En conferencia de prensa, el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael "Tatito" Hernández, y el presidente de la Comisión de Hacienda en ese cuerpo, Jesús Santa Rodríguez, indicaron que esperan aprobar diversos cambios al sistema contributivo de Puerto Rico tan pronto como en junio de este año.
En conferencia de prensa, el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael "Tatito" Hernández, y el presidente de la Comisión de Hacienda en ese cuerpo, Jesús Santa Rodríguez, indicaron que esperan aprobar diversos cambios al sistema contributivo de Puerto Rico tan pronto como en junio de este año. (Suministrada)

Modificar la tasa de contribución sobre ingresos y el impuesto sobre regalías que pagan las corporaciones foráneas en Puerto Rico es el camino que explora el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández, y el presidente de la comisión de Hacienda en ese cuerpo, Jesús Santa, para sustituir el arbitrio del 4% que pagan estas empresas.

En paralelo, Hernández y Santa aspiran a modificar el impuesto sobre los inventarios, de manera tal, que los comercios paguen por este cuando se concrete la venta al consumidor; reducir la obligación contributiva de los individuos para que estos retengan más dinero en su bolsillo e intensificar la fiscalización de tratamientos preferenciales, empezando por los beneficiarios de la Ley 22 de 2012 y el Código de Incentivos Contributivos de 2019.

Hernández y Santa también aspiran a cobrar impuestos sobre aquellos inmuebles que no tributan por considerarse propiedades residenciales exoneradas pero que, en la práctica, tienen usos no residenciales como los alquileres de corto plazo o propiedades con fines productivos, como sería el caso de las tierras agrícolas, pero no son utilizadas como tal.

En una sesión con periodistas efectuada este miércoles en la oficina del presidente cameral en la Casa de las Leyes, Hernández y Santa ofrecieron detalles de lo que será la agenda de la delegación popular en materia contributiva para esta sesión legislativa. Tal como reseñó El Nuevo Día anteriormente, los cambios deben legislarse a más tardar en junio próximo, cuando Puerto Rico debe contar con un nuevo régimen contributivo para el sector industrial, que aporta el 17% de los recaudos del Fondo General a través del arbitrio de 4%, al igual que para los negocios e individuos en Puerto Rico.

Hernández y Santa, sin embargo, rehusaron utilizar el término “reforma contributiva” a la revisión del sistema impositivo de la isla, pero subrayaron que el tiempo para hacer tales ajustes es ahora.

Primero, porque según los legisladores, a medida que avance el cuatrienio y cobre más importancia la contienda política, hay menos chance de aprobar legislación en un gobierno fragmentado.

En segunda instancia, dijo Hernández, una vez se confirme el Plan de Ajuste (PDA) del gobierno central, si el gobierno “no hace los ajustes” y no consigue “estabilidad en la economía del país”, Puerto Rico regresará a un cuadro de déficit presupuestarios.

“Vamos a producir un resultado final para, de forma holística, evitar una quiebra en cinco años”, dijo Hernández, quien sostuvo que por causa de los fondos federales, la economía de Puerto Rico descansa sobre “bases artificiales”.

“Los recaudos del IVU (Impuesto a la Venta y Uso) van al alza por los fondos federales”, agregó por su parte, Santa.

Explicó que en Puerto Rico se necesita una revisión contributiva, pues mientras algunos indicadores dan la impresión de mejora como es el caso de los recaudos al fisco, otros indicadores fundamentales no se han recuperado luego del huracán María.

Ese es el caso de las exportaciones y del empleo asalariado no agrícola, ejemplificó el legislador, al tiempo que indicó que la reducción en la población también se ha traducido en “un déficit” de talento humano en Puerto Rico.

“Las variables (económicas que apuntan a la) creación de riqueza van para abajo”, dijo Santa, al agregar que Puerto Rico necesita crear las condiciones para fomentar el empresarismo local y crear empleos y transformarse en una economía de exportación de bienes y de servicios.

Los alivios a la gente

Hernández y Santa no ofrecieron cifras específicas acerca de cuánto alivio verían los individuos con la revisión tributaria o cuánto dinero se allegaría al Fondo General como secuela de la legislación.

Lo que sí parece un hecho, según Hernández, es que la revisión de la contribución de individuos incluiría una nueva reducción a la retención que el Departamento de Hacienda hace a los trabajadores asalariados de su cheque y una redistribución de las escalas de ingreso por tasa contributiva aplicable.

En realidad, hay poco espacio de maniobra para una revisión de la contribución sobre ingresos para individuos, pues Hernández admitió que los cambios tributarios para compensar el fin del arbitrio del 4% solo allegarían unos $1,000 millones en ingresos anuales para el fisco, prácticamente la mitad de lo que recibe el Fondo General en la actualidad por tal concepto.

Habida cuenta el poco tiempo que habría para aprobar la legislación y conseguir el respaldo del Ejecutivo, Santa abrió la puerta a que las reuniones técnicas con sectores cívicos y empresariales así como la jornada de vistas públicas, programada para marzo y abril próximos, se lleve en conjunto con la comisión de Hacienda en el Senado y su presidente, el senador Juan Zaragoza. Ello, para agilizar el trámite legislativo de rigor.

Buscan el insumo del sector privado

Mientras, el líder cameral adelantó que en las próximas semanas, su equipo de trabajo y la Comisión de Hacienda en la Cámara baja comenzará a celebrar una serie de reuniones “técnicas” con diversos grupos profesionales para que estos presenten sugerencias.

Los legisladores aseguraron que entre los grupos que serán consultados figura el sector industrial, a fin de que se discutan las diferentes alternativas que ya circulan en algunos foros empresariales y pueda diseñarse una solución compatible con los cambios que se discuten a nivel federal, incluído el impuesto federal global sobre intangibles o GILT, en inglés.

Este jueves, ambos líderes políticos se reunirán con personal de Hacienda para tratar el tema, se indicó.

Hace unos dos años, El Nuevo Día reveló que el Tesoro estadounidense había solicitado a Puerto Rico un plan para que cambiara su sistema contributivo, habida cuenta que el Servicio de Rentas Internas federal (IRS, en inglés) dejaría de reconocer -como un crédito en la planilla federal- los pagos que las corporaciones foráneas hacen a la isla por concepto del arbitrio del 4%. Pero, en esencia, Puerto Rico no hizo nada hasta el año pasado, cuando aparte de pedir tiempo adicional al Tesoro, entró en diversas conversaciones con el sector industrial sujeto al arbitrio.

Ahora, Hernández dijo que lo idóneo sería esperar a que el Congreso y el Senado federal aprueben el plan de reconstrucción del presidente Joe Biden, pues la medida incluye ciertos cambios al sistema contributivo federal. De esa manera, la legislación contributiva que se adopte en la isla iría en armonía con los cambios que se aprueben en Washington.

Pero Santa reconoció que Puerto Rico no tiene mucho tiempo para tomar una decisión. Ello, porque el IRS ha decidido que el 2022 será el último año contributivo en que las corporaciones foráneas podrán reclamar los pagos al Fondo General por concepto del arbitrio del 4%.

Además, el legislador recordó que no todo el enclave industrial en Puerto Rico paga impuestos a Estados Unidos sino a otros países como Gran Bretaña, donde el pago de tal arbitrio no puede acreditarse.

El impuesto al inventario y los incentivos contributivos

A juzgar por la presentación de Hernández y Santa, los legisladores aspiran a fortalecer los recaudos al fisco y de los ayuntamientos ampliando la base contributiva y la forma de tributación de los negocios.

Hernández se inclina por eliminar ciertas deducciones que toman los comerciantes y ajustar la tasa contributiva estatutaria, de manera que se produzca un alza en la tasa efectiva que pagan ciertas empresas. Ello, permitiría simplificar y fiscalizar el sistema tributario, sostuvo.

Y agregó que contempla reducir el impuesto al inventario, aplicando un enfoque similar al ajuste que vieron los arbitrios de vehículos de motor.

Grosso modo, explicó que lo conveniente sería aplicar el impuesto al inventario únicamente a las mercancías que lleguen para venderse en la isla y que este se pague cuando el comercio venda el mismo. Ello, en lugar de que los comercios pague trimestralmente a los municipios por productos que permanecen en almacenes y pueden tardar meses y hasta años en venderse.

Por su parte, Santa prevé racionalizar los incentivos contributivos vigentes, intensificar la fiscalización de estos, incluyendo la Ley 22 de 2012 -que ofrece tratos preferentes a individuos acaudalados que se establezcan en Puerto Rico- y eliminar aquellos que dejen los retornos de inversión más bajos o no tengan ninguno.

A su vez, el legislador insistió en la necesidad de redirigir los incentivos que permanezcan hacia las actividades económicas que el gobierno interesa promover, principalmente, el empresariado local con capacidad de exportación y la microempresa.

💬Ver comentarios