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Gerardo Portela, director ejecutivo de la Autoridad para la Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF).
Gerardo Portela, director ejecutivo de la Autoridad para la Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF).

La nueva Autoridad para la Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) comienza a adoptar varias medidas para fortalecer la comunicación con la comunidad inversora de Puerto Rico, al tiempo que trabaja a toda prisa en los reportes financieros que ha solicitado la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y que se presentarán durante la reunión del ente federal mañana, en Fajardo.

“Es bien importante tener información financiera actualizada porque eso da confianza en los mercados y credibilidad a Puerto Rico. Se están desarrollando varias medidas de comunicación interagencial para mejorar los sistemas contables, lo que nos va a ayudar en eso. Nuestro norte es transparencia y divulgar información actualizada”, indicó el director ejecutivo de la AAFAF, Gerardo Portela.

Durante una plática con El Nuevo Día, en la oficina que antes ocupaban los presidentes del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), Portela indicó que la agencia -que ahora será la responsable de la renegociación de la deuda pública- contará con una nueva estructura administrativa para encausar las negociaciones con bonistas, trabajar con la JSF y llevar a cabo las tareas de agencia fiscal que antes tuvo el BGF.

Bajo la nueva estructura, la AAFAF contará con una división que procurará que el Gobierno presente información financiera de manera periódica a los bonistas, un requisito de ley federal a los emisores de deuda gubernamental.

Puerto Rico está obligado a presentar sus estados financieros auditados el 1 de mayo de cada año, pero el Gobierno no ha cumplido con ello en por lo menos 10 años. Además, se considera buena práctica, publicar informes trimestrales para presentar el estado del fisco y la economía, pero ello también es letra muerta en Puerto Rico. El informe operacional más reciente que publicó el Gobierno se divulgó en diciembre del año pasado y este se produjo un año después de un informe similar, publicado noviembre de 2015.

Junto a Portela y Pedro Soto, quien funge como subdirector de la AAFAF, la gestión ejecutiva de la nueva agencia estará en manos de Mohammad S. Yassin, responsable de la división de Asuntos Federales, y Adriana Capacete fungirá como asesora legal de la AAFAF. En tanto, Jesús Mattei será el responsable de la unidad de Financiamiento Público y Alejandro Camporreale será el Principal Oficial de Operaciones de la AAFAF.

La semana pasada, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares convirtió en ley el proyecto senatorial 211, para establecer que la AAFAF será la agencia de gobierno responsable de asegurar el plan fiscal y el presupuesto de Puerto Rico, una vez tales documentos de trabajo sean certificados por la JSF. Ello, según establece la Ley federal para la Supervisión, Gerencia y Estabilización Económica de Puerto Rico (PROMESA, en inglés).

Según Portela, dado que la AAFAF se creó como entidad jurídica dentro de la Ley de Moratoria y antes de la vigencia de PROMESA, era necesario crear la agencia mediante una ley orgánica que refleje la nueva política pública del Gobierno y que busca renegociar la deuda de la Isla en un proceso voluntario fuera de la corte.

“Haremos las cosas de manera diferente”, aseguró Portela al reconocer que Puerto Rico necesita restaurar su reputación ante el mercado inversor y el Gobierno necesita hacer cambios profundos para cumplir con el plan fiscal que finalmente adopte la JSF.

Los números para la JSF

A preguntas de El Nuevo Día acerca de los trabajos de análisis para completar el informe de liquidez que solicitó la JSF, así como el flujo de caja del Gobierno y un reporte financiero que explique la evolución de las finanzas públicas entre el año fiscal 2014 al presente, Portela sostuvo que los asesores de la AAFAF y sus homólogos en la JSF no han tenido descanso.

“Como sabes, hay un problema de liquidez que estamos trabajando con distintos escenarios. Estamos trabajando en estrecha colaboración con la Junta y recopilando información para poder presentar un plan fiscal contundente que pueda ser certificado”, agregó Portela.

Empero, el funcionario no especificó si los números en los que trabajan contemplan el pedido de la JSF para cuadrar el presupuesto en dos años fiscales y tampoco si el cuadro de liquidez ha variado significativamente de los números presentados por el Gobierno a finales de año.

Según el informe operacional más reciente, el mes entrante, Puerto Rico estaría corto por $1,191 millones, de no contar con la suspensión de pagos provista en la Ley de Moratoria. La cifra sería unos $127 millones más baja que lo dicho por Conway Mackenzie en noviembre pasado.

Cuestionado sobre la entidad que actuará como banco de inversiones para el Gobierno y del proceso de negociación y de contratos en la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Portela indicó que próximamente se publicará una solicitud de propuestas para seleccionar la institución financiera que estructuraría las transacciones de la renegociación de la deuda.

“Ese tema está bien latente. Sabemos que el acuerdo de reestructuración con los bonistas expira el 31 de enero. Tomaremos la decisión en los próximos días”, dijo Portela en relación a la AEE.