 de agosto se dará teniendo como contexto la decisión de la JSF en torno a la necesidad de aplicar una reducción en la jornada laboral como medida para lograr ahorros en el presupuesto operacional del Gobierno.

De igual forma, la audiencia del 9 de agosto se llevará a cabo en lo que podría catalogarse como la última etapa de la suspensión automática de litigios. Dicha protección que se activó desde la vigencia de PROMESA hace un año se extendió en cierto modo con los pedidos de Título III. Esto, porque tales peticiones no pueden desestimarse durante los primeros 120 días desde su radicación.

Concluido ese período, los acreedores -que a pesar de la protección contra litigios han radicado casi una veintena de procesos adversativos- podrán solicitar a Swain la desestimación del pedido de Título III.

Fuentes de este diario aseguran que ciertos acreedores ya se preparan para emplear ese recurso.

En la mira dos bancos y el BGF

Mientras eso sucede, el comité de acreedores no asegurados, el grupo -representado por el abogado Alexander Bongartz, de la firma Paul Hastings y Juan J. Casillas, de Casillas, Santiago & Torres- pidió a Swain que ordene a Popular Inc. y sus subsidiarias, así como a Santander Asset Management y sus filiales en la isla, al igual que al Banco Gubernamental de Fomento (BGF), entregar lo que podrían ser miles de documentos vinculados con el proceso de preparación, estructuración, venta y manejo de los diversos tipos de deuda de la isla.

En el documento de 101 páginas, los abogados alegan que instituciones como Popular y Santander se echaron a los bolsillos “grandes comisiones”, al tiempo que señalan que en su momento, solicitarán conocer el rol que jugaron varios presidentes y funcionarios del BGF, quienes antes o luego de sus encomiendas en el gobierno trabajaron para los bancos de inversión que gestionaron la deuda puertorriqueña.

Aunque el reclamo del comité de acreedores no asegurados busca conocer las causas de la crisis, este no incluye solicitudes de información a otras casas de inversiones que vendieron para el gobierno millones de dólares en bonos. 

Según consta en los documentos de oferta ante la Junta Reglamentadora de Valores Municipales (MSRB, en inglés), la deuda de la isla ha sido gestionada por sobre una veintena de bancos de inversiones en Puerto Rico y Estados Unidos. Entre ellos, UBS Financial Services, Goldman Sachs, Barclays, Citigroup, Morgan Stanley y otros.

Reclamos que no cuajan

El reclamo del comité de acreedores no asegurados para conocer qué pasó con la deuda de Puerto Rico no es nuevo. Legisladores, grupos ciudadanos y sindicatos han pedido investigar el asunto sin éxito.

Además, la moción del comité surge mientras la JSF ha divulgado un procedimiento para investigar la deuda de la Isla.

De igual forma, el reclamo surge sin conocer si la Oficina de la Contraloría General (GAO, en inglés) ha concluido su informe acerca de la deuda de los territorios estadounidenses. Dicho análisis fue requerido al GAO bajo PROMESA y debió presentarse en junio pasado.

En la moción, el comité de acreedores no asegurados destaca la práctica de refinanciamiento de deuda, la creación de Cofina -solo vehículo emisor de deuda- y la emisión de bonos de apreciación de capital, donde los intereses se acumulan y se pagan al vencimiento del instrumento, al igual que la emisión de bonos a 40 años, cuando la Constitución solo permite amortizaciones de 30 años, como varias de las estructuras y prácticas que merecen examinarse.

“Tomar dinero prestado a través de la emisión de bonos no habría sido posible sin inversionistas que los compraran”, agrega la moción en la que también se pide investigar las prácticas de la venta de bonos a clientes en la isla.

El mecanismo GO-Cofina

“El resultado de la disputa GO-Cofina pesará grandemente en la recuperación relativa de los tenedores Cofina y el gobierno central”, reza la estipulación presentada por la JSF.

En abril pasado, luego de que las partes se acusaron mutuamente de poseer deuda ilegal, la JSF impulsó un proceso de mediación para que los GOs y Cofina encontraran terreno común que no dio resultados.

Según la estipulación, la jueza Barbara Houser ha trabajado “incansablemente” para que las partes lleguen a un entendido que parece ser la estipulación ante la jueza Swain.

De acuerdo con el documento, las partes proponen crear un comité de acreedores con autoridad para negociar del lado de los GOs mientras la JSF representaría a Cofina.

Uno de los representantes del lado de los GOs sería seleccionado por el grupo Ad Hoc-GO y por la seguradora Assured Guaranty, mientras que un segundo representante será seleccionado por el comité de retirados.

El proceso permitirá interventores de terceros y las partes podrán contratar asesores, que pagará el gobierno puertorriqueño.

Si las partes llegan a un acuerdo, este tendrá que ser avalado por la corte y ello no limitará el derecho de la JSF como la única parte hábil para presentar un plan de ajuste de deudas, según PROMESA.