Los bonistas objetores de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) responsabilizaron nuevamente a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) por el reciente apagón que experimentó Puerto Rico al tiempo en que, a partir de este mes, el Equipo de Mediación comenzará una serie de reuniones con las diversas partes que intervienen en el proceso de quiebra de la corporación pública.

En una declaración a El Nuevo Día, los bonistas objetores de la empresa estatal eléctrica, entre ellos, Golden Tree Asset Management y las aseguradoras Syncora Guarantee, Assured Guaranty y National Public Finance, así como el grupo organizado de Bonistas de la AEE (Ad Hoc-AEE), reiteraron que la determinación de la JSF de mantener a la AEE bajo el proceso de quiebra se ha convertido en “un factor de peso significativo” en el aumento de las interrupciones eléctricas en Puerto Rico.

Mientras tanto, la JSF ha informado al tribunal que la aee no tiene ingresos netos.

“De manera inverosímil, después de perder repetidamente en el tribunal federal de apelaciones, la JSF ahora se mueve hacia la nueva posición de que la AEE no tiene ingresos netos, contradiciendo años de informes financieros de la AEE y los propios planes fiscales anteriores de la (JSF)”, reza la declaración de los bonistas objetores.

La declaración de GoldenTree y otros se produce justo cuando la jueza de distrito federal Laura Taylor Swain ha dado su visto bueno para que el Equipo de Mediación de la AEE continúe sus trabajos hasta octubre de este año y retome una sesión de reuniones con diversas partes interventoras del proceso de Título III de la corporación pública.

En esta ocasión, según un reporte de la exjueza Shelley C. Chapman y el juez federal Brendan L. Shannon, las reuniones estarán a cargo de PJT Partners, el asesor financiero que espera tender puentes entre las partes. Estas se llevarán a cabo a partir de este mes y se prolongarían hasta junio próximo.

“PJT desempeñará un papel clave en asistir al Equipo de Mediación, a medida que continuamos colaborando con todas las partes interesadas para diseñar y facilitar un posible acuerdo. Si bien algunas partes continúan, de manera simultánea, por un camino contencioso paralelo de conformidad con la Orden del Calendario de Litigio, el Equipo de Mediación y PJT (Partners) interactuarán de manera activa con las partes en mediación para discutir los términos del Plan de Ajuste propuesto (PDA-AEE) que podría llevar este caso a una conclusión, consensuada y de carácter definitivo”, indica el reporte del Equipo de Mediación avalado por Swain.

Las negociaciones tendrán como telón de fondo la más reciente Declaración Informativa de la JSF acerca del plan de pagos que el organismo revisó más temprano este año. Esto, luego de que el Primer Circuito de Apelaciones confirmara que los bonistas de la AEE tienen una reclamación válida de unos $8,500 millones y que esta sería pagadera de los ingresos netos presentes y futuros de la empresa estatal.

Según el documento de unas 1,418 páginas, la AEE no tiene capacidad alguna para pagar a los bonistas y otros acreedores y sus clientes no pueden absorber otro aumento en la factura eléctrica. A esos efectos, la JSF ha propuesto crear un fondo especial que se nutriría con ingresos externos a la empresa estatal eléctrica.

“Una fuente (de ingresos) fuera de la AEE –en consecuencia- proveerá aproximadamente $2,600 millones al Fondo para la Reducción de la Tarifa para proveer un alivio que sea suficiente para respaldar el servicio a la deuda de los nuevos bonos, las obligaciones de pensiones de la AEE que serán modificadas y otros gastos operacionales necesarios”, reza la Declaración Informativa.

Anteriormente, el director ejecutivo de la JSF, Robert F. Mujica, informó que la JSF y el gobierno de Jenniffer González Colón identificarían una fuente externa a la AEE para pagar a los bonistas, pero los documentos en el expediente judicial de la quiebra no dan cuentan de que se haya identificado tal fuente de repago.

Tampoco hay una fecha específica en el calendario de Título III para discutir los méritos de la Declaración Informativa del PDA-AEE en su quinta versión o para dirimir dicho plan de pagos.

Sin embargo, el documento que los acreedores de la AEE deben utilizar como referencia expone, entre otras cosas, que la situación financiera de la corporación pública es tan delicada que ni siquiera hay dinero para pagar los honorarios del proceso de Título III y mucho menos para honrar los acuerdos de Alianza Público Privadas que Puerto Rico pactó con los operadores LUMA Energy y Genera PR.

Hasta diciembre pasado, de acuerdo con un examen de las cuentas bancarias para determinar su posición de liquidez, la AEE mantenía unos $1,720 millones en efectivo. Pero de esa cantidad, alrededor de $1,513 millones estaban restrictos para múltiples fines. Entre estos, el requisito de pareo en trabajos de reconstrucción financiados con fondos federales.

En consecuencia, a juzgar por la Declaración Informativa, el dinero hábil libre de uso en la AEE podría describirse como una minucia.

“Hasta el pasado 31 de enero de 2025, la AEE tenía un balance de caja no restricto de aproximadamente $141 millones (excluyendo, las cuentas de servicio de LUMA y Genera), antes de asignar los fondos para las cuentas de servicio del mes de febrero”, indica el documento.

Cuando el gobierno transfirió a LUMA y Genera PR la gestión de su sistema eléctrico se comprometió a crear ciertas alcancías para que ambas entidades puedan operar esa infraestructura. Tales alcancías o cuentas de servicio -en la jerga técnica- son separadas del pago anual que la AEE debe hacer a ambos operadores.

Cuando se suman las cuantías que la AEE viene obligada a aportar a las cuentas de servicio de ambos operadores del sistema eléctrico podría decirse que la corporación pública está en incumplimiento contractual.

En el caso de LUMA Energy, admite el documento, hasta principios de año, la AEE debía aportar alrededor de $986 millones a cuentas específicas como la cuenta para interrupciones del servicio eléctrico, pero adeudaba unos $381 millones de esa cifra, según el contrato de APP.

Además, si la AEE cancela el contrato de LUMA, advierte la Declaración Informativa en la nota al calce 152, de inmediato, la AEE adeudaría al gobierno central -de paso, sujeto a su propio Plan de Ajuste aprobado en el 2022 en concierto con sus bonistas- unos $750 millones. Esto, porque fue el gobierno central, quien otorgó unos $1,000 millones a la AEE para crear la línea de capital de reserva requerida en el contrato de LUMA.

Mientras, según la Declaración Informativa, hasta enero pasado, la AEE adeudaba otros $343 millones para nutrir las cuentas de servicio para la operación de la flota generatriz a cargo de Genera PR. Dichos fondos deben nutrir diversas cuentas como las reservas requeridas para la compra de combustible.

De aquí que el PDA-AEE y la Declaración Informativa establecen, por primera vez desde que comenzó el proceso de quiebra, que aquellos acreedores que se aferren a no llegar a acuerdos con la JSF se exponen a un “cramdown”. Es decir, a que la JSF demuestre y pida al tribunal que -ante la falta de un acuerdo consensuado- se aplique un recorte de prácticamente toda la acreencia de estos. Dicho recorte, según el documento y el PDA-AEE propuesto, podría significar un ajuste de sobre 80% para los bonistas.

Los bonistas discrepan de la radiografía de la JSF.

Según la perito de éstos, la financiera Maureen Chakraborty, los estados financieros de la AEE demuestran que la corporación pública devengó ingresos netos de sus operaciones, pero no apartó dinero para pagarles.

En una declaración al tribunal, Chakraborty sostuvo que entre los años fiscales 2018 al 2023, la AEE generó unos $3,700 millones en ingresos netos.

Empero, de acuerdo con los números de directora gerencial de la firma de consultoría económica Analysis Group, del total de ingresos netos de la AEE, la corporación pública solo ha reconocido unos $2,900 millones para pagar a bonistas. A su vez, dice la perito, la AEE no ha pagado tal suma y tampoco ha transferido esa cantidad a las cuentas dedicadas al pago de la deuda pública.

Determinar cuáles son los ingresos netos de la AEE y su vez, lo adeudado en definitiva por la corporación pública, es parte de la encomienda de la jueza Swain, luego de que el Primer Circuito de Apelaciones falló a favor de los bonistas.

“Los informes mensuales (de la AEE) no proveen explicación de cómo se determinó la cantidad que debe asignarse al Fondo de Servicio a la Deuda (Sinking Fund), por qué esa cantidad es 22% más baja que los ingresos netos reportados o por qué las cantidades no fueron “pagadas y tampoco transferidas” al Fondo de Servicio a la Deuda”, reza la declaración de Chakraborty y que forma parte de un análisis que conduce el tribunal para definir los ingresos netos de la AEE.

Los bonistas alegan que la JSF les responsabiliza del descalabro operacional de la AEE. Sin embargo, estos alegan que han hecho seis ofertas distintas a la JSF, incluyendo los acuerdos rechazados desde el año 2015 y la propuesta de otorgar unos $2,500 millones en capital adicional radicada hace unos seis meses.

“Este enfoque contencioso (de la JSF) prolonga innecesariamente la bancarrota de la AEE, retrasa todavía más la reparación de la red (eléctrica), carga a los ciudadanos de Puerto Rico con honorarios masivos pagados a los numerosos consultores y asesores de la (JSF), y lo más desafortunado es que se deja al pueblo de Puerto Rico en la oscuridad”, reza la declaración de GoldenTree y otros.

De cara a la nueva ronda de negociaciones, los bonistas objetores insisten en que su oferta para poner fin a la quiebra de la AEE sigue en pie.